Cultura

HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO ARGENTINO

El rodrigazo y las coordinadoras de gremios del ’75 (I)

“Si los patrones coordinan para explotar, los trabajadores coordinamos para erradicar la explotación”.

Sábado 7 de julio | Edición del día

Antecedentes económicos del “Rodrigazo”

Fallecido Perón y con la asunción de su esposa Isabelita, se fortaleció el poder de José López Rega, creció la ofensiva de la derecha peronista y de la “Triple A”, aumentaron los desaciertos económicos; todo lo cual fue creando un clima de crisis económica, social y política.

Las condiciones de la economía capitalista mundial hasta principios del ‘74 permitían que los capitalistas de la Argentina vendieran caro y compraran relativamente barato. Eso se expresó en la balanza comercial y de pagos favorable (1.000 millones de dólares en 1973). En consecuencia, buenas reservas de oro y en divisas; por ende, posibilidades de emisión monetaria que no equivalía a la falsificación de billetes, expandiendo aún más el mercado; y, por otra parte, el crédito abundante, ágil y barato era un factor más para compensar la caída de la tasa de ganancia.

La caída de Gelbard, en octubre de 1974, fue la expresión del fin de las posibilidades del “distribucionismo” iniciado en 1973. La firma del Acta de Compromiso Nacional en febrero del ‘75 fue su certificado de defunción, ya que las “partes” que inicialmente pactaron voluntariamente la distribución dejaron de poder concertar y el Estado –en febrero del ‘75– impuso a las “partes” el 15%, lo que para “unos” era demasiado poco y para “otros” excesivo.

El Gobierno –que nació apoyado en la Unión Nacional de la mediana y gran burguesía industrial por un lado y el proletariado por el otro– perdió aceleradamente el respaldo de ambos y sólo conservó el sostén del cascarón burocrático sindical, partidista y empresario, que fue quedando más vacío de contenido.

El proletariado marchaba a su constitución fabril, generando nuevas formas organizativas; los empresarios de la CGE dejaron de responder a Broner y pasaron a seguir a los ex dirigentes de la UIA o a los de la gran burguesía, nucleados en la Asamblea Permanente de Entidades Empresarias. El Partido Justicialista sufrió, además de la fragmentación, los efectos de su aislamiento de la clase obrera.
Desde el agotamiento del mecanismo distribucionista, la tendencia inexorable de la economía capitalista conducía a la caída del salario y germinaba entonces la necesidad de organizar esa orientación espontánea, pero como planificación distributiva inversa a la voluntariamente acordada entre la burguesía y el proletariado en 1973.

Cambios políticos y nuevamente la represión

Luego del 25 de mayo de 1973, toda la legislación represiva sancionada por la Dictadura Militar fue derogada y disuelto el Fuero Antisubversivo. Pero esa primavera duró poco y comenzó una etapa signada por la represión. Todo empezó con el envío de un proyecto del Poder Ejecutivo a las Cámaras para modificar el Código Penal. La reforma fue considerada de la misma naturaleza que las leyes promulgadas por el régimen militar que gobernó el país entre 1966 y 1973.

La primera respuesta vino del general Perón, quien advirtió que si la ley no era aprobada se apelaría a las mismas armas que se buscaba combatir; y el 23 de enero de 1974 declaró al diario La Nación: “Nosotros vamos a proceder de acuerdo a la necesidad, cualquiera sean los medios. Si no hay ley, fuera de la ley, también lo vamos a hacer y lo vamos a hacer violentamente. Porque a la violencia no se le puede oponer otra cosa que la propia violencia. Eso es una cosa que la gente debe tener en claro, pero lo vamos a hacer, no tenga la menor duda”.

Después de la muerte de Perón se tomaron distintas medidas represivas. En septiembre de 1974 se aprobó la ley de represión del terrorismo, que penaba la difusión de información relacionada con esos hechos y la obstrucción al trabajo cuando el conflicto era declarado ilegal. De acuerdo a esa ley, el Ministerio de Trabajo prohibió las huelgas por motivos salariales, los paros y las ocupaciones de plantas, y comenzó a intimar, amenazar y suspender personerías gremiales.

Pero al poco tiempo, el Ejecutivo Nacional sancionó el Decreto Nº 261, en el que se anunció oficialmente que se había ordenado a las Fuerzas Armadas tomar intervención en la “lucha antisubversiva”, firmado por la presidenta María Estela de Perón y los ministros Rocamora, Ivanissevic, Vignes, Savino, López Rega, Gómez Morales, Otero. En el Articulo Nº 1 se decía que “El Comando General del Ejército procederá a ejecutar todas las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos...”.

En octubre de ese año se sancionó el decreto 2770, por el cual se creó el Consejo de Seguridad Interna, fijando sus atribuciones, y el Consejo de Defensa. Ese decreto llevaba la firma del presidente provisional Ítalo Luder y los ministros Arauz Castex, Vottero, Ruckauf, Emery, Cafiero y Robledo.

Hasta ese momento, la participación de las Fuerzas Armadas en forma abierta era “evitada” y la lucha era encabezada por grupos paramilitares, “ejecutores del trabajo sucio”, a través de la Triple A.

En el mes de noviembre se declaró el estado de sitio en todo el país. Fue en esa circunstancia que fueron detenidos cientos de militantes y puestos a disposición del Poder Ejecutivo.

La represión a la clase obrera apareció con toda su magnitud el 20 de marzo de 1975 en Villa Constitución, a través de las fuerzas conjuntas reclutas por la SIDE, que incluían a la Policía Federal, Provincial, Ejército y Gendarmería, grupos de choque –entre los cuales iban armados los guardias blancos pagados por las acerías de Martínez de Hoz– y miembros de la Triple A. Las órdenes firmadas por Rocamora, Savino y López Rega eran claras: ahogar en sangre a los obreros y activistas de Villa Constitución.

Las luchas de junio-julio de 1975 en la zona norte del Gran Rosario y el país

En los primeros meses de 1975, ante el deterioro del salario tras la trepada de los precios, creció la preocupación en el movimiento obrero.

Debían reunirse las Comisiones Paritarias, congeladas por dos años desde 1973. La convocatoria del Gobierno no estipulaba topes en la discusión salarial.

En marzo, el Ministerio de Economía concedió un aumento de emergencia de 400 pesos mensuales y devaluó la moneda en un 50%.

Los obreros del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (SOEPU) de San Lorenzo (Pcia. de Santa Fe), durante varias semanas, discutieron en la fábrica la situación que se les planteaba. Comenzaron los contactos con otros sindicatos y las reuniones se intensificaron. El punto central de las deliberaciones era cómo organizarse, cómo encarar la lucha por las paritarias y señalaron:

“Es indudable que la carestía crece día a día y, por lo tanto, es lógico que los trabajadores tengan expectativas sobre la posibilidad de conseguir importes reivindicaciones. Estas expectativas han venido generándose especialmente a partir de las falencias que ha venido teniendo este gobierno. Por eso los trabajadores tratan de conseguir en las paritarias partes de esas reivindicaciones tanto tiempo postergadas. Lo del ‘arbitraje obligatorio’ no es nuevo. Ya estamos acostumbrados desde la época de la dictadura militar y ahora lo vemos de nuevo con este ‘gobierno popular’. Tampoco son nuevas las maniobras de la burocracia sindical contra las aspiraciones de los trabajadores. Nosotros creemos, lo venimos sosteniendo y pregonando desde hace tiempo: los trabajadores de base deben tener la máxima participación en la elaboración de los anteproyectos de convenio. El proceso de discusión debe venir desde abajo, impulsado por los delegados y activistas de cada sección y luego a través de las asambleas de cada lugar de trabajo y gremio” [1].

Con el antecedente inmediato de la experiencia de la Intersindical de San Lorenzo (1969-1973), se pensó en la “coordinación de las luchas”. Luego de varias asambleas en Sulfacid, los obreros se pronunciaron por la instancia de aunar las distintas luchas de la zona. En el SOEPU acordaban con lo resuelto:

“Los trabajadores de la zona tienen características y reivindicaciones similares. Nuestro gremio no permanece ajeno a este proceso de luchas que se va dando en toda la zona y, constantemente, cuando han surgido conflictos por reivindicaciones concretas, hemos expresado nuestra solidaridad permanente en cada uno de ellos. Creemos que ha llegado el momento en que esta solidaridad efectiva se plasme en la unidad de los trabajadores a partir de las necesidades concretas”.

“Los distintos gremios de la zona ya han intentado en varias oportunidades constituir a un organismo que los nuclee. Algunos de estos intentos tuvieron resultados más satisfactorios que otros, pero hasta ahora no se ha llegado a una coordinación solidaria efectiva y permanente. Esta ausencia ha permitido que las patronales, que sí actúan apoyándose mutuamente, derrotaran algunas luchas de gremios de la zona, que se desarrollaron en forma aislada. Las experiencias vividas no pueden caer en el vacío. Es necesario concretar este viejo anhelo de los trabajadores de la zona, que puede traducirse en la celebración de un acuerdo destinado a asegurar la mejor defensa de las luchas obreras. No queremos la desunión actual del movimiento obrero que se manifiesta en todo el país, y creemos que hay que concretar la unidad de los trabajadores sobre la base de una práctica verdaderamente democrática” [2].

En mayo, la CGT Nacional logró un arreglo con el Gobierno: habría un aumento masivo y uniforme del 38%. El Ministro de Economía Gómez Morales manifestó su desacuerdo y renunció antes de que se firmaran los acuerdos de las paritarias.

El 2 de junio asumió en su reemplazo Celestino Rodrigo, con un plan económico que constaba de la aplicación de una política de “shock” para desacelerar la inflación y favorecer la inversión mediante el aumento de la rentabilidad. Se trataba de lograr una contracción del salario real y un aumento de las tarifas tanto de los servicios públicos como de los combustibles. La devaluación beneficiaba a los exportadores de cereales y a los ganaderos y tendía a la concentración del gran capital industrial. Vía devaluación y reembolsos se apoyaban las exportaciones industriales dominadas por las multinacionales.

Tras los primeros aumentos de precios, desde el Ministerio de Economía, se ofertó un incremento salarial del 45% que no tuvo eco.

El 14 de junio, se reanudaron las paritarias. Los aumentos logrados en las mismas oscilaron desde el 60 u 80% hasta el 200%; pero éstos debían ser ratificados por el Gobierno. De homologarse lo surgido de las paritarias se daría por tierra con el Plan Rodrigo.

No fue homologado ningún convenio luego que varios gremios firmaran sus acuerdos. Sobre la última semana de junio, el Gobierno informó que finalizaba el plazo para las Paritarias.

El estado deliberativo aumentó y crecieron las movilizaciones.

Se sucedieron un Plenario de la CGT, la marcha de ocho a diez mil obreros de la Ford Motor Argentina de Pacheco, y en Rosario, se sucedieron paros de los choferes de colectivos, docentes y empleados de comercio. En la zona industrial protestaron los Ceramistas y el SOEPU dio a conocer un comunicado “ante la falta de aceptación por parte de la patronal de las justas reivindicaciones peticionadas por la organización sindical, permanecemos en estado de asamblea permanente, rechazando el aumento del 45% ofrecido por la parte empresaria. La cifra no cubre las aspiraciones mínimas de los trabajadores”, y destacando la masiva concentración de los Petroquímicos ante el Ministerio de Trabajo, para lograr el aumento del 150% y otras aspiraciones3.

A raíz del estado de movilización, el viernes 27 de junio, se realizó un paro con una gran concentración en Plaza de Mayo, convocado por la CGT, las 62 Organizaciones y la UOM.

Hubo agitadas gestiones sindicales ante una posible derogación de las Convenciones Colectivas del Trabajo.

Al día siguiente, la presidenta Isabel Perón contestó y dio a conocer su determinación: la anulación de las Paritarias y el otorgamiento de un aumento general del 50 % y de un 15 % más en octubre y enero de 1976.

Con el Plan Rodrigo se había puesto de manifiesto una planificación distributiva contra el proletariado, que culminó con la anulación de los contratos colectivos de trabajo.

La anulación del contrato equivale a la anulación del derecho, al quitar al proletariado su carácter de libre vendedor de su mercancía (la fuerza de trabajo), base de su igualdad y libertad en el plano jurídico. La anulación de los contratos colectivos trascendía por ello el mero hecho económico y se transformaba en la patada inicial del golpe lopezreguista, que, anulando al ciudadano, anulaba al parlamento y transformaba al proletariado de esclavo social jurídicamente libre en esclavo social jurídicamente sometido: de ciudadano a súbito del lopezreguismo autocrático.

Frente a la voluntad de anulación del contrato por el Ejecutivo isabelino, se levantó la voluntad política del proletariado que con su movimiento autónomo le dijo “No a la No-homologación de los convenios colectivos”.

En la Zona Norte del Gran Rosario, el estado deliberativo entre los activistas, los miembros de comisiones internas y las conducciones sindicales aumentó, con reuniones e intercambio de opiniones sobre las medidas a tomar. Lo sucedido fue narrado por un ex obrero Petroquímico:

“En PASA se convocó inmediatamente a una asamblea de fábrica. En poco tiempo nos reunimos en el galpón de mantenimiento los obreros del turno, dejando pequeñas guardias, los de la noche no fueron a sus casas. Fue una asamblea con pocas palabras. El ‘Negro’ Sosa, nuestro secretario general, hizo una panorámica de la situación, concluyendo “tenemos que sacar la lucha fuera de la fábrica. A la empresa ya la pusimos contra la pared, ahora hay que doblegar la política del gobierno”, que había demostrado su carácter de clase, a pesar de su careta popular. Los discursos eran encendidos y cortos. Impactantes, muy aclamados. Paradoja: no era contra la dictadura militar y sí contra el ‘gobierno de los descamisados’. Proponemos medidas de acuerdo con el momento y carácter de la lucha: “Tenemos que movilizarnos conjuntamente a los otros obreros de la zona”. Yo planteó con otros compañeros: “Marchemos hacia Rosario, tratando de levantar las otras fábricas”. La consigna fue “Acabar con la medida decretada, respetar los acuerdos firmados”. Todos los trabajadores de la zona industrial recibieron nuestra visita” [3].

Comenzó la marcha hacia Rosario, tomando contacto con cada una de las fábricas de la zona. Desde los aceiteros de San Lorenzo hasta los textiles en Arroyito se fueron sumando a la caravana. “En el centro de Rosario nos encontramos con contingentes de obreros de la ciudad y de Villa Constitución. Cantando nuestras consignas nos apoderamos del centro de la ciudad. Finalmente nos concentramos frente a la CGT pidiendo a grito vivo para que los burócratas salieran al balcón. Una delegación de los sindicatos movilizados fue a pedirles que asumieran la acción que espontáneamente –no tanto– la clase trabajadora manifestaba en la calle el repudio a las medidas del gobierno peronista” [4].

Las crónicas periodísticas destacaron “Un numeroso grupo de obreros procedente de la zona industrial comprendida entre Puerto San Martín y Granadero Baigorria recorrió en la tarde de ayer el centro de nuestra ciudad. Los manifestantes portaban un cartel que decía: ‘Plena vigencia a la Ley 14.250 y apoyaban con estribillos esa petición. Se trataba de trabajadores petroquímicos, químicos, ceramistas, del tractor, mecánicos, jaboneros y también textiles. La manifestación tenía como objetivo pedir por la plena vigencia de la Ley 14.250, la homologación de los convenios de trabajo ya concertados y la libre discusión de los restantes, y que la CGT ratifique el pedido elevado el jueves pasado durante la movilización en la Plaza de Mayo” [5].

Se sumaron los metalúrgicos de Rosario y de Villa Constitución, y en una columna que superaba el número de tres mil personas; recorrieron las calles céntricas, se dirigieron al local de la CGT, donde el Secretario General, desde los balcones se dirigió a los trabajadores exhortándolos a mantener la calma y reiterando la postura de la CGT Rosario de “acatamiento a todo lo que disponga la CGT Nacional”. La mayoría de los manifestantes, que exigían una posición más drástica, respondieron con silbidos e insultos, retornando hacia la zona bancaria y solicitando la adhesión de los trabajadores bancarios, mientras se sumaban a la protesta los docentes.

Durante varios días, los obreros reclamaron con masivas manifestaciones (algunas, superaban los ocho mil obreros), la libre discusión de los convenios en el marco de la Ley 14.250 y la homologación de los ya pactados. Los dirigentes sindicales de varios gremios fueron desbordados por las bases.

Ante la movilización de la clase obrera en todo el territorio nacional, la CGT Nacional adoptó la determinación de realizar un paro por 48 horas, a partir de la hora cero del día 7 de julio.

La paralización del país fue total; mientras tanto, desde el gobierno y la burocracia sindical se intentaba negociar y, cuando se estaba cumpliendo el segundo día del cese de actividades, el Gobierno cedió: los acuerdos logrados en Paritarias fueron homologados.

1, Revista Política Obrera, abril 1975.

2. El Petroquímico Nº 32.

3. La Capital, 17 de junio de 1975, p. 6.

4. Dowling, Juan Alfonso. “Petroquímicos. La Intersindical y la Democracia. Una experiencia de lucha en la Zona Industrial de San Lorenzo”. En: Autores Varios. Nuevas Tendencias en el Sindicalismo Argentina, Brasil. Editorial Biblos / Fundación Simón Rodríguez, 1992.

5. Dowling, Juan Alfonso. op. cit.

6. La Capital, 1º de Julio de 1975, p. 5.



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