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Empresarios mexicanos respaldan al Ejército

Hace unos días, el empresariado, en voz de algunos de sus representantes, expresó su apoyo al ejército y reclamó un marco legal para combatir la inseguridad. En realidad, los ricos y poderosos piden ley, orden e impunidad.

Bárbara Funes

México D.F | @BrbaraFunes3

Miércoles 18 de febrero de 2015 | Edición del día

El 16 de enero pasado en el Vaticano, el cardenal mexicano Alberto Suárez acusaba a la movilización nacional por la presentación de “los 43”, de descalificar las autoridades para “provocar una insurrección”. Pero no está solo. En este mes, el viernes 13 tuvo lugar la firma de un convenio de colaboración entre el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.

En ese evento, Enrique Solana Sentíes, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) declaró que “por ningún motivo permitiremos que se metan en los cuarteles”, refiriéndose a los padres de los normalistas desaparecidos. A su turno, Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del CCE, sostuvo que daban su apoyo a las fuerzas militares.

Parte de este respaldo se explica ante el cuestionamiento popular al ejército mexicano respecto a su participación en la desaparición de los 43 normalistas en colusión con la policía, y el nivel de desprestigio de esta institución que, ni cuando la guerra sucia de los 70s fue tan cuestionada (en el marco de un estado con mucha descomposición y un régimen con una crisis política considerable), como explicamos en La Izquierda Diario.

Recordemos también que hace unos quince días, el empresariado salió a apoyar al gobierno de Peña Nieto ante el descontento social, como señalamos acá.

No se trata de que el empresariado apoya al gobierno o a sus fuerzas represivas en una situación normal: lo que prima en este momento en el país azteca es el cierre de filas de empresarios, funcionarios de gobierno y sus fuerzas armadas (con el apoyo del imperialismo) ante el riesgo de que el régimen de la alternancia pueda ser cuestionado como una trampa de la política de “reacción democrática”, sobre todo de cara al proceso electoral de este año.

Están unidos contra el descontento social, que más allá de que no se expresa activamente en las calles al nivel del mes de noviembre del año pasado, se mantiene como un rugido sordo de tambores que llega desde las profundidades de la tierra. Y la base de ese descontento es la evidencia de la colusión entre cárteles del narcotráfico y el gobierno, la impunidad maldita de las fosas clandestinas y los cientos de miles de desaparecidos y la precarización de la vida.

Las fuerzas represivas: los Cancerberos del capital

La mitología griega cuenta entre sus fantásticos monstruos al Cancerbero, el perro de Hades, señor de los infiernos. En el mito, este perro feroz de tres cabezas y cola en forma de serpiente guardaba la puerta del infierno.

¿Qué mejor nombre para las fuerzas represivas? El empresariado, sin pelos en la lengua, reivindica a los militares como de su propiedad. Citamos de nuevo a Enrique Solana Sentíes: “Tengo mucha pena por lo que les pasó [a los normalistas], pero no vamos a abrir todos los cuarteles del país porque quieren ver si están ahí o no los muchachos. Es meterse a las entrañas de la sociedad mexicana, la parte más íntima de nuestro ser y dijimos que no aceptamos que se abran los cuarteles a nadie que no sea el Ejército” (negritas nuestras).

Son el ejército, los antimotines, los halcones, la policía y la recién creada gendarmería quienes encapsulan a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, de la salud y a los maestros en sus manifestaciones. Para preservar “la paz y el orden” que exigen los capitalistas con el objetivo de llevar a cabo sus negocios y vivir en la opulencia a costa del trabajo ajeno.

Son las fuerzas represivas las ejecutoras de masacres recientes como la de Tlatlaya, y de otras que aun duelen como la de Tlatelolco en el ’68 y la liquidación de comunidades campesinas en la “lucha antiguerrillera” de los años 70s, por citar sólo algunas.

Estos cancerberos, aquí en México así como en todos los países del mundo, llevan un rosario de sangre en sus manos…y los muertos y desaparecidos los ponen la clase trabajadora y los sectores populares.

La Iniciativa Mérida

La Iniciativa Mérida, el acuerdo por el cual el gobierno estadounidense financia desde 2008 la llamada “guerra contra el narco” en México y Centroamérica, provee fondos y entrenamiento a las fuerzas represivas mexicanas.

Decíamos acá: “A esto se le suma la entrega de Estados Unidos de fondos para la Iniciativa Mérida –148 millones de dólares para el año fiscal 2015– venta de armas (tanto legal como ilegalmente) –que ascendió a 45 millones de dólares en 2012–, y tráfico de drogas –que ronda los 40 millones de dólares para los cárteles del narcotráfico y sus filiales en Estados Unidos–.

Obama, el presidente estadounidense, viene de dar su espaldarazo al debilitado gobierno de Peña Nieto. Quiere su patio trasero en orden, para que las trasnacionales puedan hacer uso y abuso de los recursos energéticos de México, y de su mano de obra, que está entre las más precarizadas del mundo.

Represión y reforma energética

Apenas el 28 de enero pasado fue violentamente reprimido el bloqueo que llevaban a cabo trabajadores de Oceanoagrafía, una contratista de Pemex, en el puente que une a Ciudad del Carmen con la carretera a Villahermosa. El saldo: 37 detenidos, un herido grave y otros 10 lesionados por lo menos. Los trabajadores exigían sus liquidaciones desde hace un año. La respuesta del gobierno: represión.

Y de alguna manera este caso adelanta las consecuencias de la aplicación de la reforma energética: Pemex quedó afuera de la primera ronda de adjudicaciones de concesiones para exploración de crudo, mientras el capital privado tiene todo a su disposición. Menos trabajo para las contratistas, que daban a sus trabajadores menos prestaciones ya desde antes, y ahora empezaron a despedir. Y si protestan, la amenaza del gobierno y los empresarios es represión, llevada a cabo por los cancerberos del capital, militares y policías.

La dictadura de los empresarios

Pedro Miguel, analista de La Jornada, publica una interesante columna de opinión, donde señala “si alguien se empeña en mantener un muro infranqueable entre los institutos armados y el resto de la población es, precisamente, un empresariado que percibe como de su propiedad al país en general y a las fuerzas armadas en particular”.

Cabe preguntarse, por lo expuesto arriba, cómo no va a existir ese “muro infranqueable” entre las fuerzas represivas y la población, si esas fuerzas constituyen el brazo armado del Estado capitalista, si su función es preservar la “ley y el orden” de los empresarios para garantizar que este pequeño sector de la sociedad lleve a cabo sus negocios mientras sume en la miseria a la mayoría de la población.

Estas fuerzas represivas, descompuestas y también coludidas con el narcotráfico, deben disolverse. Sus intereses son irreconciliables con los sectores populares. No están para defender a la mayoría de la población, sino para defender los intereses de los empresarios y las trasnacionales, como lo deja en evidencia el terrible saldo de la “guerra contra el narco”: más de 160 mil muertos y más de 30 mil desaparecidos desde el sexenio de Felipe Calderón. Sólo la clase trabajadora, los jóvenes, los campesinos pobres y los pueblos originarios organizados desde las bases en comités de defensa pueden garantizar su propia seguridad en el México bárbaro de las fosas clandestinas.

Más adelante Pedro Miguel denuncia al gobierno de Peña Nieto como “uno más de las administraciones empresariales impuestas en México en décadas recientes, en un ciclo que ha reducido al Estado a mecanismo de optimización de utilidades y rendimientos y, de paso, destruido al país, porque no hay negocios más rentables que los de las delincuencias en sus distintos ramos: del tráfico de drogas y de personas al fraude, de la ordeña de ductos de Pemex a la evasión fiscal, del secuestro a la colocación de fortunas personales y familiares en el HSBC de Suiza, de la imposición de derechos de piso a la población al tráfico de propiedades inmobiliarias a cambio de favores en la otorgación de contratos”.

Justo por todos los “atributos” que expone del actual gobierno, evidencia que se trata de una verdadera dictadura del capital, subordinada a los intereses de las trasnacionales, envuelta en el disfraz de una “democracia” degradada, donde uno de los pocos derechos democráticos que le quedan al pueblo mexicano es elegir a sus próximos verdugos en las elecciones.







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