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CORONAVIRUS

La Generalitat decidirá quién vive y quién muere de nuestros mayores

Se ha hecho público un documento por parte del departamento de Salud de la Generalitat sobre el no ingreso de mayores de 80 años con coronavirus. 362 ancianos muertos en residencias desde que empezó la crisis. No podemos dejar que el Gobierno decida quién muere y quién se salva de nuestros mayores.

Miércoles 1ro de abril | 17:39

Esta semana se ha hecho público un documento por parte del departamento de Salud de la Generalitat donde se recomendaba el no ingreso de mayores de 80 años con coronavirus a la UCI (Unidades de Cuidados intensivos) en diferentes hospitales y SEM (Sistema de Emergencias Médicas) de Barcelona.

El documento, publicado por Betevé, recomienda “ofrecer los recursos a aquellos pacientes que más se puedan beneficiar, en términos de años salvados” y “’evitar ingresos en pacientes con escaso beneficio”.

Entre los consejos del departament de Salud destinados a los pacientes de más de 80 años, se señala "solo oxigenoterapia con mascarilla" para estos pacientes, considerando también la posibilidad de "tratamiento de confort (con morfina, midazolam).

En el caso de los menores de 75 años, el procedimiento recomienda hacer uso de la mascarilla y si no mejoran emplear el uso del respirador. En cambio, en los pacientes de entre 75 y 80 años se utilizará directamente la mascarilla menos en aquellos casos que tengan buena salud, que se utilizará el respirador.

Es decir, la Generalitat y el departamento de Salud están haciendo una verdadera criba sobre quién muere y quién se salva de la pandemia del coronavirus y de la crisis del colapso sanitario en Cataluña.

Además, otro de los puntos nombrados en el documento es el que tiene relación con las residencias de ancianos o con sus domicilios. Y es que también se recomienda no enviar al hospital a ancianos con sintomatologia muy grave.

“Cuando se observe futilidad de medidas terapéuticas, se puede dejar el paciente en el domicilio, siempre que se pueda asegurar con la red de atención primaria un seguimiento y curas paliativas”.

Pero la realidad ya se ha avanzado al documento de Salud. Y es que hoy se ha conocido la cifra total de 362 ancianos muertos que estaban en residencias desde que empezó el Estado de alarma el pasado 15 de marzo.

Pero no hace falta ir a los datos duros, durante las últimas semanas han sido diferentes testimonios de trabajadoras auxiliares de residencias las que han estado denunciando la situación ultra precaria que están viviendo en esta crisis.

La consellera Vergés lo niega, la realidad lo confirma

No obstante, la consellera de Salud, Alba Vergés, declaraba ayer martes que “los criterios clínicos prevalecen por encima de todo”, y cree que “se aplicará la intensidad terapéutica que merezca cada persona”, negando así las instrucciones que aparecen en el documento oficial.

Pero las palabras se las lleva el viento y los hechos hablan por si solos. Y es que ya son centenares, por no decir miles, los casos de personas mayores de 80 años que se han visto excluidas y apartadas del sistema sanitario en algunos hospitales de Barcelona por carencia de recursos.

La situación de falta de material está obligando al personal sanitario a hacer una auténtica criba entre sus pacientes -en criterios de edad y estado de salud- que en definitiva los obliga a elegir entre quién vivirá o quienes morirán.

Las recomendaciones también se centran en términos económicos, como por ejemplo cuando se habla de “el escaso beneficio” que suponen los abuelos y abuelas de más de 80 años, algo que hace pensar que se está valorando menos la vida que el capital, muestra inequívoca de lo que es el capitalismo.

El hecho que el Govern de la Generalitat lleve recortando millones de euros en sanidad pública en las últimas décadas -con la gestión de partidos del Régimen como PP y PSOE- está haciendo visible la precariedad de las condiciones en las que se ha quedado la sanidad pública fruto del expolio y del beneficio capitalista.

Y es que desde que empezó a gobernar CiU con Artur Mas al frente en 2010, el presupuesto del departament de Salud ha pasado de 10.000 millones a 8.000 en solo tres años y la sanidad pública, en los últimos diez años, cuenta con un 30% menos de camas y un 40% menos de quirófanos.

Frente a esto, se vuelve necesario exigir la puesta de forma efectiva e inmediata de todos los medios de la sanidad privada a disposición de la pública, y no solo de palabra, tal y como hacen desde el Goven de Quim Torra. Hace falta con urgencia que todo el material disponible, guantes, mascarillas, desinfectantes, EPIs, y ni hablar de respiraderos artificiales y camas, del que dispone la privada pase a manos de la pública.

Pero para que todos los recursos de la privada y también de la industria farmaceútica estén al alcance de la sanidad pública, para que nuestros abuelos y abuelas también puedan acceder a la UCI y a los respiradores, sin cribas ni selecciones, es necesario que todo esto esté también en manos de comités formados por las trabajadoras y trabajadores sanitarios, que son quienes de verdad harán un uso adecuado, transparente y democrático.

A la vez, es importante pensar soluciones de emergencia también a la situación de las residencias de gente mayor. En primer lugar tenemos que exigir que se haga el test de la Covid-19 a todas las trabajadoras y residentes, como parte de la población de más riesgo enfrente el virus. Pero también que todas las residencias privadas pasen a ser públicas, sin compensación económica y gratuita para las familias que se encuentran actualmente sin recursos.

No obstante, todo esto no será posible sin tocar los beneficios de los capitalistas y de las grandes empresas de la Ibex 35. Hace falta un verdadero “plan de choque” alternativo a las medidas de los gobiernos central y autonómicos, para hacer frente a esta situación y para que los sectores populares y la clase trabajadora dejemos de pagar las crisis sociales, económicas y sanitarias como hemos venido haciendo durante toda la historia.







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