Política

SANTIAGO DESAPARECIDO

La única certeza es que el Estado no quiere encontrarlo con vida

Los poderes Ejecutivo y Judicial están decididos a no actuar como deberían. La denuncia de la familia de Santiago Maldonado, acompañada por la movilización masiva, desenmascara al Estado represor.

Daniel Satur

@saturnetroc

Sábado 12 de agosto | Edición del día

Foto Enfoque Rojo

A principios de semana desde este mismo sitio se dijeron dos cosas. Primero, que el Gobierno no quiere encontrar a Santiago Maldonado. Segundo, que esa voluntad oficial podía volverse en contra como un búmeran. Cinco días después, ambas sentencias se confirman.

Por un lado, la única certeza indiscutible hasta el momento en torno a la desaparición en Chubut del joven bonaerense es que los poderes Ejecutivo y Judicial de la Nación no quieren encontrarlo. Y si quieren encontrarlo, no es ni ya ni con vida. Eso se desprende no sólo de los discursos de los funcionarios sino del accionar concreto de ministros, fuerzas de “seguridad”, del juez y de la fiscal del caso.

Por otro lado, la anacrónica liviandad del Presidente de la Nación y sus cómplices alrededor del caso delata la incapacidad para siquiera reaccionar con algo de altura a una crisis que puede afectar, y mucho, los deseos de la troupe de Cambiemos.

Mientras decenas de miles de personas se concentraban este viernes en la Plaza de Mayo (con la casi nula cobertura en vivo de las empresas periodísticas más importantes) se seguían conociendo declaraciones oficiales rayanas con la provocación.

A once días de que Santiago Maldonado fuera secuestrado por la Gendarmería Nacional, el mismísimo Mauricio Macri no dudó en afirmar que desde el Gobierno están “trabajando a destajo para intentar ver qué es lo que pasó” e incluso reiteró su cuestionamiento a la comunidad mapuche por “no colaborar” en la investigación. De ahí para abajo, claramente a los funcionarios no se les cae una idea de cómo hacer para menguar el desbarranque, que si no fuera porque hay una persona desaparecida en el medio rankearía para el show del chiste (malo).

Y lo peor es que mientras la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ni siquiera levantó el tubo para llamar a los familiares de Santiago a modo de gesto diplomático, alfiles perversos de Macri como el secretario de Seguridad Interior Gerardo Milman se animaron a decirles que están “haciendo de todo para buscar al... extraviado”.

No se puede soslayar el efecto revictimizante de la jugada, que se complementa con la serie de pistas falsas enviadas por mensajes y llamadas telefónicas a la familia de Santiago y a las preguntas a su abogada por parte de “periodistas” que buscan indagar sobre la víctima en lugar de consultar sobre el estado de la causa.

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Pelos y señales

Pero la brutalidad oficial comenzó a resquebrajarse. Frente a las afrentas discursivas y la campaña mediática que ubicó de entrada a Santiago y a la comunidad mapuche como merecedores de la represión, la rápida reacción de organismos de derechos humanos logró contrarrestar parte de la estrategia de impunidad.

Tras una batalla contrarreloj, este jueves y viernes se realizaron allanamientos en los escuadrones de Gendarmería 36 de Esquel, 35 de El Bolsón y 34 de Bariloche. En la sede de El Bolsón se encontraron cinco cabellos y una soga con muestras de sangre. Las pericias dirán si esos elementos coinciden o no con los patrones genéticos de Santiago.

Las evidencias fueron halladas en un camión unimog de esa fuerza federal. Pero también deberá determinarse si ese móvil fue utilizado en el operativo del martes 1° en la ruta 40 a la altura de Vuelta del Río, donde se encuentra la entrada al campo habitado por la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen. Es que, como denuncia la familia de Santiago, ni siquiera se sabe aún quiénes son los gendarmes que estuvieron ese día reprimiendo ni con qué vehículos lo hicieron. Así lo confirmó en diálogo con La Izquierda Diario Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado, quien responsabilizó al Ministerio de Seguridad por esa demora que entorpece la investigación.

Pese al sospechoso hallazgo de cinco pelos y manchas de sangre, la fiscal federal de Esquel Silvina Ávila dijo a medios locales que todos los allanamientos hasta el momento dieron “negativo” e insistió en volcar parte de la culpa del avance extremadamente lento de la causa en la negativa de la comunidad mapuche a “colaborar”.

Frente a esta situación, la abogada Heredia le exigió al juez Guido Otranto “que se les pida colaboración para que encabecen la investigación a personas que trabajaron en casos como los de Miguel Bru o de Iván Torres, investigadores de La Plata como [el defensor público del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires] Mario Coriolano. Acá se necesita una verdadera lógica de investigación independiente y eficaz sobre la desaparición forzada de Santiago, cosa que obviamente hasta ahora no se hizo”.

El pedido de Heredia traduce el sentir de la familia y el de los organismos. “El juez Otranto investigó hasta ahora cualquier cosa menos una desaparición forzada de persona. Recién después del miércoles, tras la llegada de gente de la Procuvin que solicitó medidas de prueba, se realizaron esos allanamientos a Gendarmería. Hasta entonces no se había hecho nada”, denuncia.

La Procuraduría contra la Violencia Institucional depende de la Procuración General de la Nación. Como dice Heredia, a mediados de semana se apostó en Esquel un equipo de la Procuvin encabezado por el fiscal Fernando Vallone, quien enseguida tomó contacto con la comunidad mapuche del Pu Lof de Cushamen con el objetivo de que los testimonios de quienes presenciaron el secuestro de Santiago Maldonado por parte de la Gendarmería queden finalmente asentados en el expediente.

La presencia de la Procuvin no fue idea de la fiscal Ávila. Menos aún del juez Otranto. Fueron la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas y los secretarios de la Comisión Provincial por la Memoria Cipriano García y Sandra Raggio quienes pidieron a los funcionarios que aceptaran convocar a esa oficina del Ministerio Público Fiscal. Y Ávila, frente al escándalo, no tuvo otra que aceptar.

Resta esperar que las gestiones de Vallone den resultado y los testigos digan lo que vieron (y sufrieron). El mismo Facundo Jones Huala, referente mapuche preso de forma ilegítima desde hace cuarenta días, le aseguró a la delegación de la CPM que lo visitó el jueves en el penal de Esquel que los miembros de su comunidad quieren declarar.

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Centinelas de Benetton

En teoría (en mucha teoría) la Gendarmería Nacional tiene la función de cuidar las fronteras argentinas. En la práctica (pura y dura) esa fuerza cumple otras tareas. Los hechos de la semana pasada y su involucramiento directo en la desaparición de Santiago Maldonado así lo demuestran.

En principio, Gendarmería nunca debería haber ingresado al campo de la comunidad mapuche. Mucho menos quemar las casas y pertenencias de las familias que viven allí hace años. Tampoco robarse sus herramientas e instrumentos de trabajo. Y absolutamente nunca deberían haber detenido personas por que sí, como hicieron con Santiago. El juez Otranto (el mismo que ahora “investiga” la desaparición del joven) solamente había ordenado “desalojar” el corte de la ruta 40, montado para exigir la liberación de Jones Huala.

Pero Gendarmería entró, quemó, robó, detuvo e hizo desaparcer. E incluso impidió que organismos de derechos humanos como la APDH entraran al campo a ver cómo estaban las personas reprimidas. Todo con la impunidad que, según la propia versión de la fuerza, les da la “Ley Antiterrorista” (promulgada en 2007 a pedido de Néstor Kirchner).

Por otro lado Gendarmería tampoco debería permanecer (como lo hace hasta ahora) a la vera de la ruta, justo enfrente a la puerta de acceso a la comunidad, intimidando a las familias mapuches con la amenaza latente de provocarlos y detenerlos. Eso tampoco lo ordenó el juez Otranto.

Ahora bien, una cosa es que Otranto no haya ordenado todo eso y otra muy diferente es que Otranto permita que eso se haga igual. Pese a los reiterados pedidos de la abogada Heredia, de la Comisión por la Memoria, de la APDH y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el juez aún no ordenó el retiro de los gendarmes del lugar y encima permitió que la cantidad de efectivos presentes allí aumentara con el correr de los días.

“Es algo básico que Gendarmería tendría que haber sido apartada de inmediato de ese lugar”, dice la abogada Heredia, ya que “son los acusados de esta desaparición forzada y estando allí durante tantos días lo que lógicamente se dedicaron a hacer es a contaminar todas las pruebas”.

La letrada recordó, además, que “en la audiencia donde se trató el hábeas corpus presentado por la familia de Santiago, el viernes 4, el jefe de la Gendarmería no dio ninguna explicación de por qué Santiago no estaba, siendo que numerosos testigos decían que se lo habían llevado detenido. Eso debió generar que el juez adoptara medidas urgentes contra la misma fuerza que se estaba negando a decir qué pasó”. Pero no lo hizo. E incluso dio un paso más en la provocación dos días después, cuando “sacó un comunicado en el que dijo que no había nada para imputar a la Gendarmería, que la comunidad mapuche no dejaba investigar y demás cosas que la familia de Santiago no podía creer que se estuvieran diciendo”.

“Centinela de la Patria” es el lema histórico de la Gendarmería Nacional, con el que siempre se convocó a los jóvenes argentinos a integrarla. Nada más alejado de la realidad, a juzgar por el largo derrotero represivo de la fuerza, por su involucramiento directo en diversos delitos y, además, por su defensa absoluta de los intereses de los terratenientes nacionales y extranjeros. Como Benetton y Lewis, los amigos de Macri.

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Incapaces

Como se dijo al principio de esta nota, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación no hay comunicación con la familia de Santiago Maldonado. Sin embargo, quizás por cinismo o quizás por culpa, el titular de esa secretaría, Claudio Avruj, sí llamó por teléfono al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel (presidente de la Comisión Provincial por la Memoria) y le manifestó su “preocupación” e “intención” de reunirse con los organismos de derechos humanos. A once días de desaparecido Maldonado, esa reunión no se hizo ni tiene fecha.

“Este maltrato por parte de las autoridades demuestra la falta de capacidad que tienen”, sentencia la abogada Verónica Heredia. “Incapacidad de investigar y hasta falta de formación en el respeto de los derechos humanos ante un delito de Estado como la desaparición de una persona. Y encima se ofenden cuando los familiares de la víctima reaccionan de una manera enérgica frente a tanto atropello”, agrega.

Es que, como ella misma dice, “todo lo obvio, todo lo más simple para comenzar una investigación de este tipo, todo lo que indica el más mínimo sentido común, no se hizo”.

La profesional del derecho sabe de qué habla. No es éste el primer caso que tiene en sus manos de un joven desaparecido o muerto por el Estado. A Heredia le tocó trabajar en casos como los de Iván Torres, Luciano Arruga, Sergio Ávalos, Daniel Solano, Facundo Aguirre y César Monsalvez, entre otros. Por eso dice sin dudar que a la incapacidad de los funcionarios hay que sumar una postura política. “En todos esos casos los ’enemigos’ del Estado fueron jóvenes excluidos del sistema económico, cultural, de salud. En este caso se suma, además, que Santiago era solidario con otro ’enemigo’ del Estado: los grupos indígenas”.

Y lo grafica con más datos. El mismo martes 1° de agosto a la tarde (19:15 horas más exactamente) miembros de la comunidad mapuche fueron hasta la oficina de la defensa pública de Esquel y denunciaron que, tras la represión de la mañana, buscaron a Santiago por todo el lugar y no lo encontraron, con lo cual consideraban que la Gendarmería se lo había llevado.

“Quiere decir que el mismo día de la desaparición de Santiago el Poder Judicial tenía elementos suficientes para investigar la desaparición forzada. Tan es así que sin que se tengan aún las declaraciones de los testigos ya se hicieron allanamientos con perros en las sedes de Gendarmería. Eso mismo lo podrían haber hecho el mismo día de la represión”. Y no lo hicieron, sino hasta pasada una semana de los hechos.

Eso sí, en lo que no perdieron tiempo ni los funcionarios ni sus aliados mediáticos fue en planificar y ejecutar mil y una operaciones.






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