INCENDIOS

El Senado aprobó la ley de fuego: límites de una iniciativa “tribunera”

Presentada como el "fin del negocio del fuego", la flamante normativa llegó tras un año marcado por quemas en decenas de provincias. El agronegocio y la especulación inmobiliaria no tienen nada que temer.

Valeria Foglia

@valeriafgl | Editora de Ecología y ambiente

Viernes 4 de diciembre de 2020 | 23:00

Foto: AP/Mario Tizón

En la tarde del viernes el Senado convirtió en ley el proyecto del Frente de Todos que modifica la ley de manejo del fuego y prohíbe el cambio de uso del suelo en terrenos incendiados en plazos de entre 30 y 60 años. La iniciativa que había llegado con media sanción de Diputados se propuso “para evitar prácticas especulativas y emprendimientos inmobiliarios”. La nueva normativa llega tras un año de crímenes ambientales en al menos catorce provincias, con el incendio de unas novecientas mil hectáreas.

La iniciativa fue aprobada por 41 votos aportados por el oficialismo, mientras que 28 en contra pertenecen al interbloque de Juntos por el Cambio. La única abstención fue del senador correntino del FdT Carlos "Camau" Espínola.

Entre las razones para votar en contra Juntos por el Cambio mencionó que "es inconstitucional" y "perjudica a los productores agropecuarios" que no podrán "disponer de sus tierras" en caso de incendio, aunque no sean intencionales.

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"No podemos permitir que algunos vivos hagan negocios justamente con la afectación del medioambiente", proclamó Ana Almirón, miembro informante del Frente de Todos. En tanto, la senadora de PRO Gladys González expresó que "no se puede ser hipócrita y ser ambientalista", parafraseando al diputado del FdT Leonardo Grosso, quien en el acalorado debate en la cámara baja había afirmado que “no se puede ser de Cambiemos y ser medioambientalista (sic)”.

"Están estigmatizando a los productores", intervino el senador Alfredo de Ángeli, ex productor agropecuario, quien intentó sin éxito que el proyecto vuelva a comisiones.

La ley de fuego había sido aprobada en Diputados el 18 de noviembre por 132 votos a favor y 96 en contra. Los diputados del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño y Romina del Plá, votaron a favor con intervenciones muy críticas de la marcada orientación extractivista del Gobierno nacional.

La flamante ley establece plazos de treinta a sesenta años para la prohibición de cambios de uso de suelo tras incendios, sean o no intencionales, a fin de que bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales puedan recomponerse, con la posibilidad de extender esos plazos según leyes provinciales.

¿Se termina el negocio?

La ley establece la prohibición de cambiar el uso de terrenos incendiados “para emprendimientos inmobiliarios o cualquier actividad agrícola que sea distinta al empleo y destino que la superficie tuviera como habitual al momento del incendio". Es decir, si un empresario ganadero prende fuego para el rebrote no se verá afectado, ya que el uso del suelo seguirá siendo el mismo, no importa si pastorea veinte vacas o mil.

“Vamos a acompañar esta ley críticamente”, había expresado Del Caño durante el debate en Diputados, “por recomendación de distintas organizaciones socioambientales y personalidades, pero lejos está de un apoyo a la política del Gobierno, que es claramente de avance del extractivismo”. Su compañera Del Plá sostuvo que “es una modificación parcial de una ley, no una revolución ni un cambio de paradigma”. Para la izquierda la clave está en la movilización y la lucha independiente de todos los sectores que expresan y fomentan esa política.

En ese sentido, durante su exposición Del Caño mencionó el freno a la ley de humedales, para la cual la izquierda presentó un proyecto. Hasta el momento solo la comisión ambiental de Diputados emitió dictamen unificado, por lo que no será tratada en sesiones ordinarias. Del Plá se sumó al pedido de que “hagan cumplir las leyes y que los Gobiernos de su partido dejen de ser cómplices de la depredación del lugar donde todos, todas y todes tenemos que vivir”.

Aunque el oficialismo intentó presentarlo como el fin para el negocio del fuego, especialistas caracterizaron la iniciativa como una “ley tribunera”. Las fuentes consultadas por La Izquierda Diario coinciden en que ya existen leyes para proteger, conservar y hasta restaurar superficies incendiadas, pero el problema reside en la falta de controles y financiamiento, como ocurre con la ley de bosques, a la que el presupuesto 2021, a la medida del FMI, destina apenas un 4.8 % de lo que corresponde.

Uno de los aspectos más se criticó es la incorporación de las áreas naturales protegidas en estos plazos de treinta a sesenta años. Allí está expresamente prohibido todo cambio de uso de manera indefinida, como sostuvo el doctor en Biología e investigador del Conicet Santiago Benítez-Vieyra en una nota de La Izquierda Diario.

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Leonel Mingo, coordinador de campañas de Greenpeace, aseguró que se trata de “una buena iniciativa”, pero con límites: “Esta operación [fuego] se usa principalmente para quemar los pastizales que ya tienen un uso de suelo destinado a la ganadería para fomentar el rebrote. Estos fuegos fueron donde pasaba esto. Por el año seco, se fueron de las manos. Este proyecto no impediría incendios en lugares que ya están destinados a la ganadería”. Según sus datos, la causa principal de depredación en bosques (en especial en la región del Gran Chaco) y humedales no se hace por el fuego, sino a través de topadoras y retroexcavadoras (desmontes y relleno de humedales). Para Mingo los principales enemigos de los humedales son los emprendimientos inmobiliarios (countries, barrios privados, sitios turísticos).

El debate de este proyecto en ambas cámaras estuvo marcado por la hipocresía. De un lado, el Gobierno que apuesta a la profundización del extractivismo en todas sus formas y ha llegado a incluir un gran porcentaje del “aporte solidario” para financiar el fracking en Vaca Muerta. Del otro, la oposición de derecha que hace un año se alió al peronismo para habilitar la megaminería en Mendoza, promovió la extracción de litio en Jujuy y a nivel nacional impulsó el modelo agrotóxico y Vaca Muerta durante el Gobierno de Macri. Para el extractivismo no hay grieta. Todo lo demás es humo.







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