Juventud

Escándalo en la Universidad de Córdoba: fiscal imputa a estudiantes que tomaron el Pabellón Argentina

La fiscal federal Graciela López de Filoñuk presentó un requerimiento de instrucción al juez Vaca Narvaja pidiendo que se registre la identidad de quienes sostenían la medida.

Viernes 28 de septiembre | 13:55

Durante la mañana de este viernes, los y las estudiantes que participaban de la toma del Pabellón Argentina empezaron a retirarse, luego de haber votado anoche en asamblea levantar la medida.

La Asamblea Interfacultades emitió un comunicado en el que reafirman la voluntad de avanzar en la conformación de la mesa de trabajo con las autoridades de la UNC, que se reuniría el lunes. Pero, lógicamente, toman con desconfianza la propuesta de las autoridades, debido a que llega “luego de tres semanas donde se negaron al diálogo y más de una semana con negociaciones con constantes irregularidades en los propios canales de diálogo establecidos. Levantando de facto las reuniones, para pasar a comunicarse por vías informales planteando propuestas que luego eran desconocidas por su parte. Presionando incluso mediáticamente con la intervención de la justicia, amenazando con el desalojo y la represión. También, mediante patotas organizadas por Franja morada y el sindicato no docente (gremial san Martín) como ocurrió el día jueves 20/09”.

Mientras esto ocurría, se conoció que la fiscal federal Graciela López de Filoñuk había iniciado una acción penal por usurpación.

“Cerca del mediodía (del jueves) presenté al juez (Hugo) Vaca Narvaja los requerimientos de instrucción, es decir, una acción penal contra los ocupantes del Pabellón Argentina, y pidiendo que se dispusieran los medios para desocupar ese lugar perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba”, manifestó la fiscal a Radio Mitre. Agregó que las imputaciones se realizaron sin identificación. “Yo imputé, por supuesto, pero no tenemos identificados a los ocupantes”.

La fiscal aclaró que “siempre se le critica a la Justicia federal, pero la Justicia federal tiene sus tiempos y hay que tener en cuenta que el rector y el vicerrector no querían el desalojo”. La aclaración iba dirigida sobre todo a los medios masivos de comunicación, que durante todo el conflicto universitario demonizaron a los y las estudiantes, tildándolos de “ocupas” y “malcriados”. La campaña mediática incluyó mentiras de todo tipo, como difundir que la toma podía impedir que se finalice el año lectivo. La mera amenaza de imputación penal forma parte de un ataque más generalizado a quienes se ponen de pie para luchar contra el ajuste en curso a nivel nacional.

Candela Guzmán, dirigente de la Juventud del PTS y consejera estudiantil de la Facultad de Filosofía y Humanidades afirmó sobre este ataque: “Muchos periodistas cordobeses atacan la toma, pero no los vimos nunca usando algún minuto de su aire para hablar de la grave crisis presupuestaria que sufre y sufrirá la Educación Pública, más aún con una propuesta de presupuesto para 2019 que lo reduce notablemente. Se equivocan si piensan que nuestra lucha empieza o termina en una toma. Mientras acusan al rector Juri de ‘tibio’ porque no nos manda la represión y nos pinta los dedos, les estudiantes no tenemos más que ganancia en organización por nuestros derechos. Gracias a nuestra lucha, que es nacional, podrán aprobarse medidas que harán que miles de hijos de trabajadores no queden fuera de la UNC”.







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