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Ciberpatrullaje: nuevos métodos, viejas prácticas ilegales

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic este martes brindó un informe ante la comisión de Seguridad, a través de videoconferencia. Admitió que están realizando ciberpatrullaje. Claro que esto no es novedad, Patricia Bullrich y el macrismo fueron quienes inauguraron este método de epionaje ilegal.

Agustín Comas

Abogado | CeProDH

Matías Aufieri

Abogado | CeProDH

Miércoles 8 de abril | 23:48

La imagen fue digna de una ficción distópica para estos tiempos. En medio de la cuarentena, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, se presentó este martes a través de videoconferencia ante diputados Nacionales que integran la comisión y expuso:

“Todas las fuerzas, incluyendo la Gendarmería, realizan lo que se llama ciberpatrullaje, que es esto que mencioné, el patrullaje en las redes sociales para detectar el humor social, y sobre todo detectar las zonas en las que esto es preponderante. Esto nos ha permitido trabajar sobre alertas tempranas para prevenir diversas situaciones”.

Humor social, patrullaje de redes sociales, alertas tempranas, fueron los términos elegidos por Frederic, para describir lo que nunca terminó de explicar con claridad cuáles son las tareas que están llevando adelante las Fuerzas de Seguridad federales en las redes.

La difusa explicación de la ministra, que no parece tener mucho conocimiento en el asunto cibernético, provocó la intervención del diputado Nicolás del Caño (PTS-FIT), que alertado y movilizado, le preguntó a Frederic:

“Usted ministra mencionó que están haciendo ciberpatrullaje, quiero que me defina qué significa ciberpatrullaje, porque investigar las publicaciones de las personas para detectar focos de descontento es completamente ilegal, entonces cuando no se garantizan las necesidades de los sectores populares, se recae en un mayor control social y en la represión, dándole poder a las fuerzas para todos estos abusos que se realizaron”.

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Frederic volvió a reiterar conceptos y definiciones, pero tratando de aclarar que no es espionaje.

“Ciberpatrullaje no es ciberespionaje, quiere decir que se hace un rastreo por lo que es público en las redes, ustedes saben que hay, si no, no usaríamos las redes si no fueran públicas, hay Twitter, Facebook, Instagram, tienen muchísimas cuentas que tienen una faceta pública y otra faceta privada. Las fuerzas federales solo acceden a lo que es público, y eso permite anticiparse a una dimensión del humor social, no todo, yo soy antropóloga social y tengo muy claro que con el ciberpatrullaje hacemos poco, pero hacemos algo, y siempre algo es mejor que nada”.

Humor social en tiempos de pandemia

El diputado Del Caño tuvo razón en su cuestionamiento acerca de la ilegalidad del ciberpatrullaje, y Frederic, por más que se escude detrás de que se están revisando las publicaciones de libre acceso que realizan las personas, no pudo explicar ante la pregunta de Del Caño, de qué se trata el ciberpatrullaje sobre el “humor social”.

Que una publicación en una red social pueda ser vista por decenas, cientos o miles de personas, no autoriza a una fuerza federal, sin orden judicial o sin autorización legal, para investigarla, menos guardar los datos, menos ficharla.

La reunión de información, es uno de las dos actividades en que se divide el accionar de los espías, de los servicios de inteligencia. Está prohibida por la ley si no tiene lugar en el marco de una causa judicial, o sea, ordenada por un juez.

Frederic no aclara sino que oscurece. La idea de detectar el “humor social” por parte de la Policía o Gendarmería parece ser un eufemismo de lo que en otros tiempos ésta última realizaba y denominaba “Alteración al Orden Público” (AOP en la jerga policial): la excusa preferida de esa fuerza para hacer inteligencia sobre sectores sociales, políticos y sindicales.

La denuncia del “Proyecto X”que en 2011 realizó Myriam Bregman, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y actual diputada del PTS-FIT en CABA, junto a Madres de Plaza de Mayo y numerosos organismos, destapó por parte de Gendarmería Nacional este sistema de recopilación y clasificación de información pública y privada de diferentes organizaciones sociales, políticas, sindicales y personalidades, que luego se “blanqueaban” en las distintas causas judiciales que se le abrían ante protestas que realizaban esos sectores.

Todo eso lo llevaba adelante la Gendarmería en nombre del “orden público” sin orden judicial o ley que le permitiera hacerlo, lo que no está demás decir, era una práctica ilegal. Es por ello que numerosas causas penales que se armaban en los juzgados federales contra activistas obreros que protestaban en las rutas, cayeron y quedaron sin efecto, por basarse en este procedimiento sustentado en el Proyecto X, con información obtenida ilegalmente.

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Revisar una red social para “medir el humor social” es una tarea de inteligencia, ya sea pública o privada la publicación. La Ley Nacional de Inteligencia (25.520) lo prohíbe expresamente en su artículo 4º inciso 2. La ley indica que las fuerzas no podrán “Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su…opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales”

En marzo de 2015, el Almirante Jorge Godoy y el Vicealmirante Benito Rótolo, fueron condenados por el Juez federal Casanello a dos años y a un año y ocho meses de prisión en suspenso, respectivamente, por incumplimiento en los deberes de funcionarios públicos por violar la Ley de inteligencia al “recopilar información mediante el uso de fuentes públicas, propias o clandestinas sobre personas o grupos de personas que directa o indirectamente participaban en la vida social o política a nivel provincial o nacional, para después distribuir su producto entre los funcionarios de la Armada que elaboraban las políticas de la Institución.”

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La Policía Federal tampoco se quedó detrás. Si bien a simple impresión, la situación no resulta estrictamente comparable con quien monitorea las redes sociales desde su computadora a la “pesca” de algo, el caso de Américo Balbuena tiene puntos en común en tanto implica la ilegal actividad de “reunir información”. Este oficial de inteligencia de la Policía Federal, hoy procesado en otra causa federal que impulsamos desde el CeProDH, y numerosas organizaciones políticas y sociales, estuvo infiltrado entre 2002 y 2013 trabajando como periodista en la Agencia Para la Libertad, de comunicación popular. Desde allí recopilaba información de movilizaciones y distintas actividades, también públicas como las que se pueden publicar en redes sociales, de distintas organizaciones y luchadores sociales.

Será difícil, obviamente, conocer cuánta información reunió Balbuena en esos años y si se usó para armarle causas penales a alguien, pero el sólo hecho de reunir información (aunque fuera pública) para la Federal, sin una orden que lo ameritara, lo tiene al espía a las puertas de juicio junto a dos de sus jefes.

Reunir información por parte de las fuerzas de seguridad o de inteligencia, medir el humor social -esta forma original de llamar a la inteligencia policial sobre las opiniones de los ciudadanos-, está expresamente prohibido por ley, y Frederic debería saberlo.

Nuevos métodos, viejas prácticas

Las redes sociales potenciaron la posibilidad de las personas de expresar sus ideas y opiniones, pero como contracara, llevó también a que los gobiernos intentaran limitarla. Basta recordar la ilegal persecución de Patricia Bullrich a tuiteros, con cárcel incluida, por sus publicaciones y opiniones.

Frederic declara en los medios que la política de ciberpatrullaje viene desde la gestión Bullrich. Durante esa gestión, también sobre información en redes de acceso público, se armaron causas y se detuvieron personas por distintas expresiones contra el gobierno de ese momento. ¿por qué no diferenciarse entonces de dicha política, como ha hecho respecto a distintos protocolos y políticas de su antecesora?
Quienes defendemos las derechos humanos no naturalizamos que se empodere a las fuerzas policiales del Estado. Denunciamos el Proyecto X así como cada avance represivo del macrismo y los protocolos de su ministra Bullrich. Y siempre, nos vamos a oponer a mayores facultades de las fuerzas de seguridad contra las libertades democráticas de la población.

Más allá de este repudiable recuerdo represivo de la ex ministra, cabe preguntarse ¿cuál es el método que utilizan estos sociólogos de gorra y bastón, catadores del humor social para investigarlo mediante ciberpatrullaje? ¿Quiénes son los que lo realizan? No se sabe.

Nadie imagina a un cabo de la Federal sentado delante de una computadora, navegando al azar por perfiles o publicaciones de las redes sociales en búsqueda del humor social. En la oscuridad de las explicaciones de Frederic, se esconde la ilegal oscuridad de la tarea que llevan adelante las fuerzas federales de ciberpatrullaje.

No hay dudas, por ejemplo, que se deberían usar términos en esa búsqueda, y ¿cuáles son?, o sobre qué zonas en particular se realizan. ¿A cuál eligieron? ¿Algún sector de trabajadores o social en particular? ¿Y qué se hace luego con los datos? Y podríamos completar páginas y páginas de preguntas sin respuesta en las tibias explicaciones de Frederic, pero cuyas respuestas podemos encontrar en los antecedentes del Proyecto X de la Gendarmería Nacional, de la Federal con el espía Balbuena, o de la Marina con Godoy a la cabeza, utilizados para perseguir penalmente a sectores sociales, sindicales y políticos.

La única respuesta cierta es que la producción de inteligencia sobre opiniones de las personas, para analizar “el humor social”, es ilegal, y que ayer y hoy, se denomina espionaje ilegal por parte del estado.







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