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Macri y Schiaretti: una avanzada del Estado policial en Córdoba

A un día de la movilización por la desaparición de Santiago Maldonado, se allanaron en Córdoba locales de organizaciones sociales y políticas.

Jueves 31 de agosto | Edición del día

La excusa del fiscal Gustavo Dalma fue identificar a quienes rompieron el vidrio de una financiera y quemaron un contenedor de basura durante la marcha nacional contra el gatillo fácil del pasado lunes. Sin embargo, los uniformados se llevaron de los locales allanados banderas, pancartas, bombos y hasta leche. Hay seis personas detenidas, aunque no está claro bajo qué figura.

Por la tarde el fiscal realizó insólitas declaraciones, asegurando a la prensa que “esto no es una cuestión política, de militancia. Es una investigación de delitos comunes. No investigo a qué partidos pertenecen”.

Dalma es el mismo fiscal a cargo de la investigación del paradero del joven Facundo Rivera Alegre. A pesar de que varios elementos en la causa indicaban que la policía tuvo participación en la desaparición del joven, Dalma nunca los investigó. También es quien desestimó una denuncia a la Lotería de Córdoba de sobreprecios en la construcción de un hotel en la localidad de Ansenuza. Queda muy claro de qué lado están sus intereses.

Ver también: Córdoba: el Frente de Izquierda exigió explicaciones al fiscal que ordenó los allanamientos

Palos a los que luchan

En Córdoba, la Marcha de la Gorra contra la violencia policial, que se lleva a un pibe cada 25 horas, es una tradición desde hace más de 10 años. La movilización del lunes fue la tercera que se realiza a nivel nacional. Lorena Barraza es una de las organizadoras de esta lucha e integra la Coordinadora de familiares y amigos de víctimas de gatillo fácil. Desde esta organización denunciaron que la Policía los amedrentó el lunes al terminar la marcha. Esta tarde, Lorena sufrió además el allanamiento de su vivienda. En una semana, dos ataques de la misma Policía que mató a su hermano Ezequiel.

Otros lugares allanados fueron Casa 1234 (Barrio Güemes), Ateneo Social Anarquista (Barrio Güemes), Comedor del Frente de Organizaciones en Lucha (Barrio Müller), Biblioteca Popular de Villa la Maternidad, Biblioteca Leopoldo Marechal, Kasa Karakol, los locales del Partido Obrero y del Partido de la Victoria, y la casa del fletero que trasladó los materiales a la movilización. El Espacio Cultural Bataclana, impulsado por el PTS, era otro de los objetivos, pero al no poder ingresar, la Policía entró a la casa de una mujer que vive al lado, sin una orden que los habilitara, revolviendo todo a su paso.

Ver: Video desde Córdoba: vecino denuncia el accionar policial tras los allanamientos

Córdoba tiene en su memoria otros momentos en que hubo allanamientos de locales sociales y políticos. Salvando las diferencias, en 1974, bajo la intervención de Lacabanne, los locales del PST, PC, SMATA y Luz y Fuerza fueron allanados por la policía local, comandos civiles reclutados entre el Comando Libertadores de América y matones de la burocracia sindical. Alrededor de 300 personas y fueron detenidas y una militante del PC falleció víctima de las golpizas y torturas.

Hay que redoblar la pelea

Este ataque desproporcionado y arbitrario de las fuerzas represivas del Estado y su Poder Judicial se da a un solo día de la marcha convocada por la aparición con vida de Santiago Maldonado. En el terreno nacional, el gobierno macrista lleva adelante una política de derecha, atacando las organizaciones sociales y políticas que reclaman por la aparición con vida del joven desaparecido desde hace un mes.

Luego del golpe que significó perder las PASO por 16 puntos frente a Cambiemos, el gobernador Schiaretti quiere demostrar su buena sintonía con Macri y Bullrich, avanzando en una escalada represiva hacia las organizaciones sociales y partidos políticos que tradicionalmente han trabajado en la visibilización y defensa de los derechos humanos.

Hoy mismo se conoció que la planta autopartista Plascar despidió en Córdoba a sus 243 empleados. La empresa trabaja para Fiat y Renault, pero según el director de la empresa, los convenios se cayeron y no tienen dinero ni siquiera para pagar las indemnizaciones. Los trabajadores exigen una audiencia al Ministerio de Trabajo y ya dijeron que realizarán protestas para reclamar contra esta injusticia.

Es para estos escenarios que se preparan los gobiernos provincial y nacional. Las fuerzas represivas del Estado, sea la Policía o la Gendarmería, no tienen otra finalidad que reprimir las protestas y el control social sobre los trabajadores y los sectores populares, sean obreros que reclaman contra los despidos, jóvenes de los barrios populares o comunidades originarias que pelean por sus tierras.

Estos ataques no hacen más que reafirmar la necesidad de movilizarse este viernes para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado.








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