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Legislatura de Rawson: Durán reconoció que la Policía provincial colaboró en el desalojo

En el día de ayer, el ministro de gobierno se presentó a la interpelación convocada por legislatura donde afirmó la colaboración de la policía provincial en el desalojo, y la reunión con Noceti y Bullrich del 31 de Agosto.

Miércoles 6 de septiembre | 10:19

Pasadas las 10 de la mañana comenzó la sesión en la legislatura de Rawson, con la presencia de 22 diputados de las distintas fuerzas políticas. El objetivo de la misma era la interpelación al ministro de Gobierno Pablo Durán sobre la participación del Gobierno provincial en el caso de Santiago Maldonado.

Durán concurrió al recinto acompañado por el Jefe de Policía Judicial, el Jefe de Drogas de la división de Esquel, el subsecretario de DD.HH y el director de temáticas de la subsecretaria de DD.HH.

El ministro comenzó describiendo cronológicamente las acciones que llevaron adelante desde el Gobierno provincial en la causa de la desaparición de Santiago Maldonado, que esta siendo llevada adelante por el juez federal Guido Otranto, con la disposición de activar el protocolo de búsqueda de personas el 4 de Agosto, distintos rastrillajes al Pu Lof Cushamen, a los escuadrones 35 y 36, así como a dos camionetas y un unimog el día 6 de Agosto, la solicitud desde la justicia de imágenes de la ciudad de Esquel, entre otras acciones.

En un primer momento, el responsable de la Policía provincial quiso deslindar a la fuerza del operativo de desalojo del día 31 de agosto, poniendo la responsabilidad en Gendarmería, no así de la desaparición de Santiago Maldonado. Pero en el oficio que libra el juez Otranto para que Gendarmería desaloje la ruta 40, le solicita al ministro de manera extraoficial, la ayuda en el desalojo de la ruta 40, entre Cholila y a la altura de Leleque donde esta el Pu Lof Cushamen, es decir el uso de fuerza policial para liberar la ruta 40.

Enseguida quiso tapar la contradicción, que todos los presentes pudieron dar cuenta, con el delito federal que los manifestantes de la comunidad estaban cometiendo al cortar una ruta, el delito de flagrancia. La norma prevé que las personas detenidas “in fraganti”, tanto al intentar cometer un delito o inmediatamente después, y con las pruebas de haberlo cometido, deben ser llevadas ante un juez entre 24 y 48 horas después para realizar una audiencia oral y pública donde jueces y fiscales deben resolver si se lo libera o se realiza juicio abreviado, probation o juicio oral. La norma se aplica sólo para delitos menores o delitos de gravedad, cuyas penas no superen los 15 años de prisión para hechos que se produzcan en el ámbito de la Capital Federal y en el fuero federal en las provincias. Proceso que no tiene mayor objetivo, que aumentar los mecanismos de control social sobre el pueblo pobre y trabajador, cubriendo de legalidad las detenciones.

El discurso oficial, más allá de que tenga la intención de diferenciarse del discurso del gobierno nacional, tienen la misma fundamentación que va desde la defensa de las fuerzas represivas que actuaron ese día, la criminalización de la comunidad mapuche, al cual el ministro le agregaría un ingrediente "secreto".

Cuando se le interpeló por las denuncias y pruebas de la vinculación de los grupos en conflicto con otros grupos extranjeros o trasnacionales, el funcionario expresó que el movimiento de la RAM tiene conexión con otros movimientos, y relacionando la RAM con el Pu Lof Cushamen. La prueba era el "ingrediente secreto": Un escrito del Ministerio Público Fiscal de El Hoyo firmado por los fiscales Maria Bottini y Fernando Rivarola, que han sido separados de la causa y procesados por tener relaciones ilegales con servicios de inteligencia. Según informa el sitio Fiscales.gob.ar la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó el viernes pasado el procesamiento sin prisión preventiva a un agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por violación a los artículos 43 bis y ter de la ley de Inteligencia N° 25.520 y de los artículos 45 y 54 del Código Penal, al haber realizado actividades ilegales de persecución a comunidades mapuche y a referentes sociales de la zona. Los datos fueron proporcionados por la Fiscalía Federal de Esquel. La causa se inició en virtud de una denuncia penal efectuada por el fiscal general de Esquel Fernando Rivarola, en la que puso de manifiesto irregularidades de una persona que pertenecería a la AFI.

Resulta de una extremada gravedad que un funcionario público utilice un escrito, un trabajo de inteligencia sobre las comunidades, ese delito parece que lo paso de largo, e incluso siguió leyendo el legajo. Persecución, hostigamiento e inteligencia, todas avaladas por el Gobierno provincial.

Otro de los temas importantes que se discutió en sesión, fue la participación del ministro de gobierno en la reunión donde participaron Noceti y Bullrich el 31 de Agosto en San Carlos de Bariloche, desmintiendo a la ministra de seguridad que había expresado que Noceti había pasado por casualidad por la ruta 40, cuando ya tenia establecida esta reunión, para precisamente hablar de la RAM y los diferentes hechos para realizar acciones en conjunto en pos de procurar el orden y la paz social en la provincia.

Una sesión que dejo pocas certezas y muchos interrogantes. En la provincia en la que desapareció Santiago Maldonado, el gobierno provincial como nacional buscan encubrir y justificar a los responsables políticos y a las fuerzas represivas detrás de la criminalización y hostigamiento del pueblo mapuche. El Estado es responsable.






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