Economía

TRIBUNA ABIERTA

La Fruticultura en la norpatagonia: Ajustes gubernamentales y alternativas al modelo de exclusión

La mentada “adecuación” al mercado por incorporación tecnológica y aumento de la “competitividad”, resultan ser nuevos planes de una vieja receta de ajuste sobre los más vulnerables. Crear una alternativa de producción que avance en pos de una soberanía alimentaria podría ser un horizonte más saludable, menos contaminante y más equitativo. ¿Puede construirse algo así?

Martín Álvarez Mullally**

Observatorio Petrolero Sur

María Belén Alvaro*

Doctora en Ciencias Sociales

Jueves 4 de enero | 02:06

Para resumir las políticas públicas destinadas al sector frutícola en las últimas décadas se podría decir que han sido desarrolladas desde una misma lente con distintos prismas. En julio del 2017, Gustavo Lopetegui subsecretario de Evaluación Presupuestaria e Inversión Pública de nación, al diagnosticar al problema frutícola norpatagónico declaró: “Hacen fruta que no pide el mercado”. Lo hizo desde la meca patronal en el marco de la 130° Exposición Ganadería, Agricultura e Industria Internacional organizada por y en la Sociedad Rural Argentina. El ex CEO de la empresa aérea LAN, cosechó en breve el rechazo de todo el arco político, incluyendo al aliado gobierno rionegrino comandado por Alberto Weretilneck.

Para los gobiernos de la norpatagonia las problemáticas diagnosticadas son más diversas y multicausales que la expresión de Lopetegui, aunque van por la misma senda a la hora de hacer propuestas. Intentaremos analizar el plan integral gubernamental denominado como el Libro Blanco de la fruticultura, este es un programa de acuerdo común entre los gobiernos de las provincias de Río Negro y Neuquén realizado a fines del 2016 y promocionado en 2017. Este programa es regresivo en materia de derechos laborales y se caracteriza por sostener exigencias desmedidas al eslabón más vulnerable de la cadena. El peso de ser más “competitivos” recae sobre una mayoría que se encuentran más golpeados. Endeudamientos, ajustes, mayor precarización son parte de la política impulsada para que los números cierren.

Esta instancia es complementaria al artículo “La fruticultura en la Norpatagonia: concentración, sujetos sociales y transformaciones capitalistas” en donde buscamos describir la cadena de valor del sector y la composición de sujetos/as en la producción.

Un programa de ajuste y precarización

El Libro Blanco de la fruticultura a modo de presentación plantea que “los Gobiernos de Río Negro y Neuquén no podían seguir destinando fondos a la producción frutícola como si fueran subsidios. Y todo para volver al año siguiente. Así que pensamos que había decir basta, reordenar el juego y arrancar de vuelta”. El papel de los estados provinciales será de acompañamiento y gestión según reza el propio manifiesto. Además de recortes en los aportes patronales, ajustes y reconfiguración del mundo laboral persiguiendo una mentada “productividad”, también impulsa la creación de mesas sectoriales integradas por un arco amplio de actores en donde se definirían las políticas a implementar. Débiles y poderosos en la misma mesa es una extensión de neoliberalismo recargado que a nivel macroeconómico, (hace que) las políticas públicas de “desarrollo estratégico productivo” queden una vez más en manos del mercado y de los actores más poderosos de la cadena.

Al entender de los gobiernos, revertir la situación actual es cuestión que se resuelve con mayores esfuerzos de la pequeña y mediana producción independiente (chacarera) y los sindicatos. El gran problema es la falta de competitividad según los diagnósticos gubernamentales. En términos de disputas en el mercado internacional de frutas, sobre todo en el hemisferio sur, otros lugares como Sudáfrica y Chile han ocupado cuotas del mercado argentino al tener una composición de costos diferenciales.

Fuente: Gobierno de la provincia de Río Negro- Informe “Diagnóstico” (2017)

Para lograr ser más competitivos los estados impulsan: A) mayor productividad aplicando tecnología en el sector producción y empaque/conservación. B) Reestructurar el trabajo para mejorar la productividad de la mano de obra. C) Mejorar el tipo cambiario (dólar). D) Nuevo esquema impositivo para el sector. F) Plan de reconversión productiva (nuevos frutales y especies). G) Incentivos con baja de retenciones y exportación por puertos argentinos. H) Crear nuevas organizaciones con mayor dinámica.

El papel que le otorgan al valor de la fuerza de trabajo es fundamental para llegar al objetivo de “ganar competitividad”. Para los estados la mano de obra es cara y representa casi un cincuenta por ciento del costo final. Las variables de ajuste pasan por una reducción de las contribuciones patronales. Esto significa un achique de las arcas del Estado Nacional en materia de Seguridad Social que deberían tener como fin dar más garantías de ampliación de derechos. Una medida similar fue adoptada como bandera de rentabilidad durante la segunda gestión de Carlos Menem (1994-1999) y fracasó. Hoy el gobierno vuelve a reeditar intenciones e impulsando una reforma previsional y tributaria sacada a fuerza de represión y extorsiones a los gobiernos provinciales. En julio del 2017 el presidente Mauricio Macri expresó “los impuestos nos están matando a los argentinos”, claramente no hablaba del cumplimiento de sus promesas de campaña de quitar impuestos al salario o del tarifazo sufrido por la clase trabajadora, sino más bien lo decía desde su identidad empresaria apuntando a reducir las obligaciones existentes al sector.

Otra de las variables contempladas es la mensualización de la mano de obra, generando obreros polifuncionales que puedan realizar las distintas tareas durantes todo el año. A su vez una reducción de la mano de obra con la incorporación de tecnologías, también asegura que los trabajadores deberán aumentar su productividad. Emular el acuerdo logrado con los petroleros para Vaca Muerta a otros sectores es un sueño macrista que con distintas características se va cumpliendo ante la anuencia de una displicente CGT. Recientemente se lo implementó con los/as obreros/as lecheros/as y prontamente la mentada “productividad” promete ir convirtiéndose en ley. En este caso particular se pretende que los sindicatos sean quienes propongan un plan de adecuación, otra demostración de un ejercicio democrático

También en materia laboral el Libro Blanco prevé un mayor control y reducción del alto nivel de ausentismo y los conflictos sociales. Propone que los sindicatos establezcan un nuevo régimen. En cuanto al ausentismo, impulsa que el trabajador presente un certificado de enfermedad respaldado con la historia clínica. La mano de obra del sector rural es itinerante y va siguiendo los ciclos productivos de distintas zonas. Son los llamados trabajadores “golondrinas” a quienes seguro les resultará muy difícil tener su historia clínica en mano siendo de provincias donde el acceso a la salud es una tarea difícil. Entonces lo que se presenta como un requerimiento más para reducir el ausentismo, puede transformarse en la realidad como un benefició más al empleador que no pagará las ausencias por enfermedad que no tengan respaldo con historia clínica. Esta llamada “adecuación” que impulsan los gobiernos provinciales encuentran como matriz de origen en el “sinceramiento” de Cambiemos.

Fuente: Libro Blanco de la Fruticultura. Gobierno de Río Negro (2016)

Un sector especialmente afectado es el de la pequeña y mediana producción, el programa diagnóstica el alto promedio etario de la mayoría de los/as productores/as. Según el estudio los/as productores/as con menos de 40 años sólo son el 10% del total, entre 40 y 60 años el 37%, mientras que el 53% supera los 60 años. Plantean una necesidad de renovación generacional pero no existe lineamientos concretos de como piensa el gobierno que deber ser. Mucho menos cuál será la suerte que van a correr quienes sean reemplazados/as, sin embargo se pretende que quienes encabezan unidades productivas se endeuden y se adapten a las innovaciones tecnológicas que el mercado internacional de frutas exige. A esto debe sumarse que el mayor porcentaje de productores/as se ubican en estratos pequeñosy su carácter aún es de “productor/a familiar capitalizado/a que combina la utilización de tierra capital-trabajo familiar en la reproducción social bajo determinadas condiciones de producción (dotaciones de recursos y relaciones de producción), y en el marco de relaciones propias del sistema capitalista”. La reconversión plateada por los gobiernos representa en este sentido un peligro de desaparición de productores/as que cumplen una reproducción social antagónica a la impuesta por el gran capital trasnacional (Alvaro, pág 12, 2013)

El tipo cambiario es un debate recurrente en el sector por la lógica exportadora con la que se rige, incluso las mismas cámaras de productores han exigido mayor movilidad cambiaria, o sea devaluaciones más recurrentes. El retraso generado entre el costo de producción y la venta en sí, le da como resultado pérdida de ingresos en un margen de ganancia ya acotado al entender de los productores. Con la llegada del gobierno de Mauricio Macri hubo una gran devaluación, el dólar -la moneda que rige el mercado- pasó de 9.80 a 15.50 en tan solo tres meses y la suerte de los productores no por ello mejoró, sino todo lo contrario ya que los insumos para la producción aumentaron su representación en el producto final. De orientar la producción por fuera de la dependencia del mercado internacional, este tipo de reclamos no serían lógicos.

Las políticas públicas de incentivos tienen varias medidas, entre ellas la eliminación del 5% de retenciones a la exportación y un reembolso de un 7% a las frutas salidas por puerto patagónico. Otra medida donde sigue marcada la lógica del mercado internacional de frutas.

Fuente: Libro Blanco de la Fruticultura. Gobiernos de Río Negro y Neuquén. 2016

La reconversión de frutales también está pensada en función a la demanda internacional. La propuesta queda en manos de los propios productores y su capacidad de endeudamiento por más que sea a “tasas bajas”. Los niveles de reconversión por otras especies y recambio de nuevos frutales han alcanzado a los sectores de productores medios y las grandes empresas integradas. Mientras que la pequeña producción no ha logrado avanzar en este sentido a los ritmos sostenidos que viene requiriendo desde hace décadas el cambiante mercado internacional. A la pérdida de tierras productivas por loteos y en algunas zonas por la explotación hidrocarburífera no convencional se les suman las abandonadas o las que transitoriamente dejan de producir por las incertidumbres económicas de la actividad. Estas pérdidas, además del impacto social por la salida de sujetos de la actividad agraria, se tornan un gran peligro ya que alteran el ecosistema y generan un aumento en las plagas y su tratamiento. Según los cálculos de las provincias las tierras productivas perdidas rondaría en 15.000 has.

En el caso de Allen el número es alarmante, allí existen unas 3200 has productivas, pero “entre 2009 y 2014, perdió 409 hectáreas de frutales (el 6,3%) según SENASA 2015.”(Rodil, 2015). Esa zona vive el epicentro de la explotación hidrocarburífera no convencional con método de fractura hidráulica, la etapa de pérdidas de tierras productivas coincide con la implementación del Plan Gas, incentivo del gobierno Nacional que subsidia a la extracción en más del doble de su valor dólar por millón de BTU.

El gobierno provincial pretende impulsar nuevas organizaciones en paralelo a las ya existentes. Las llama Organización de Productores (OP) al encuentro entre productores y empresas con la idea de construir un programa de cooperación para la comercialización directa con fines de reducciones de costos para la ganar competitividad. Y para optimizar ventas en el mercado internacional promueve el encuentro entre empresas. Estas serán controladas y fiscalizadas por el estado y contarán con una certificación emitida por las provincias. Esta política en lugar de ser inclusiva y participativa, acrecienta la brecha entre el eslabón más vulnerable de la cadena y los sectores medios y concentrados. Los/as pequeños/as productores/as tendrán que negociar y armar su propio plan para el sector junto a los sectores empresariales. Otra instancia propuesta son Asociación de Organización de Productores (AOP) los fines son gremiales y el armado de una mesa con el Estado Nacional. Las Cámaras de productores y la Federaciones se les brinda un rol gremial y no de constructor de lineamientos para el sector.

El programa provincial tiene un anclaje en el discurso neoliberal del gobierno de Cambiemos, donde la “productividad”, el “emprendedurismo” son las características deseables para dinamizar la cadena frutícola, y el ajuste recae en el sector de pequeños productores/as y trabajadores frutícolas, responsabilizándoles de no cumplir con esas características. De avanzar con estas medidas se corre el peligro de desestructurar definitivamente un sistema de producción que con falencias e inequidades que aún puede ser modificado en pos de otros objetivos.

Este diagnóstico y líneas de trabajo planteadas aún no han sido refrendadas por el gobierno nacional, en cambio sí fueron rechazadas por las distintas cámaras y la Federación de Productores, quienes construyen su propio plan productivo junto a técnicos de la Universidad Nacional del Comahue.

Construir un camino a una transición alimentaria soberana: ¿nuevos? elementos al debate

En un contexto como el descripto se vislumbra que las posibles “respuestas” de las instituciones gubernamentales a las graves dificultades que enfrenta la fruticultura son de corte privado, exportador y empresarial. No es el único tipo de respuestas posibles, aunque sí el más conocido y probado sin éxito, a pesar de sus múltiples formulaciones. Sería seguir probando con la misma lente. Pero, si se considera al territorio productivo como espacio de generación de alimentos, y a quienes intervienen en la cadena como sujetos/as de producción alimentaria, la idea de soberanía alimentaria comienza a tener una existencia propia en ese debate.

Abordar la actividad desde su implicación para la producción social de alimentos no es algo novedoso ni que surge de manera forzada para resolver una encrucijada. Es más bien un compromiso firmado por Argentina en la XVIII Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano donde se suscribe a la “Ley Marco de Seguridad y Soberanía Alimentaria”, conjunto de normas desarrollado con el apoyo de FAO y en el marco de la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre en 2012. La FAO define a la Soberanía alimentaria como “el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental” (Conclusiones del Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria. La Habana, Cuba, Septiembre 2001,)

Si bien se tiende a asociar temas de soberanía alimentaria con pobreza, este es un recurso discursivo que se agota cuando al analizar su definición vemos que la soberanía alimentaria no es responsabilidad de, ni está asociada exclusivamente a los sectores vulnerabilizados, sino que implica a la vez una afectación pública y la demarcación de un objeto de política de Estado.

Algunos datos nos ayudan a plantear que la sucesión de “soluciones” implementadas hasta ahora desde el “consenso empresarial frutícola” constituyen escenarios cada vez más alejados de escenarios de Soberanía Alimentaria. Podemos mencionar, por ejemplo, la disminución en entre los años 1988 y 2008 de un 60% de la fuerza de trabajo familiar involucrada en las tareas de la parcela y la salida de la actividad de un 33% de productores/as en el mismo lapso de tiempo, ubicados predominantemente en los estratos medianos y pequeños (CNA ‘88/’02/’08).

Pensar a la fruticultura como una empresa privada sin connotaciones sociales y a los/as chacareros/as como meros sujetos/as capitalistas cierra el debate a las aristas privatistas y a las consabidas evaluaciones de rentabilidad ya conocidas. Al mismo tiempo, la pequeña y mediana producción chacarera implica una lectura compleja, en tanto compuesta por sujetos/as sociales que se comportan de manera no típicamente capitalista en el mercado dadas su combinación de aporte de fuerza de trabajo familiar y propiedad de la parcela. Una lectura que, en otras palabras, caracterice su reproducción social desde su rol social en la producción y autoproducción de alimentos.

La importancia de sumar al debate frutícola elementos que enriquecen y tensionan las posibles respuestas hasta ahora en ciernes nos parece un ejercicio de interpelación a las recetas mágicas ya fracasadas. El debate sobre el devenir de la actividad y los territorios productivos requiere ser abordado en términos de soberanía alimentaria, ampliar la discusión que involucra a los pueblos que habitan el Alto Valle e interpelar a las esferas gubernamentales responsables de los compromisos asumidos.

Construir propuestas de políticas públicas para una transición que pueda revertir el camino único al que ha llevado el dominio de la lógica del mercado internacional es una tarea urgente. La alta concentración en manos de las grandes empresas agroexportadoras, las pérdidas de tierras productivas, la reconversión por actividades extractivas, el cierre de unidades productivas , el endeudamiento de productores, una mayor flexibilización laboral -a la que pretenden profundizar-, el “atraso” en la escasa tecnificación de la producción, son parte de las consecuencias de esas políticas. Pensar en un plan de producción alimentaria soberano con fines de mayores márgenes de autonomización en la producción alimentaria, generador de mayor equidad y ampliador de derechos es una tarea que pendiente a ser resuelta antes de que el complejo frutícola caiga en un estado irreversible.

Propuestas como la estatización con control mixto -productores-trabajadores y estado- de los eslabones que son organizadores de la cadena -selección y frío-, la construcción de un régimen tributario y fiscal para unidades productivas familiares, la creación de centros de acopio, procesamiento y comercialización de alimentos, pueden ser un primer paso en la discusión, aunque no el único. Esperemos que la construcción de alternativas con consenso sólo puede emerger al calor de un amplio debate y de los consensos priorizando las organizaciones colectivas y los intereses populares, contemplando esa totalidad concreta en el abordaje de un problema no meramente técnico y si profundamente político e históricamente desplazado.

Fuentes consultadas:
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas Presidencia de la Nación (Diciembre 2016). Informe de Cadena de Valor Frutícola – Manzana y pera AÑO 1 - N° 23. Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo Subsecretaría de Planificación Económica. Dirección Nacional de Planificación Regional. Dirección Nacional de Planificación Sectorial.
Alvaro, María Belén (2013). Estrategias de reproducción social en la producción familiar capitalizada: los chacareros del Alto Valle de Río Negro. Buenos Aires: La Colmena.
Rodil, Diego (2015). Avance de la frontera hidrocarburífera sobre suelo productivo
Estación Fernández Oro, Alto Valle del Río Negro.
Diario Río Negro (25/07/2017) Lopetegui sobre la crisis frutícola: “hacen fruta que no pide el mercado”.
Télam (12/07/2017) Macri: “los impuestos nos están matando a los argentinos”.
FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). (2013). Ley Marco Derecho a la alimentación, seguridad y soberanía alimentaria. Aprobada en la XVIII Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2012 Panamá .

*María Belén Alvaro es doctora en Ciencias Sociales, investigadora y docente de la Universidad Nacional del Comahue

**Martín Álvarez Mullally es investigador del Observatorio Petrolero Sur.







Temas relacionados

Fruticultura   /    Ministerio de Agroindustria   /    Economías regionales   /    Río Negro   /    Neuquén   /    Economía

Comentarios

DEJAR COMENTARIO