Internacional

GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA

Evo Morales pidió que asuma el poder el presidente del Tribunal Supremo

En conferencia de prensa junto a sus abogados defensores, el ex presidente de Bolivia instó a esta salida a partir del 23 de enero según dispone la cadena de sucesión constitucional.

Viernes 3 de enero | 02:30

Desde Buenos Aires donde se encuentra en calidad de asilado político tras su paso por México, Evo Morales dio el jueves una conferencia de prensa junto a su abogado defensor el ex juez de la Corte Suprema argentina y referente de la línea “garantista” de la justicia. En la misma señaló que el 23 de enero culminan los mandatos constitucionales vigentes, tanto presidencial como legislativo y que por lo tanto, al no haber poder electo, debe asumir el presidente del Tribunal Supremo.

Zaffaroni y Gustavo Ferreyra son sus abogados defensores y asesores en materia judicial en Argentina ante las órdenes de detención por los supuestos delitos de terrorismo y sedición libradas por fiscales en connivencia con el gobierno golpista boliviano que encabeza la derechista Jeanine Áñez.

Los abogados confirmaron que a Argentina no ingresó ningún pedido de extradición de Morales ni está vigente ninguna orden de detención en Interpol, según les informó el ex juez español Baltasar Garzón, quien también integra el equipo internacional de juristas que asesora al expresidente boliviano.

"Además, el delito de sedición es objetivamente político y por delito político no se puede pedir la extradición de nadie, según dice el tratado de extradición que firmamos con Bolivia el año 2013. Y según las normas internacionales en materia de extradición: por delitos políticos no se extradita", subrayó Zaffaroni.

Por su parte, el ex mandatario denunció "una persecución exagerada" y agradeció "la defensa contra la injusticia". "Nunca van a encontrar que Evo es corrupto", aseguró el político.

La defensa argentina sostuvo que Morales continúa como "presidente constitucional" de Bolivia porque "la Asamblea Legislativa Plurinacional no ha aceptado ni rechazado aún su renuncia" y aseveró que el país andino "no es un Estado constitucional".

"Ignoramos hasta el momento si realmente la autoridad de facto en Bolivia domina totalmente el aparato de la Administración y el aparato del territorio, nos atrevemos a decir que es un Estado de pura fuerza, aún en la hipótesis de que queda flotando la duda de si ejercen el dominio en todo el territorio", señaló Ferreyra, profesor universitario de derecho constitucional.

Zaffaroni, actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), precisó además que los mandatos de Morales y de la Asamblea Legislativa Plurinacional culminarán en la noche del 22 de enero, cuando vence el periodo constitucional por el que fueron elegidos en las urnas, y en un "Estado de no derecho".

"¿Cómo se sale de una situación en que no existe ni Poder Ejecutivo ni Poder Legislativo? Quedan los tribunales y por ende lo correcto sería lo que ya pasó alguna vez en la historia de Bolivia: que asuma la presidencia provisional el presidente del Tribunal Supremo y que de esa manera convoque a elecciones y se normalice esta situación", propuso Zaffaroni, sentado junto a Morales y Ferreyra.

Luego de que Morales condenara el martes pasado "enérgicamente" la decisión del Gobierno interino de Bolivia de expulsar a diplomáticos mexicanos y españoles, sus abogados defensores advirtieron este jueves que esa decisión rompe las reglas internacionales.

El Gobierno interino de Bolivia declaró el lunes personas no gratas a la embajadora de México, María Teresa Mercado; a la encargada de Negocios de la Embajada de España, Cristina Borreguero; al cónsul español, Álvaro Fernández, y a otros funcionarios y les dio 72 horas para abandonar el país, con la excusa de haber dañado la soberanía boliviana por la visita de los diplomáticos españoles acompañados de individuos "encapuchados" y "presumiblemente armados" a Mercado en su residencia en La Paz el pasado viernes.

En la residencia mexicana se encuentran asiladas desde noviembre alrededor de una decena de exfuncionarios de la Administración de Evo Morales, varios de ellos acusados por el Gobierno de Áñez por delitos como terrorismo.

Zaffaroni aseguró que "esto no tiene precedentes" porque "la violación de normas elementalísimas del derecho de gentes como la inmunidad diplomática de las sedes diplomáticas es un punto de inflexión".

"Afectaron la inmunidad de misiones diplomáticas, controlaron misiones diplomáticas con drones. Ahí creo que se salieron del sistema planetario, se saltaron la barda. Hasta ahora todo podía discutirse pero ahí se están violando las normas básicas de convivencia entre Estados", alertó.

El juez de la CIDH consideró que la situación en Bolivia "es sumamente peligrosa" para todas las democracias latinoamericanas: "No sea que al apoyar un Estado de no derecho de esta naturaleza estemos serruchando la rama en que estamos sentados".

El equipo defensor de Morales evalúa llevar el caso a organismos internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aunque si también se llegara a la Corte Interamericana, Zaffaroni anticipó que él deberá excusarse por incompatibilidad con su cargo oficial en el órgano continental.

En un golpe cívico-militar con el apoyo de EE.UU., Morales fue forzado a dimitir el 10 de noviembre tras publicarse un informe de la Organización de Estados Americanos (dirigida por el derechista Luis Almagro) que advertía de "graves irregularidades" en los comicios del 20 de octubre en los que fue declarado vencedor para un cuarto mandato consecutivo.







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