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Caso Maldonado: presentan hábeas corpus en defensa de casi toda la población

La APDH exige que se frenen los hostigamientos y las amenazas contra la comunidad mapuche de Cushamen, familiares y amigos de Santiago, periodistas, testigos y defensores de derechos humanos.

Domingo 27 de agosto | 01:43

Julio Saquero y Mabel Sánchez de APDH

Este viernes tres representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) presentaron ante el Juzgado Federal de Esquel, a cargo de Guido Otranto, un hábeas corpus preventivo “en virtud de la amenaza actual, inminente y potencial que padecen los habitantes de la comunidad Mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, Chubut, los familiares y amigos de Santiago Maldonado, los Defensores de Derechos Humanos, trabajadores de prensa y los testigos de cargo declarantes en la causa”.

El pedido, al que accedió este diario, se justifica “en razón del hostigamiento, persecución, intimidación y control permanente de parte de las fuerzas de seguridad tanto Policía provincial como de la Gendarmería Nacional, que ponen en potencial riesgo la libertad ambulatoria de los mismos”.

En ese marco solicitaron que se declaren “ilegales todas las prácticas policiales y de Gendarmería Nacional, que persigan, hostiguen, amedrenten o vulneren en cualquier aspecto, los derechos y garantías de la comunidad mapuche como de los familiares y amigos de Santiago Maldonado, los Defensores de Derechos Humanos, trabajadores de prensa y los testigos de cargo declarantes en las causas que instruyen en este Juzgado”.

Y exigen a Otranto que ordene al Ministerio de Seguridad de la Nación y al Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Chubut “se abstengan de realizar requisas, control de ingreso y egreso de la comunidad, cacheos y/o aprehensiones sin control judicial a pobladores de la Comunidad Pu lof como a los organismos de Derechos Humanos y periodistas que concurren al territorio mencionado”.

El hábeas corpus fue presentado por Ernesto Moreau, presidente de la APDH, Julio Saquero, miembro de la mesa nacional y referente de la APDH de Esquel y el abogado Julio Bravo. Ayer los dos últimos defendieron esos argumentos ante el juez Otranto, en un audiencia de la que también participaron los jefes de Gendarmería de El Bolsón y Esquel, el jefe de Policía Regional de Chubut con sus respectivos abogados, la fiscal Silvina Ávila y una secretaria del juzgado.

Según informaron desde la APDH a este diario, el juez comunicará en breve si acepta o no el hábeas corpus preventivo. Vale recordar que Otranto es el mismo juez que lleva adelante nada menos que la causa en la que se “investiga” la desaparición forzada de Santiago Maldonado.






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