Política

CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA

Falta de pruebas: sobreseen a joven que pasó 44 días preso tras las protestas de diciembre

Esteban Rossano fue víctima de la cacería de Gendarmería el 14D. Bonadio lo tuvo un mes y medio detenido. Ahora lo liberó de culpa y cargo. Un claro caso de criminalización de la protesta.

Jueves 5 de julio | Edición del día

Esteban Rossano junto a Nora Cortiñas luego de ser liberado

Las masivas jornadas de protesta de diciembre contra la reforma previsional impulsada por Mauricio Macri dejaron un tendal de juicios cruzados entre el Gobierno y los manifestantes.

El Poder Judicial, siete meses después de los hechos, terminó admitiendo lo que fue obvio desde el primer instante: las detenciones masivas fueron ilegales y arbitrarias, las causas estuvieron armadas, los que protestaron y también algunos que caminaban por el centro pasaron semanas presos y finalmente ahora viene el sobreseimiento.

El juez federal Claudio Bonadío llegó a la conclusión de que no había pruebas contra doce personas que estuvieron imputadas por el delito de intimidación pública y dictó su sobreseimiento.

“Cuando me dieron la libertad lo vi a Bonadio y me dijo ’fijate por dónde andás pibe, la próxima vez’”, contó Esteban Rossano, uno de los sobreseídos, a fines de enero cuando recuperó la libertad luego de estar dos meses y medio detenido en la cárcel de Marcos Paz. A este joven de 19 años, sin militancia alguna, le pusieron piedras y panfletos de agrupaciones políticas en su mochila.

“Fue una experiencia horrible, con lo que me pasó queda claro que si existe ley acá no se cumple, que agarren así de la nada a un chico, me pasó a mí le puede seguir pasando a cualquiera, me tuvieron 44 días, a otros los tienen años”, dijo Rossano a La Izquierda Diario luego de haber sido notificado de su sobreseimiento.

El joven viajado el 14 de diciembre con un amigo desde Morón al centro de la Ciudad de Buenos Aires. A poco de llegar fue apresado durante la represión a la protesta mientras en Diputados se debatía la Reforma Previsional.

“Es hermosa Capital para pasear pero parece que no se puede sin permiso”, reflexionó. Él y su amigo querían llegar al Mc Donalds de Corrientes y 9 de Julio pero cuando bajaron en la estación Sáenz Peña del subte A sintieron el olor de los gases de Gendarmería y decidieron desviarse para emprender el regreso.

Es que la cacería de las fuerzas de seguridad se había extendido a varias cuadras alrededor del Congreso. En ese momento, vio cómo la Gendarmería le pegaba a una mujer e intervino. “Tres mujeres y un hombre fuimos a decirles que le dejen de pegar”, contó. “Me estoy yendo y, a media cuadra, me agarra Gendarmería, acusándome de que estaba tirando botellas de vidrio”, relató Esteban, que terminó con las manos precintadas.

A partir de ese momento, el juez Claudio Bonadío resolvió detenerlo. La Policía Federal allanó su casa en busca de “material terrorista” y el magistrado le negó la excarcelación. Rossano pasó las fiestas tras las rejas: permaneció en el edificio Centinela unos días, luego fue trasladado a la comisaría 29, después a la 28 y, finalmente, al penal de Marcos Paz, donde lo ubicaron “en una celda común, con otros presos” y denunció que fue “maltratado por gente del Servicio Penitenciario”.

Ahora, con su situación judicial resuelta, no se despega un segundo de su papá, Pablo Rossano, a quien suele ayudar en el puesto de golosinas de la estación de Laferrere.

Mientras estaba detenido, Esteban reclamó su mochila. “Es una azul y roja”, dijo a los gendarmes que habían mezclado todos los bolsos secuestrados aquel día. Trajeron dos testigos y la abrieron: adentro había dos piedras y cuatro panfletos de tres agrupaciones políticas diferentes, del Movimiento Territorial de Liberación, de una agrupación kirchnerista y de otra trotskista. “Con el único que hablo de política es con mi viejo”, aclaró Rossano.

“Se rompió la cadena de custodia de la mochila. No sirven ni siquiera para plantar pruebas”, dijo Adrián Albor, abogado del joven. “Los panfletos estaban pisoteados, los juntaron del piso y además eran de agrupaciones distintas”, explicó. En diálogo con este diario el abogado fue tajante respecto de la caracterización política del caso: “Claramente la conducta del juez Bonadío estuvo dirigida a desalentar futuras protestas. El gobierno ha decidido un programa de miseria planificada que necesariamente genera protesta social. Bonadío puso su granito de arena para que cualquier persona lo piense dos veces antes de salir a protestar”.

Albor agregó que “este tipo de conductas ya se ha visto en nuestro pasado y en otros países: los jueces ayudando a gobiernos oligárquicos que destruyen el bienestar de las clases que pretenden dominar”.

Después de la movilización del jueves 14, entre el viernes y el sábado Bonadío liberó a 40 de los 45 detenidos. Además de Rossano quedaron presos Juan Salomón Vallota, Sebastián Giancarellil, Diego Parodi y Pablo Giusto, imputados con distintos argumentos vinculados a sus antecedentes penales, “falta de arraigo” o riesgo de fuga, según los casos. Algunos de ellos eran personas en situación de calle, un motivo por lo que les era imposible fijar domicilio como requería el cuestionado magistrado.

Según pudo saber La Izquierda Diario, del total de apresados que entre el 13 y el 18 de diciembre superaron el centenar, aún hay dos que siguen presos, Diego Parodi, militante anarquista, y José María Carrizo. En tanto, las causas iniciadas por algunos de los manifestantes que fueron heridos no avanzan, a pesar de que se presentaron como querellantes.

Tal es el caso de Daniel Sandoval, el docente que perdió la visión de su ojo derecho por las balas de la represión de la Policía de la Ciudad, quien demanda al Estado con el patrocinio del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH). Es el mismo expediente en el que la fiscal federal Alejandra Mángaro impulsó una acusación contra los manifestantes del 18D, que recayó en el juzgado de Sergio Torres. Es la causa 20.270 en la que estuvieron detenidos los militantes del PO César Arakaki y Dimas Ponce.

A solicitud del fiscal Germán Moldes Arakaki y Ponce deberían volver a prisión preventiva con el argumento de que estando prófugo Sebastián Romero, ellos podrían entorpecer la investigación, a pesar de que sólo están acusados de lesiones en riña y atentado a la autoridad. El PO apeló a Casación así que hasta tanto están en libertad.

El 29 de junio Bonadío sobreseyó a Rossano y a los demás once acusados porque “no se ha podido comprobar la participación dolosa de alguno de los nombrados en los hechos por lo que se los indaga” y archivó el expediente por la “orfandad de elementos de convicción”, según consta en su resolución.

¿Qué le habrá querido decir cuando se tomó el atrevimiento de advertirle a Rossano que se fije por dónde camina? A juzgar por las crecientes protestas sociales, el mensaje represivo del gobierno fue neutralizado por la organización y las luchas. Sin embargo, cabe el interrogante: mientras estos jueces y estos funcionarios detenten el poder ¿habrá próximas veces?







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