Economía

AJUSTE FISCAL

En Jujuy el recorte en la obra pública es del 27%

La cifra es a mayo de este año y como en el resto del país los fondos para obra pública registran una caída respecto de 2017. Por ahora, junto con el salario, son los principales rubros afectados por el ajuste comprometido con el FMI.

Gastón Remy

Docente universitario | Facultad Cs. Económicas UNJu

Lunes 9 de julio | 15:19

En un informe publicado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ANSAP) se muestra la caída significativa de la inversión real y las transferencias de capital a las provincias durante los primeros cinco meses del año.

A nivel de la ejecución del presupuesto de obras del Estado nacional la caída es del 33%; mientras que en Jujuy alcanza el 27%. En el ámbito provincial son 375 millones de pesos menos respecto de lo ejecutado a mayo de 2017.

Con este panorama la UOCRA anunció en el mes de mayo que el 80% de los obreros de la construcción están desocupados, se trata de entre 8 mil y 10 mil trabajadores. Por su parte, según fuentes privadas, el atraso en el pago de las obras a contratistas del Estado está generando una situación complicada para sus finanzas.

Esta realidad de ajuste sobre la obra pública comienza a contrastar con las afirmaciones del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, que tras el anuncio de una poda de 30.000 millones en obra pública, a partir del acuerdo con el FMI, no se iba a afectar a las obras en ejecución. Palabras que tuvieron eco en el ministro de Hacienda de Jujuy, Carlos Sadir.

Obras en la encrucijada

En la provincia una de las obras más importantes es la ampliación de la ruta 34 que luego de varios anuncios fallidos desde 2016, en abril de este año se iniciaron los primeros 25 Km de autopista. Respecto de las viviendas que construye el Estado provincial a través del IVUJ se encuentran semiparalizadas.

Otra obra que tuvo mucho peso en los anuncios oficiales es el tramo de ferrocarril turístico entre Volcán y Humahuaca. Las vías avanzan a paso lento –esperando llegar a La Quiaca en 2023-, mientras en mayo los 52 trabajadores afectados reclamaban por el atraso en el pago de sus salarios y denunciaban que su contratación es en negro.

No corren mejor suerte los establecimientos educativos. Meses atrás la ministra de Educación, Isolda Calsina, también hizo un adelanto del ajuste cuando afirmó que era imposible resolver el déficit de edificios en un sistema colapsado por la existencia de 1000 instituciones y solo 600 instalaciones.

Ellos van por más ajuste

Con la hoja de ruta propuesta al FMI y a los acreedores de la deuda que implica reducir el déficit fiscal primario (antes del pago de intereses y capital de la deuda) en 200.000 millones de pesos este año hasta el 2020, resulta evidente que no alcanza con el ajuste sobre la obra pública.

Gobernadores como Gerardo Morales acompañan el recorte con paritarias del 15% en tres cuotas, cuando en el presupuesto para 2018 en gasto de personal se contemplaba un aumento del 34%. Además de la resolución de congelar la planta de empleados estatales y no incorporar nuevo personal en reemplazo de aquellos trabajadores que optan por la jubilación.

Está claro que el gobierno nacional y los gobernadores han iniciado un saqueo contra los condiciones de vida del pueblo trabajador. Enfrentarlo exige de un programa que rechace el acuerdo con el FMI, el pago de la ilegal, ilegítima y fraudulenta deuda externa, junto con la defensa del salario -con ajustes equivalentes a la inflación- y el empleo. Como también que estas ideas se abran paso en los sindicatos rompiendo la tregua de sus direcciones e impulsando un plan de lucha en todo el país. Son ellos o nosotros.







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