Política

GENOCIDIO

La mayoría de los genocidas condenados están libres o en sus casas

El informe 2019 de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, muestra que persiste la tendencia en alza de represores y cómplices del genocidio perpetrado en Argentina que se encuentran en libertad, y que el arresto domiciliario sigue preponderando como modalidad de encierro.

Viernes 27 de diciembre de 2019 | 11:59

Foto: La Imposible

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) publicó su informe 2019. En el mismo refleja el panorama del estado de las causas de lesa humanidad. Los datos reflejan que al igual que en el 2018, hay una disminución de personas detenidas en el marco del proceso de juzgamiento.

Son un total de 884 los represores que se encuentran en libertad, no sólo por el aumento de las excarcelaciones y la baja del dictado de prisiones preventivas, sino también porque este año aumentó un 14% la cantidad de fallecidos impunes.
Entre los procesados hay 29 que actualmente están prófugos.

Durante el macrismo la cantidad de genocidas libres se duplicó. En 2015 había 1070 represores detenidos y 791 libres, mientras que en 2019 son 884 los apresados y 1590 quienes se encuentran en libertad.

También aumentó en estos cuatro años la cifra de detenidos con arresto domiciliario: en 2015 eran 439 y en 2019 son 608. En consecuencia, es notoria la disminución de los apresados en el Servicio Penitenciario: 603 en 2015 y 200 en 2019.

Si tenemos en cuenta que hubo alrededor de 600 centros clandestinos (CCD) de detención en promedio durante la dictadura, entre 2006 y 2019 solo se llegó a "investigar" a poco más de 5 genocidas por CCD. Esto quiere decir que la enorme mayoría de ejecutores de secuestros, violaciones, saqueos, torturas, asesinatos y desapariciones nunca fue tocado siquiera por un expediente.

El mismo Eduardo Luis Duhalde, quien fue Secretario de Derechos Humanos del gobierno de Cristina Kirchner, aseguró en el marco del juicio al genocida Luciano Benjamín Menéndez en Córdoba en el año 2008, que unas 200.000 personas estuvieron implicadas en el Terrorismo de Estado.

Que a casi 44 años del golpe genocida todavía no hayan sido condenados todos sus responsables ni encontrados todos los hijos e hijas de desaparecidos, muestra que la impunidad les fue garantizada por todos los gobiernos desde el año 1983.

A esta situación se llegó con la complicidad de todos los gobiernos y con la complicidad de todas las patronales (principales promotoras del genocidio), de todas las conducciones de las fuerzas represivas en "democracia", de la Iglesia y de gran parte de la burocracia sindical, sectores que tienen muchísima información guardada y nunca rompieron el pacto de silencio con los genocidas.

El estado de las causas

Desde el 2006 hasta el 1 de diciembre de este año, hay 589 causas en trámite, en las que son actualmente o fueron hasta su fallecimiento, investigadas 3295 personas. En total, hasta la fecha, se dictaron 238 sentencias en todo el país, de las que sólo 19 se produjeron entre enero y el 1 de diciembre de 2019, cifra similar a las 18 dictadas en 2018 , lo que muestra un descenso comparado al año 2017 cuando se conocieron 27 veredictos.

Sólo 8 juicios comenzarán en 2020

De las restantes 351 causas registradas en las que aún no se dictó sentencia, el estado de la investigación se encuentra en distintas fases, siendo el más alto el de las causas que permanecen en etapa de instrucción, con una cifra del 44% del total.
Hasta la fecha fueron sentenciadas en total 1119 personas, lo que representa un tercio de la totalidad de quienes están o estuvieron alguna vez bajo investigación. Este año fueron 95 las que recibieron veredicto: 71 fueron condenadas y 24 absueltas.


Las maniobras de los genocidas

El informe señala que los recursos presentados por los genocidas en las causas por crímenes de lesa humanidad, son un problema para cerrar el ciclo de las investigaciones, una vez dictada la sentencia del tribunal oral correspondiente.

El documento describe como un “espiral” al recorrido que existe entre un Tribunal Oral Federal, la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) y la Corte Suprema de Justicia (CSJN), aspecto que agrava las demoras que presenta la tramitación de estas causas. El promedio de tiempo que transcurre entre el dictado de una sentencia y su confirmación es de 3 años y 6 meses.

En marzo se cumplen 44 años del golpe genocida. Los años transcurridos sin juicio y castigo para la mayoría de los responsables tiene consecuencias en la actualidad.
No sólo porque las Madres, Abuelas y familiares no puedan conocer después de tanto tiempo donde están y que pasó con sus hijos e hijas, con sus nietas y nietos.
La impunidad de los crímenes cometidos por el terrorismo de estado es una constante mientras no se juzgue, condene y estén en cárcel común cada uno de los genocidas.

La minoría de enjuiciados y condenados llegaron a serlo por la lucha denodada de sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos. El Estado en sí casi nunca aportó pruebas relevantes y fue querellante en contadas ocasiones.

El caso del genocida Milani, un retroceso preocupante

Algo que no menciona el informe de la Procuraduría es la absolución del genocida y ex Jefe del Ejército del gobierno de Cristina Kirchner y que sienta un precedente nefasto. El Tribunal Oral Federal de La Rioja lo absolvió en el juicio en el que se investigaba el secuestro y tortura sufridos por Pedro y Alfredo Olivera, a pesar que la querella presentó suficientes pruebas para condenarlo.

Para los jueces que absolvieron a Milani, algunos secuestros en dictadura fueron legales. En su fallo los jueces Julián Falcucci y Jaime Díaz Gavier manifestaron que la detención de Pedro Olivera, en marzo de 1977, no fue ilegal. Justifican los procedimientos bajo las leyes 20.840 y 21.460, esta última firmada por el genocida Jorge Rafael Videla. Esta sentencia con sus fundamentos son un precedente nefasto.

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La lucha por el juicio y castigo a los genocidas

Todavía sigue pendiente un reclamo elemental de sobrevivientes y querellantes: que se unifiquen las causas por circuito represivo y que se juzgue a todos los genocidas por todas las compañeras y todos los compañeros detenidos desaparecidos, terminando con el desfile de víctimas por los Tribunales teniendo que relatar lo que ya contaron durante estos 36 años en diversas instancias, revictimizándolas. El caso de Julio López es una trágica muestra de esa situación.

La apertura de los archivos, la entrega de las nóminas de todos los que fueron parte para poder avanzar con los juicios y lograr el juicio y castigo en cárcel común es un derecho elemental para las víctimas y para las nuevas generaciones. Sin la apertura de los archivos es imposible llegar a juzgar a todos los responsables.







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