Mundo Obrero

EL PARO EN CÓRDOBA

La huelga a debate: “servicios esenciales” y derechos esenciales

La huelga del transporte en Córdoba, que demostró el poder que tienen los trabajadores y sus acciones de lucha, ha desatado la furia de los empresarios y el gobierno. Se viene un nuevo intento por recortar el derecho de huelga.

Miércoles 14 de junio | Edición del día

¿Quiénes son los que hacen funcionar los “servicios esenciales” – trenes, colectivos y subterráneos – a pesar de las pésimas condiciones en que empresarios y funcionarios obligan a viajar a millones de trabajadores? ¿Quiénes curan y cuidan, con su esfuerzo y conocimiento, a miles de pacientes afectados por la desinversión estatal y el negocio privado con la salud? ¿Quiénes sostienen la educación, y la contención, de millones de chicos y chicas que asisten a las escuelas públicas también desfinanciadas? ¿Y quienes atienden a los miles de pibes que van a los comedores a no morir de hambre? ¿Quiénes garantizan que funcionen los “servicios esenciales”, el agua, la luz, el gas y las comunicaciones, mientras los empresarios cuentan los billetes de los subsidios y los tarifazos?

El debate sobre los “servicios esenciales” muestra toda la hipocresía de los empresarios y los políticos tradicionales. Choferes y maquinistas, enfermeras y docentes, telefónicos y electricistas, son ellos los que hacen funcionar las palancas de la economía del país, muchas veces en jornadas agotadoras, pésimas condiciones y magros salarios.

¿Cómo pueden hablar del “respeto por los derechos de esos millones de usuarios” quienes han privatizado el transporte y los servicios vitales para la vida de millones? ¿Cómo pueden hablar del “acceso a los servicios esenciales” quienes tienen la mitad del país sin redes de gas natural, mientras todos los inviernos familias mueren de frío o incendiadas por calentarse como pueden? ¿Cómo pueden hablar los que cortan la luz o el agua a quienes no pueden bancar el tarifazo? ¿Cómo pueden hablar quienes congelan los presupuestos de salud y condenan a miles de enfermos a esperar meses un turno o morir esperando una cama en el hospital? ¿Y los que causaron la tragedia de Once, y cuántas más, porque convirtieron el transporte público en un negocio corrupto? ¿Cómo pueden hablar los responsables de que haya miles escuelas sin calefacción, con aulas destruidas, mientras atacan a los maestros?

Es pura hipocresía.

Solo a los trabajadores les importan que la población pueda acceder a los “servicios esenciales”.

¿Cómo pueden hablar del “respeto por los derechos de esos millones de usuarios” quienes han privatizado el transporte y los servicios vitales para la vida de millones?

Derechos esenciales

Con el argumento de los servicios esenciales, los empresarios y el gobierno de Córdoba han emprendido un ataque contra los huelguistas cordobeses. Los trabajadores y trabajadoras que transportan a miles de personas todos los días, acudieron a su derecho de huelga para reclamar de algo tan “esencial” como rechazar un salario de miseria, que no quede un centenar de sus compañeros en la calle y la posibilidad de elegir democráticamente a sus representantes gremiales.

Pero el intento de cercenar el derecho de huela es una historia repetida, tan vieja como la lucha de clases. Una historia que en nuestro país tiene muchos capítulos, desde las primeras reglamentaciones a la huelga en servicios esenciales en 1945. Los gobiernos militares que le sucederían sumarían nuevas normas que el tercer gobierno de Perón afirmaría con la ley 20.638 en 1974. El mayor ataque se produciría con la dictadura, que mediante distintas leyes prohibiría (Ley 21.261) o directamente condenaría como delito (Ley 21.400) la huelga y cualquier medida de acción directa.

Menem, antes de iniciar las privatizaciones, dictaba el Decreto 2184/90, para limitar el derecho de huelga también en el transporte. El kirchnerismo, cuando comenzaba el proceso de luchas que veía surgir el “sindicalismo de base”, incluía en la Ley 25.877 un artículo que reglamentaba la huelga en ciertos servicios. Aunque no incluía el transporte o la educación, le daba a una “comisión de notables” (llamada “comisión independiente”) la atribución a que incorpore nuevos sectores o decida en determinados conflictos.

Las amenazas se sucedían ante cada conflicto que sacudía las grandes ciudades. Desde el subte hasta el hospital Garrahan, pasando por los aeronáuticos y los docentes bonaerenses y neuquinos.

Una y otra vez, los gobiernos de turno han intentado recortar el derecho de huelga, intentando que los trabajadores no desarrollen todas sus fuerzas para pelear por sus reclamos. Una y otra vez, más allá de las amenazas, los trabajadores volvían a paralizar el país en luchas duras y paros generales que ninguna norma podía detener. Derecho contra derecho, como decía Marx, decide la fuerza.

Aún así, la actual ofensiva no tiene legitimidad ni legalidad. Desconoce garantías que tras décadas de lucha han quedado fijadas en la Constitución, e incluso normas internacionales como las de la Organización Internacional del Trabajo, que desconoce al transporte público como un "servicio esencial".

El intento de cercenar el derecho de huela es una historia repetida, tan vieja como la lucha de clases.

La discusión de fondo

El ataque que vemos hoy tiene un objetivo inmediato, elemental, de limitar las acciones de conflictos en curso, como el de los choferes cordobeses. Pero, además, guarda otro objetivo más de fondo, estratégico: criminalizar aquellos métodos de lucha que son capaces de conmover al país capitalista. Detrás de la furia de políticos y empresarios, se levanta el fantasma de la huelga general. O de la “huelga metropolitana”, aquella en la que los trabajadores de los grandes servicios de las ciudades muestran quién tiene el control de la economía.

Por eso, en estos momentos es fundamental la defensa del derecho de huelga, de los choferes cordobeses pero también de toda la clase trabajadora. Tenemos que rechazar la voluntad del Estado de definir y reglamentar las acciones que los trabajadores pueden hacer en defensa de sus derechos. Son ellos los únicos legitimados para decidir las medidas y el modo en que las llevan adelante, incluida la decisión de cuáles servicios son “esenciales” y cuáles no.

La CGT y todas las centrales sindicales deberían convocar sin vueltas a una medida de fuerza inmediata ante este ataque.

Junto a esta defensa, es necesario que la estrategia obrera vea cómo sumar la solidaridad y simpatía de la población con sus reclamos. Los choferes de la línea 60, que alternaban los paros con el no cobro de boletos, la apertura de molinetes en el subte contra el tarifazo o, yendo más lejos, los trabajadores eléctricos franceses que en medio de la huelga le cortaban la luz a los ricos y le devolvían a las familias pobres, son algunos ejemplos. La alianza con los usuarios, una unidad que los empresarios y gobernantes quieren evitar, es una tarea “esencial” de cualquier huelga que pretenda triunfar.








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