ROSARIO

Audiencia Caso Larrabure: quieren victimizar a los genocidas de la dictadura

En un intento de instaurar nuevamente la "teoría de los dos demonios", la querella y la fiscalía pretenden que la muerte del militar Argentino Larrabure mientras se encontraba cautivo del ERP, sea considerada un crimen de lesa humanidad

Jueves 22 de marzo | 13:20

En la mañana del miércoles se desarrolló la audiencia fijada por la justicia en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario por el caso de la muerte del mayor Argentino del Valle Larrabure. Sus impulsores pretenden que se reconozca el supuesto crimen del militar como un delito de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptible. La querella y el fiscal federal Claudio Palacín por un lado, y los representantes de la defensa por el otro, expusieron sus argumentos ante los seis camaristas federales de Rosario. El juez federal de primera instancia Marcelo Bailaque ya había rechazado esta solicitud y ese dictamen fue apelado. Sin embargo, se encuentra vigente una resolución de la Procuraduría General de la Nación que establece que los delitos cometidos por las organizaciones que formaban parte de la guerrilla no pueden ser equiparados con los crímenes de Estado.

El razonamiento desarrollado por la parte acusadora se sostuvo en argumentos inverosímiles e insuficientes para el propósito que persiguen, tales como que las organizaciones guerrilleras recibían armas del gobierno de Isabel Perón y que eran financiadas por el Estado cubano, entre otros. Además, fundamentaron su solicitud de llevar al banquillo de los acusados al dirigente del ERP Arnold Kramer como "autor mediato" del hecho. Para esto realizaron un paralelismo absurdo entre la Junta Militar que ejecutó el golpe genocida de 1976, con la cúpula del ERP o las FAR, pretendiendo que la jerarquía de las fuerzas armadas estatales son comparables a las cúpulas dirigentes de las agrupaciones guerrilleras.

La defensa de Kramer, encabezada por los abogados Gabriel Ganón y Pablo Llonto, refutó la trama argumental de la querella y la fiscalía de Palacín, y solicitó que se declare la prescripción de la causa. El supuesto crimen cometido por el ERP no puede ser considerado de lesa humanidad porque no es posible que se lo equipare con los crímenes perpetrados por un Estado, como sucedió en Argentina con el impulso estatal de la Triple A, y luego con el golpe de 1976 y las desapariciones forzadas, torturas y asesinatos llevados adelante por el conjunto de las fuerzas represivas estatales. El defensor Ganón afirmó que la parte acusadora "técnicamente no tiene argumentos ni elementos de prueba para encuadrar estos hechos en crímenes de lesa humanidad porque no había control del territorio por parte del ERP, tampoco pueden argumentar que los hechos fueron cometidos contra la población civil, porque fueron contra un objetivo militar". Y agregó que "tampoco pueden decir por qué en todos estos años no pidieron la imputación de Kremer en la causa original, por qué dejaron pasar 30 años para reabrir la causa, por qué no lo hicieron antes de que se prescriban los delitos; bueno, no argumentaron por qué no lo hicieron"

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Como telón de fondo, numerosos organismos de derechos humanos se hicieron presentes en las puertas de los tribunales federales mientras se desarrollaba la audiencia. Incluso la propia Nora Cortiñas, incansable luchadora y Madre de Plaza de Mayo, viajó hasta Rosario para participar. Pero también concurrieron un puñado de familiares y militantes pro dictadura, que hasta amedrentaron a una periodista gráfica que se encontraba cubriendo el acontecimiento.

Consultada sobre su análisis acerca del reimpulso de esta causa, Nora Cortiñas declaró que "se ha comprobado los delitos horrendos que se cometieron en nuestro país: tortura, muerte, desapariciones, robo de niños, los vuelos de la muerte; todo al estilo nazi. Y además se llevaron a las madres que buscaban a sus hijos. Todo lo que pudieron hacer de horror lo hicieron, y ahora no quieren pagar sobre ese horror que se hizo en la Argentina". Norita aseguró que el asesinato de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado se deben a "la impunidad que continúa", y que tiene el fin de actuar como "un disciplinamiento para una parte de la sociedad. Que te solidarices con los mapuches que les sacan las tierras puede ser peligroso, te dicen ’eso no se hace’". para finalizar afirmó que "vamos a tener que salir a la calle ante cada acontecimiento que no nos guste, como hicimos para decir no al 2x1, como se sale para las leyes que atrasan en el país, como salimos ante la prisión domiciliara para Echecolatz. Tenemos que seguir saliendo".

Por su parte, la dirigente de APDH, Norma Ríos, destacó a este medio "la importante delegación que participó: Nora Cortiñas, Manolí Labrador, Ana Moro, Petti Luna, APDH, Familiares y otros más". Declaró que "quieren volver a insistir sobre cuestiones que ya han sido suficientemente fundamentadas y refutadas por la justicia, porque es la punta de lanza para imponer una cuestión política. El representante legal de la querella dará sus argumentos legales, pero para nosotros lo fundamental es el propósito político que hay detrás de esta convocatoria, que es que quieren volver a reflotar la teoría de los dos demonios, como ellos mismos mencionaron claramente."

La reactivación judicial del caso Larrabure no es un hecho aislado. Basta ver las reiteradas postergaciones del inicio de la causa Feced III en la ciudad, así como la posibilidad de que el genocida Astiz pueda ser beneficiado con prisión domiciliaria. El intento de hacer pasar el 2x1 para los genocidas y la prisión domiciliaria para Etchecolatz -que tuvo que ser revocada por la movilización popular- son todos intentos del gobierno, la justicia y los sectores más reaccionarios de la sociedad de consagrar la impunidad para lo militares genocidas, y para los partícipes civiles y eclesiásticos. En particular, el caso Larrabure es un intento de reflotar la "teoría de los dos demonios" que instauró el alfonsinismo y cuyo discurso se plasmó en el prólógo del "Nunca más": dos bandos enfrentados e igualmente responsables de la violencia política de la década del ’70.

Consultada por este diario, la abogada Celina Tidoni, integrante del CeProDH y dirigente del PTS en el FIT, declaró que: "este 24 de marzo es preciso movilizarse de manera independiente del gobierno de Macri y de los gobiernos provinciales, para impedir que avancen las teorías negacionistas del golpe militar, para exigir el juzgamiento de todos los genocidas, para que cumplan las condenas en cárceles comunes, y para enfrentar también la impunidad de hoy que se llevó, entre otros, a Franco Casco, "Pichón" Escobar, Jonatan Herrera, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y Facundo Ferreira".








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