Política

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Crisis sanitaria y social: fuerzas represivas saturan los barrios por temor a un estallido

Ante la posible extensión del aislamiento obligatorio, los ojos de Alberto Fernández y Axel Kicillof están puestos en el conurbano de la Provincia de Buenos Aires, donde el 40 % de la población es pobre y vive el día a día.

Mirta Pacheco

@mirtapacheco1

Viernes 27 de marzo | 15:42

Si la discusión de la economía en los últimos tiempos recorría a todos los países del mundo, con un pronóstico de recesión, con la pandemia del coronavirus el futuro ya llegó.

En Argentina, con el virus y la cuarentena obligatoria, cuya primera etapa terminaría el 31 de este mes, los efectos económicos del aislamiento social se empezaron a sentir, sobre todo en esa enorme porción de la población del conurbano bonaerense que vive el día a día.

Son jornaleros, trabajadoras de limpieza, changarines, cartoneros, con trabajo no registrado o registrado pero en condiciones de extrema flexibilización. Son casi seis millones y medio de personas, de los cuales el 40 % es pobre.

De prolongarse la cuarentena, más allá de la AUH, algún subsidio o los $ 10.000 que otorgará el Gobierno, si no pueden salir a trabajar no tendrán ingresos, cosa que ya les está pasando. Es decir: el día que no salieron, no tienen para comprar comida.

A la vez se trata, por supuesto, de familias que viven hacinadas, en casas precarias, muchas veces en asentamientos.

Por esa realidad, a la que se llegó por las políticas de los distintos gobiernos de las últimas décadas, con la profundización en los últimos cuatro años durante la presidencia de Mauricio Macri, hoy en la provincia donde se concentran el 27 % de los casos positivos del virus está surgiendo el temor, de prolongarse el aislamiento obligatorio, de que esos sectores que nada tienen y por lo tanto nada pueden perder, salgan a protestar y se produzcan estallidos de bronca por las terribles condiciones en las que viven.

El miedo a la bronca popular es lo que está de fondo en la discusión que el Gobierno nacional y el provincial -intendentes incluidos- ponen como opuestos: atender la crisis de salud o la crisis económica.

Ese dilema es falso, porque para atender la crisis en el sistema de salud, que el coronavirus hizo mas palpable (por si algún distraído no se daba cuenta), se necesitan políticas económicas concretas, que puedan traccionar políticas sociales. No solamente la escasísima cifra de $ 10.000 que el gobierno de Fernández entregará a los sectores sin trabajo registrado.

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Por esta realidad es que entre Fernández y Kicillof hubo acuerdo en enviar un gran número de fuerzas de seguridad (llamarlas fuerzas represivas haría más honor a la verdad) a los distintos distritos, sobre todo del conurbano.

Es por eso también que Sergio Berni, el superpoderoso ministro de Seguridad bonaerense, ya anunció que solicitará ayuda a agencias de seguridad (llena de retirados de esas mismas fuerzas) y hoy cuenta con diez puestos de comando en zonas que ellos definieron como “estratégicas” del conurbano, con 200 policías en cada uno.

Es por esta cuestión de fondo también, que el Ejército ya desembarcó en Quilmes, municipio dirigido por Mayra Mendoza (una de las dirigentes de La Cámpora). Allí dará comida a los sectores que lo necesitan.

Asignarles este rol a las Fuerzas Armadas está dentro del cálculo de lograr una reconciliación de esos brazos armados del Estado con la población, en lo mediato dejándolas al margen de posibles represiones de las que se ocuparían la Policía, la Gendarmería y la Prefectura -que ya abarrotan las calles de controles-. El objetivo con las Fuerzas Armadas es poder utilizarlas (legitimadas, de lograrse esa "reconciliación") contra posibles futuros levantamientos más generalizados.

También en La Matanza, gobernada por Fernando Espinoza, el municipio más densamente poblado, hicieron arribar al Ejército con la tarea de dar comida a los sectores más carenciados.

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Con un 40 % de pobres, muchos viviendo sin agua potable para seguir la elemental recomendación del lavado de manos, donde tienen que pensar si compran un jabón o suman esos pesos para acceder a algo de comida, no tener ninguna medida económica, como otorgar $ 30.000 por mes a todos esos sectores, para que puedan continuar con una cuarentena obligatoria, es tirarlos al abismo. Más teniendo en cuenta el hacinamiento bajo el que viven muchas de esas familias.

Esto último explica, muchas veces, el motivo por el que sobre todo a los jóvenes se los puede encontrar fuera de sus casas. En las calles se puede guardar incluso más distancia que en los lugares donde viven.

De prolongarse la cuarentena obligatoria, sin que ni el presidente ni el gobernador de la Provincia tomen medidas de fondo y urgentes para esas familias, podría destapar la desesperación y una bronca latente que hay hacia todos los gobiernos que hundieron en la pobreza a amplios sectores del pueblo trabajador. A eso le temen y para eso preparan la represión.







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