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CÓRDOBA

EPEC pagó $ 750.000 en concepto de traslados a una dirigente de Unión por Córdoba

Verónica Gribaudo es concejala de Río Segundo y empleada de EPEC al mismo tiempo. El doble discurso del gobierno y de los medios.

Jueves 7 de junio | Edición del día

Este miércoles se dio a conocer en un canal de Córdoba que la EPEC pagó $ 750.000 en los dos últimos años por traslados a una funcionaria que se desempeña como administrativa en la gerencia general y que vive en Río Segundo, a 40 km de Córdoba capital.

Verónica Gribaudo no es cualquier empleada de la empresa. Es una conocida dirigente política peronista de su ciudad y fue legisladora provincial entre 2011 y 2015. Ese año se presentó como candidata a intendenta de Río Segundo, pero no ganó y asumió una banca en el Concejo Deliberante. Casi de inmediato renunció a la dieta para reasumir su puesto en la EPEC, donde había ingresado en el año 2005. Pero dejó de trabajar en las oficinas de la ciudad donde vive y fue trasladada a la gerencia general de la empresa, que funciona en la sede central de la empresa. Hasta allí viaja cuatro veces por semana.

En concepto de viáticos, EPEC le ha pagado a Gribaudo hasta ahora $ 750.000. Hay que tener en cuenta que el boleto de colectivo entre Córdoba y Río Segundo cuesta $ 66 y un viaje en remise $ 450, aunque la funcionaria reconoció que a veces usa su auto particular, lo cual puede tener un costo de $ 130 en combustible por vez. Si viajara de lunes a viernes, gastaría como máximo $ 18.000 por mes, muy lejos de los $ 30.000 que la empresa le ha pagado en promedio durante dos años y medio.

Por otro lado, Gribaudo habría recibido en el mes de marzo de este año $ 100.000 por el traslado de puesto, sin contar lo que recibió de viáticos. Debido al escándalo que desató este caso, ayer por la tarde EPEC comunicó que la concejala peronista volverá a su puesto anterior en Río Segundo.

Escándalos y doble discurso

Este caso se suma a los de dos legisladoras de Unión por Córdoba que tienen beneficios en su factura de electricidad, una por no tener medidor y la otra por ser empleada de EPEC en uso de licencia. Ambas cobran casi $ 100.000 por mes. Otro escándalo que surgió en estas semanas fue que el hijo del fiscal Jorge Leiva fue nombrado en EPEC como jefe de departamento de sistemas de gestión, un cargo que no existía previamente en la empresa. Una hija y el yerno del mismo fiscal trabajan en otras dependencias estatales. Leiva desestimó hace pocos meses una acusación de presuntas coimas por parte de empresas brasileñas para la obra de los gasoductos troncales.

Cabe destacar que los mismos grandes medios que han publicado estos casos escandalosos, que golpean de lleno al peronismo cordobés, son los mismos que atacan continuamente a los trabajadores de EPEC y de otros gremios por sus “privilegios”. Los empleados estatales son privilegiados porque tienen estabilidad laboral; los recolectores de residuos son privilegiados porque no trabajan los feriados, pero el día siguiente a los feriados cobran el doble.; los trabajadores de la UTA son privilegiados porque trabajan siete horas en vez de ocho y así sucesivamente.

Como se ha señalado anteriormente en La Izquierda Diario, si algo caracteriza a las líneas editoriales de los medios dominantes en la provincia es la ausencia de cualquier cuestionamiento a los pilares del esquema de cogobierno entre peronistas y radicales. Pero en los últimos años, han girado a un discurso mucho más afín al gobierno de Mauricio Macri. Los grandes emporios que manejan la televisión, la radio y los medios gráficos cordobeses están aprovechando esta oportunidad para mostrar, hacia las elecciones de 2019, a un peronismo débil que no termina de asestar un golpe definitivo a los gremios más fuertes de la provincia para debilitar al conjunto de los trabajadores.

Ver también: Córdoba y el agobio del discurso mediático único

Todos estos casos demuestran con total claridad el doble discurso del gobierno de Córdoba, que mientras culpa a los trabajadores del aumento en las tarifas de la electricidad, usa la EPEC y otros organismos estatales para devolver favores, como el caso del fiscal Leiva, o directamente para designar a dirigentes de su partido como empleados con salarios de privilegio y prebendas varias, como el caso de Gribaudo.

Los trabajadores y las trabajadoras de EPEC deben confiar en sus propias fuerzas y ganarse el apoyo de los trabajadores y el pueblo pobre de Córdoba para que su reclamo triunfe y sus derechos no sean eliminados.







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