Política Estado Español

IMPUNIDAD

El fascista que asesinó a Yolanda González, asesor en la defensa de Cristina Cifuentes

La expresidenta de la Comunidad de Madrid imputada en el “caso máster” ha recurrido a los servicios de peritaje judicial de Emilio Hellín Moro, el que fue integrante de la banda fascista Fuerza Nueva de Blas Piñar y que asesinó en 1980 a la joven estudiante y militante trotskista, Yolanda González.

Jaime Castán

@JaimeCastanCRT

Martes 19 de enero | Edición del día

Comenzó el juicio contra Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid del PP, por inducir a cometer un delito de falsedad documental de un título de máster universitario. La defensa se enfrenta a los tres años y tres meses de prisión que pide la Fiscalía de Madrid y, entre la documentación que ha presentado, aparece Luis Enrique Hellín Moro en calidad de perito judicial.

Hellín fue parte de Fuerza Nueva, partido del fascista español de Blas Piñar, una de las organizaciones ultraderechistas que actuaban con total impunidad durante la Transición. La noche del 1 de febrero de 1980, junto a otros cuatro fascistas, Hellín secuestró, torturó y asesino con varios disparos en la cabeza a la joven estudiante de 19 años Yolanda González, que se encontraba en su piso del barrio de Aluche, en Madrid. Su cuerpo fue abandonado en una cuneta de la carretera de San Martín de Valdeiglesias.

Yolanda, vasca de familia obrera que vivía en Madrid, trabajaba en la limpieza y estudiaba en un centro de formación profesional. Era militante activa en la Coordinadora de estudiantes de enseñanzas medias y formación profesional, así como en las filas del trotskista Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Muchas fueron las movilizaciones que se hicieron por Yolanda y que no cesaron hasta lograr la detención, el procesamiento y la condena de los autores e instigadores del crimen.

Hellín fue detenido el 7 de febrero de 1980 y condenado en 1982 a 43 años de cárcel por su brutal crimen. Sin embargo, en agosto del mismo año protagonizó su primer intento de fuga, a pesar de lo cual, el 20 de febrero de 1987, recibió un permiso de seis días para salir de la cárcel de Zamora. Con esta ayuda de la “justicia” se pudo fugar de nuevo e irse a Paraguay, con un DNI legal y con toda su familia, donde encontraría “trabajo” en los servicios de inteligencia del genocida Alfredo Stroessner. Tras dos años de fuga, fue descubierto por un periodista y posteriormente extraditado y devuelto a la cárcel. Pero hacia julio de 1995 fue premiado con un régimen de semilibertad y en 1996 es liberado impunemente, habiendo cumplido tan sólo 14 años en prisión.

Esta impunidad se debe a que las conexiones del asesinato y del propio Hellín con los cuerpos represivos y servicios de seguridad del Estado fueron muy estrechas y lo han seguido siendo. Lo que le ha permitido no sólo cumplir pocos años de su condena, sino maquillar su currículo como consejero de juristas en materia de telecomunicaciones, informática y redes sociales, tal como desvelaba en agosto del año pasado El País.

Las investigaciones han develado que Hellín fue “instructor” de la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Ministerio de Defensa bajo una identidad falsa hasta 2013. También que fue contratado hasta en quince ocasiones como perito forense por el Servicio de Criminalística, la Policía Nacional y policías autonómicas. Y que por sus servicios el Ministerio del Interior desembolsó 140.000 euros entre 2006 y 2011.
Estos días el nombre de Hellín vuelve a aparecer en otra causa judicial, la del “caso máster” de Cifuentes, y que da cuenta de los hilos de continuidad de la dictadura en los aparatos del Estado y en los partidos del Régimen del 78, incluso de sus elementos más fascistas, criminales y asesinos, como Hellín. Porque la Transición si de algo fue “modelo”, fue de impunidad y represión.

Como escribíamos el año pasado, a cuarenta años del asesinato de Yolanda González: la impunidad fue “pilar” de la transición, comenzando por la Ley de Amnistía, que garantizó a los franquistas seguir libres después de 40 años de represión y cientos de miles de asesinatos, que ni siquiera se pudiera reivindicar la calidad de perseguido político. Este pacto de impunidad y silencio, acatado por todos los partidos del Régimen (incluidos los que hoy están en el Gobierno), fue la base de la democracia pactada del 78, esta “democracia para ricos” que mantuvo intacto el aparato de las fuerzas de seguridad, de los que transformados de “grises” a “azules” siguieron actuando durante la Transición y en adelante contra los trabajadores y el pueblo.

Cientos de mujeres y hombres luchadores fueron víctimas de las bandas de ultraderecha y las “tramas negras” orquestadas desde el Estado. Emilio Hellín Moro y la escoria de “Fuerza Nueva” estaban unidos por miles de lazos con las más altas esferas del Estado y las fuerzas de represión. Las mismas que hoy siguen utilizando los servicios de perros asesinos como Hellín para formar a los nuevos represores. Yolanda fue una más de las víctimas de esta violencia y su crimen, fue un verdadero “crimen de Estado”.







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