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URGENTE.Anulan las condenas contra Lula en Brasil

Este lunes el juez Fachin anuló las condenas contra Lula en el caso Lava Jato por lo que recupera los derechos políticos.

Juan Andrés Gallardo@juanagallardo1

Lunes 8 de marzo | 16:04

El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin, otorgó un habeas corpus para declarar la incompetencia del 13 ° Tribunal Federal de Curitiba en el juzgamiento de cuatro casos que involucran al expresidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

El expresidente, por tanto, ha recuperado los derechos políticos y puede postularse a la presidencia en 2022

Lula había sido proscripto como parte de la operación Lava Jato llevada delante por el exjuez Sergio Moro, y como parta del proceso del golpe institucional que terminó dos años antes con la destitución de Dilma Rousseff, del PT, de la presidencia del país. Esa proscripción, que anuló los derechos políticos de Lula fue la que allanó el camino para que el ultraderechista Jair Bolsonaro asuma la presidencia.

Los casos en los que el juez Fachin declara la incompetencia del tribunal de Curitiba son los del departamento triplex en Guarujá, el sitio de Atibaia, la compra de terrenos para el Instituto Lula y donaciones para el mismo instituto.

En la decisión, Fachin afirma que, como corolario de la incompetencia, declara la "nulidad" de los actos de toma de decisiones, incluida la recepción de denuncias contra Lula.

El expresidente, por tanto, ha recuperado los derechos políticos y puede postularse a la presidencia en 2022.

Según el diario Folha de S. Paulo, no hay fecha para que el caso sea tratado por el conjunto del STF, lo que solo ocurriría si el Ministerio Público Federal apelara la decisión de Fachin. Es que en Brasil, un juez del Supremo toma una decisión solo (lo que se llama una decisión ’monocrática’); luego el Ministerio Público puede o no apelarla: si lo hace puede ir a una de salas en que está dividido el STF (11 miembros) y en otra apelación puede llegar al pleno del STF. En este caso, se espera que la fiscalía apele la decisión ’monocrática’ del juez Fachin.

Lula fue prohibido de postularse a la presidencia en 2018 porque fue condenado en primera y segunda instancia en el caso del triplex. La sentencia fue de 12 años y 7 meses. Y Lula estuvo preso durante un año.

En su decisión, Fachin afirma que los expedientes de los cuatro casos deben enviarse al Tribunal Federal de Distrito. Y que corresponderá al "tribunal competente decidir sobre la posibilidad de la validación de los actos instructivos".

También declara la pérdida del objeto de diez habeas corpus interpuestos por la defensa que cuestionaron la conducta de la Justicia, incluida la sospecha de Moro. Es decir que mientras que le restituye a Lula los derechos políticos se niega a investigar el propio fraude del Lava Jato, y al exjuez y exministro de Justicia de Bolsonaro, Sergio Moro, como parte clave en el engranaje del golpe institucional.

La conducta de Moro y los fiscales de Lava Jato comenzó a ser fuertemente cuestionada en el último período, luego del escándalo conocido como Vaza-Jato (la filtración de mensajes intercambiados entre el magistrado y los investigadores apuntaban a lo que sería una conducta parcial, anulando las reglas básicas del proceso penal), pero sobre todo en las últimas semanas con el reconocimiento de parte de la cúpula militar de que durante el juicio a Lula habían presionado para que no lo liberen antes de las elecciones.

El golpe institucional contra Dilma Rousseff en 2016 fue solo el primer episodio de una deriva que buscaba eliminar al PT del terreno político, no porque el PT no hubiera pasado ajustes de corte neoliberal como de hecho lo estaba empezando a hacer Dilma en su segundo mandato, sino porque el imperialismo, los bancos, las finanzas y lo más concentrado del empresariado brasileño necesitaba que las reformas neoliberales se pasaran con más celeridad y de forma más urgente.

Es así que tras la destitución de Dilma el exjuez Moro avanzó cada vez con más fuerza contra Lula, y a las denuncias que le habían abierto con el Lava Jato, le agregaron desde los tribunales de segunda instancia la ley de Ficha Limpia, liquidando sus derechos electorales. Sin embargo, Lula seguía siendo el favorito para las elecciones de 2018, y ante la posibilidad de que alguno de los jueces vacilara y lo dejase el libertad, apareció en escena la cúpula militar. El Alto Mando del Ejército, por intermedio del general Villas Boas publicó un tuit para extorsionar lisa y llanamente a la cúpula judicial para que avancen en la proscripción de Lula.

Como si eso no fuera poco a Lula siquiera le permitieron aparecer públicamente, ni dar reportajes, ni dirigirse por audio o video a sus seguidores para llamar a votar a quién había quedado como candidato del PT, Fernando Haddad.

Esta proscripción brutal, junto a la baja performance de los principales candidatos del estabishment económico de Brasil, le dejó terminando el camino allanado a Bolsonaro para ganar las elecciones en segunda vuelta (sin haberse siquiera presentado a los debates presidenciales, tras el incidente en el que resultó herido durante un acto de campaña).

Esa coalición integrada por la cúpula judicial, militar y el establishment económico y mediático que terminaron llevando a Bolsonaro al poder es la que hoy se está resquebrajando en pedazos. En medio de la catástrofe sanitaria y económica que vive el país, Bolsonaro fue perdiendo aliados. Así el propio general Vilas Boas salió a decir hace unas semanas que la presión sobre la justicia para mantener encarcelado a lula había sido negociado por la cúpula militar. A este desgranamiento de la coalición se suma ahora este fallo del juez Fachín que restituye los derechos políticos a Lula. Esto se suma a las internas en el desprestigiado Congreso, lleno de corruptos, que sigue respondiendo a sus propios intereses más que a los acuerdos con Bolsonaro.

Esta pelea por arriba, en la que cada vez más factores del poder le empiezan a soltar la mano a Bolsonaro, se convierte en una oportunidad excepcional para que desde abajo los trabajadores y pobres de Brasil, que sufren la catástrofe sanitaria y económica, emerjan como un actor activo en las calles sin esperar a los referentes o las indicaciones del PT, que ya en el pasado se negaron a apostar a la movilización y confiaron en las negociaciones parlamentarias y judiciales. Así como antes fue la esperanza en que el podrido poder judicial o la negociación con las bancadas parlamentarias podían salvar a Lula, o antes a Dilma, ahora van a insistir en que será necesario esperar a las elecciones de 2022 para sacar a Bolsonaro con las urnas. Sin embargo, a Bolsonaro ya le están soltando la mano sus propios aliados. No es tiempo de esperar, es tiempo de salir a las calles y luchar.




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