Política

DEBATE

La democracia y la “nueva derecha democrática”

La discusión sobre la “nueva hegemonía” de Cambiemos se complementa con el debate sobre el supuesto carácter democrático de la nueva derecha. La cuestión de fondo es la democracia misma.

Fernando Rosso

@RossoFer

Miércoles 30 de agosto de 2017 | Edición del día

El triunfo de Cambiemos en las elecciones de 2015 desató una polémica en torno a su naturaleza política. El resultado de las recientes primarias reabrió el debate con diversas aristas. Una de ellas fue sobre las potencialidades “hegemónicas” de la coalición. Otra, sobre el carácter “democrático” de la nueva derecha, dos discusiones que están íntimamente relacionadas.

En el marco de la desaparición forzada de Santiago Maldonado y el encubrimiento evidente del Gobierno a la fuerza sobre la que recaen las principales sospechas (Gendarmería), la impugnación a la definición es más que razonable.

Pero además, existen presos políticos ilegales como Milagro Sala en Jujuy o Facundo Jones Huala en Chubut, que también ponen en cuestión el presunto carácter democrático de la derecha cambiemista. El laboratorio autoritario de Gerardo Morales en la provincia norteña tiene incluso otros condimentos como la instauración de un estado policial o el nombramiento de una Corte Suprema a dedo y en familia.

Estos son los hechos y prácticas antidemocráticos más sobresalientes pero no los únicos: existe el pacto de convivencia permanente con las fuerzas de seguridad (policías provinciales y especialmente la Bonaerense, donde no hay una “lucha contra las mafias”, sino el apoyo a una mafia contra otra); el uso y abuso de las cloacas de los servicios de inteligencia (alguna vez llamados certeramente los “sótanos de la democracia”), un sottogoverno que opera en las sombras y condiciona al conjunto del régimen político; una Justicia privilegiada y ligada íntimamente a los servicios; o la amplia continuidad en las fuerzas de seguridad, entre los espías y en el poder judicial de personal que revistó bajo la dictadura.

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El listado puede ampliarse y, como se dice, “hacer sistema”: en términos institucionales, la concentración de poder en el Ejecutivo y el uso discrecional y arbitrario de los recursos fiscales para disciplinar a opositores. No hay que olvidar que al inicio de su gestión, Macri tomó medidas tan “democráticas” como intentar introducir por la ventana dos jueces por decreto en la Corte, tomó también por decreto bruscas resoluciones económicas que afectaron a las mayorías o con el mismo método desmanteló y derogó leyes votadas. En lo que afecta a la organización de los trabajadores, un régimen sindical estatizado y en muchos casos totalitario con métodos de patota para el control del movimiento obrero (una característica permanente del Estado argentino); y en relación a los problemas sociales, una regimentación y policialización de la vida civil, especialmente contra la juventud de los barrios pobres.

Esto sin hablar de otros derechos democráticos elementales negados, como el derecho al aborto legal que empuja a la muerte de cientos de mujeres pobres por año en prácticas clandestinas, la no separación de la Iglesia del Estado (una cosa, evidentemente, relacionada con la otra) o la restricción al derecho a la información y la palabra con la concesión de licencias y pauta a los monopolios mediáticos afines que en el caso Maldonado actuaron, una vez más, al servicio del encubrimiento.

Los partidarios del macrismo pueden argumentar que varias de estas últimas cuestiones no son privativas de su administración y tienen razón. La sustancia de esta democracia degradada fue trabajosamente construida y sedimentada por los distintos gobiernos desde la caída de la dictadura.

Un poco de historia

Transcurrieron cerca de 35 años de historia de esta democracia que tiene entre sus padres fundadores a Raúl Alfonsín. El “progresismo democrático” del presidente radical fue sepultado con la capitulación frente a los militares a quienes otorgó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final; bajo su gobierno se produjo el fusilamiento a sangre fría de los militantes del Movimiento Todos por la Patria en el intento de copamiento del cuartel de La Tablada. Y luego de un sistemático ataque a las condiciones de vida de la población, la coronación fue la violenta represión de los saqueos de 1989 poco antes de la huida del poder. El plan de entrega que llevó adelante Carlos Menem es reconocido por todos y todas, además de la pérdida histórica de conquistas de derechos laborales. Fue complementado con la impunidad para los genocidas mediante los indultos y las represiones salvajes producidas durante toda la década del ‘90. Este proyecto fue consolidado, no hay que olvidarlo, con el Pacto de Olivos con Alfonsín que habilitó la reelección de Menem. La Alianza continuó y profundizó el modelo y llevó a la debacle nacional que culminó con más de treinta muertos en todo el país en el 2001. La transición duhaldista (respaldada por todo el régimen) acompañó la devaluación y el asalto al salario obrero con la tristemente célebre represión que terminó en el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán que obligó al adelantamiento de las elecciones. El kirchnerismo debió arbitrar en ese contexto que, como afirmó el historiador Tulio Halperin Donghi, permitió que el Estado retuviera el monopolio de la violencia a condición de usarla lo menos posible. Ese fue el marco del discurso de “no represión” y el impulso a los juicios de algunos jerarcas militares. Sin embargo, allí estuvieron Jorge Julio López con la funesta actuación en los momentos claves de la desaparición (los días en los que Aníbal Fernández afirmaba “a lo Bullrich” que podía estar “en la casa de la tía”) pese al reconocimiento posterior de Néstor Kirchner; también Mariano Ferreyra asesinado por una patota sindical de un gremio aliado al gobierno o Luciano Arruga secuestrado y desaparecido durante más de cinco años por la Bonaerense que el último “candidato del proyecto” supo apañar y proteger. También, la Gendarmería y el Proyecto X, con Sergio Berni al mando o Cesar Milani al frente del Ejército.

Pero si hay algo que demuestra la impunidad que reinó en todos estos años y que es constitutiva de esta democracia es la negativa a abrir y hacer públicos los archivos de la dictadura. Es una razón de Estado porque condenaría a todo régimen político, judicial, empresarial, eclesiástico y sindical; empezando por los intendentes que les cedieron los partidos “democráticos” al régimen del genocidio: 301 (35%) la UCR, 169 (19,3%) el peronismo, 23 los neoperonistas (2.7%); 109 Demócratas Progresistas (12.4%), 94 del Movimiento de Integración y Desarrollo (10.7%), 78 de las fuerzas federalistas provinciales (8.9%), 16 de la Democracia Cristiana (1.6%); y 4 del Partido Intransigente (0,4%). Los archivos hablarían de los campos de concentración en las empresas, de la bendición de las cúpulas de la Iglesia, de la complicidad judicial y de los dirigentes sindicales (que habían empezado su trabajo sucio en las Tres A). El orden democrático se construyó sobre ese soberano secreto de Estado.

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Degradación (anti) democrática

Las bases de esta degradación de las democracias en general y la Argentina en particular están en el feroz aumento de la desigualdad social que produjo el neoliberalismo. El boom de la postguerra, con su crecimiento económico permitió una mayor cooptación o integración de amplios sectores sociales y ese hecho favorecía la relativa estabilidad política y social. Con las diferencias correspondientes entre los diversos países, hoy el desempleo crónico y la pobreza estructural, la polarización en las clases medias y la imposibilidad de otorgar concesiones significativas son las bases estructurales que tienden a minar los cimientos de los regímenes democráticos y a fortalecer los aspectos autoritarios que anidan en su seno. Eso explica, como ejemplo, la creciente militarización de la pobreza que, con diferentes niveles, puede encontrarse en los barrios conurbanos de la Argentina o en las favelas de Brasil.

Queda entonces, como último y casi único fundamento el hecho de que la nueva derecha fue elegida por el voto, dicho en términos weberianos, tienen esa legitimidad de origen. En primer lugar, hay que decir que hasta ese derecho no está libre de enchastre, como demostró la manipulación de la información en el último escrutinio que no fue ni la primera, ni la única. Y particularmente, el sistema argentino de segunda vuelta, produce que una porción de los votos del balotaje tengan un importante componente de mal menor.

Sin embargo, ese árbol no puede tapar el bosque de las prácticas antidemocráticas cotidianas de estos regímenes, más aún cuando la derecha toma el control del Estado e impulsa un discurso de represión, que desató la correa de las fuerzas de seguridad. Una narrativa de rabiosa condena a toda forma de protesta social, de administración y de rígido orden.

La explicación histórica del fenómeno de no apelación a golpes o dictaduras (y por lo tanto de ascenso vía el sufragio) no reside en la “maduración” de una derecha empresarial que presuntamente entendió y se incorporó al juego democrático. Además del debilitamiento y la crisis del movimiento obrero, luego de las derrotas del neoliberalismo, un hecho que implicó que no exista un desafío peligroso al orden social que empuje a soluciones de fuerza drásticas, hay otros elementos que explican esta situación. Analizando la cuestión en América Latina, el intelectual marxista inglés Perry Anderson afirmó que “hay un equivalente funcional al trauma de la dictadura militar como mecanismo para inducir ‘democrática’ y no coercitivamente a un pueblo a aceptar las más drásticas políticas neoliberales. Este equivalente es la hiperinflación. Sus consecuencias son muy parecidas".* A los golpes hiperinflacionarios se pueden agregar las oleadas de hiperdesocupación, la precarización y la pobreza como factores que actúan, eventualmente, como disciplinantes. Sería para un largo debate, cuánto de “democrático” tienen estos deliberados actos de terror económico.

Desmenuzando el itinerario y la fisonomía concreta de la democracia argentina, se puede aceptar que Macri y Cambiemos son la “nueva derecha democrática”: de esta democracia de clase construida sobre estas bases, con prácticas e instituciones antidemocráticas que actúan en todos los niveles de la vida pública: secretos de Estado al servicio de la impunidad, regimentación, militarización y policialización de la sociedad, recurrentes tendencias “cesaristas” en los métodos de gobierno, continuismo de personal de la dictadura en distintos niveles del Estado, regimentación totalitaria del movimiento obrero y siguen las firmas.

La pelea estratégica de la izquierda es por un gobierno de los trabajadores basado en la autoorganización de masas que, parafraseando a Hannah Arendt, es ese tesoro perdido de las revoluciones que hay que recuperar. Pero en este marco de democracias degradas que niegan en su ejercicio cotidiano lo que anuncian en sus principios generales, la lucha por las demandas democráticas es vital: contra los poderes de monarca que tiene el Ejecutivo, por una cámara única de representantes (unificando las funciones ejecutivas y legislativa) que los legisladores y funcionarios sean revocables y ganen como trabajador promedio, por la elección universal de los jueces y los juicios por jurado (para terminar con esa casta privilegiada). Todas ligadas a las peleas inmediatas contra las represiones y las avanzadas contra las libertades democráticas.

Otra perspectiva distinta y opuesta a concederle credenciales realmente democráticas como valor positivo a la nueva derecha de Cambiemos y menos en este momento dónde el país entero se hace una pregunta urgente: ¿Dónde está Santiago Maldonado?

*Perry Anderson: Balance del Neoliberalismo: lecciones para la izquierda – Revista Viento Sur, Nº6,1996

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