Cultura

TRIBUNA ABIERTA

Macri y el arte callejero: una historia de persecución

Según estimaciones de Naciones Unidas, Buenos Aires forma parte del selecto grupo de megaciudades de Latinoamérica, junto con Ciudad de México, San Pablo y Rio de Janeiro.

Fabiana Solano

@xfabianasolanox

Jueves 5 de julio | Edición del día

Entre sus principales características se destacan el espíritu heterogéneo, su devenir dinámico e ininterrumpido, y su voluntad constante de expresión que a lo largo de la historia ha dado forma y lugar a múltiples fenómenos sociales, políticos y culturales extraordinarios. Justamente, en los concreto y lo simbólico, es la conformación del espacio urbano lo que da sentido a la vida social, las representaciones, los imaginarios, los vínculos, y la forma de apropiación del espacio público de los habitantes.

En el marco de un período de fuertes transformaciones a nivel mundial, Buenos Aires durante las últimas décadas ha vivido una mutación tanto institucional, cultural, política, simbólica y económica, que implicó mayores niveles de autodeterminación institucional y presupuestaria. Los procesos de modernización y globalización, el crecimiento de la brecha social, la crisis institucional que devino en una reconfiguración de la relación entre lo público y lo privado, y el rol de los medios de comunicación y los nuevos dispositivos, generaron un fenómeno de repliegue de los sujetos hacia el ámbito privado transformando los intercambios e interacciones sociales cotidianas en el espacio público.

Desde la mirada de las políticas culturales el escenario se abre como un desafío estratégico del Estado donde las acciones culturales juegan un papel central como instrumentos de desarrollo local y cambio social. El espacio público cumple un rol fundamental en la promoción y desarrollo de sociedades democráticas, y en ese sentido la capacidad de la cultura de ver, imaginar la ciudad soñada, y abordar también el aspecto simbólico, está en permanente movimiento.

Sin embargo, durante la última década en la Ciudad de Buenos Aires las estrategias culturales, atravesadas por paradigmas ideológicos con una concepción neoliberal, han intervenido la noción de espacio público - y, por lo tanto, los hábitos, normas, intercambios y formas de interacción y sociabilidad que allí se generan- desde una mirada disciplinadora y restrictiva. Lo público, donde se encuentra al otro, al diferente, se ha vuelto una dimensión extinguible y es empujado constantemente hacia su disolución. Ante la estigmatización de “caos” se abren las siguientes opciones: clausura, privatización o control estatal absoluto. En este denso entramado el encuentro con los otros y la construcción autogestiva parecen ser cada vez más “peligroso”.

Art is not a crime

No casualmente la historia de persecución del arte callejero en Buenos Aires comienza allá por 2007 con la llegada de Mauricio Macri a la Jefatura de Gobierno Porteña, y de Hernán Lombardi, actual Director del Sistema Federal de Medios, al Ministerio de Cultura. A partir de allí se instaura un modelo de gestión cultural caracterizado por el desarrollo de políticas excluyentes, donde predomina la inversión en megaeventos y festivales, y la importancia del marketing y la comunicación cuasi publicitaria.

Bajo el paradigma llevado adelante por el PRO, se fortaleció una visión de la cultura como espectáculo, y del ciudadano como mero cliente o espectador, en los mejores casos. Es aquí donde surge el problema: se gesta un imaginario urbano donde no existe lugar, físico o simbólico, para artista y músico callejero, históricamente parte del entramado urbano y de la matriz socio cultural de una ciudad rica y diversa como Buenos Aires, cuna de múltiples expresiones y géneros artísticos.

A partir de 2008 los niveles de violencia y persecución policial fueron en aumento, como consecuencia directa de la existencia de un vacío legal en torno a la figura del artista callejero. Cientos de trabajadores de la cultura fueron víctimas a diario de persecuciones, enmarcadas en una disputa por la apropiación y uso del espacio público que ha promovido la criminalización de ciertos géneros artísticos. Jamaicaderos, Pollerapantalón, Ciudad Baigón y El Método son algunos de los grupos, víctimas de frecuentes hechos de violencia, tanto física como verbal.

Durante años las diferentes organizaciones de músicos callejeros demandaron instancias de diálogo con el Gobierno para lograr homologar el arte en las calles, sabiendo que su actividad es amparada por dos instancias: los artículos 15 y 16, de la Ley 4121, que regula el funcionamiento de las actividades feriales y manifiesta que el arte callejero en espacios públicos no constituye una actividad penal siempre y cuando no perjudique a los artesanos y comerciantes en esos espacios; y el artículo 32 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que “garantiza la libre expresión artística y prohíbe toda censura, protege y difunde las manifestaciones de la cultura popular”, entre otros aspectos.

En 2012 los artistas, con el apoyo de organizaciones de Derechos Humanos, la Unión de Músicos Independientes (UMI), y varios legisladores porteños, iniciaron la construcción de una herramienta de regulación de su actividad. El proyecto de Ley con el fin proteger, propiciar y fomentar la actividad artística en la Vía Pública y el espacio público, fue elaborado por los entonces diputados Gabriela Alegre, del Frente para la Victoria, y Rafael Gentili, de Proyecto Sur, y acompañado por 32 legisladores, que representaban la totalidad de los bloques de la oposición. El mismo ingresó en la Comisión de Cultura, que era presidida por la Diputada Lía Rueda del PRO, el 1º de septiembre de 2012. Nunca fue tratado.

A raíz de todas estas situaciones y del cambio de policía en la Ciudad de Buenos Aires, en 2014 se conformó el Frente de Artistas Ambulatorios Organizados (FAOO). Cuando la metropolitana asume la seguridad en los subtes comenzaron a multiplicarse los abusos por parte de la policía y se normalizaron situaciones como obligar a un artista a bajarse del vagón, sacarle los instrumentos, o la elaboración de contravenciones. La primera medida del Frente fue la difusión de un manual de artistas ambulantes donde se informaba acerca de las normas vigentes que amparaban la actividad y cómo se debía actuar en caso de una detención.
La policía utiliza el artículo 82 del Código Contravencional, que señala la penalización de quien perturbe la tranquilidad pública con ruidos que excedan la tolerancia normal. Si bien el mismo artículo explicita que no contribuye una contravención la práctica de música en horarios que no sean de descanso y donde se utilicen instrumentos para amortiguar el sonido, el accionar de las fuerzas de seguridad funciona de forma completamente discrecional.

Por otro lado, se utiliza el Decreto Nº 1239, de 1993, que impide la ampliación por medios electrónicos. Lo grave de esta situación es que los mismos funcionarios no conocen la reglamentación vigente, o eligen desconocerla, puesto que mientras la actividad se adecue a Ley Nº 1.540, de control de la contaminación acústica, reglamentada por el Decreto Nº 740/07 que regula la emisión de ruidos y vibraciones en el espacio público, no hay razón para impedir el uso de amplificadores en los espectáculos.

En 2016 el Frente realizó un censo por el cual identificó que durante los últimos años en la City porteña aumentó de 1250 a 2000 el número de artistas que trabajan en el espacio público. Sin embargo, en la actualidad la cifra ha llegado a 3100, teniendo en cuenta que, en un contexto de crisis económica y flexibilización laboral, quienes son expulsados del mercado y no pueden hacer frente a las exigencias inabarcables de los espacios habilitados (que cada vez son menos), se vuelcan al arte callejero en busca de un puchito extra o un ingreso mínimo que les permita sobrevivir.

El último 12 de junio la FAAO denunció la existencia del proyecto de Ley 1664-J-18, propuesto ante la Comisión de Justicia de la Legislatura Porteña directamente por Horacio Rodríguez Larreta, que plantea una reforma del Código Contravencional. Dicho proyecto lleva la firma de Guadalupe Tagliaferri (Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat), Felipe Miguel (Jefe de Gabinete de Ministros), Miguel Ocampo (Ministro de Justicia y Seguridad), y encarna una mayor complejización de la situación de los artistas en el espacio público.

A través de la iniciativa, que se encuentra en tratamiento en comisiones, se propone incorporar la figura de la contravención anónima, en reemplazo del denunciante físico, por lo que se habilitaría la legitimación de falsas denuncias contra artistas callejeros por ruidos molestos. Además, el proyecto contempla posibles arrestos, el secuestro de los instrumentos musicales y herramientas de trabajo, el pago de multas desde hasta dos mil pesos, la posibilidad de cinco días de arresto o hasta diez días de trabajo de utilidad pública.

Alejandro Cabrera Britos, saxofonista callejero y Presidente de FFAO, explicó que al ser un proyecto presentado por el ejecutivo sólo pasará por la Comisión de Justicia de la Legislatura. Britos explica que desde el ejecutivo responden “a la demanda de un sector de la opinión pública que le repugna la actividad en el espacio público, ya sea artista callejeros, los trapitos, o los malabaristas en los semáforos. Quieren criminalizar a todos los artistas y trabajadores de la economía informal, y para ello llevan adelante una fuerte campaña de estigmatización.”

En este marco el martes 3 de julio los Músicos Organizados se movilizaron frente a la Legislatura Porteña para visibilizar el repudio a la “reaccionaria reforma”. A través de un comunicado señalan: “a la precaria situación que vivimos los artistas, se le suma la ofensiva del gobierno para cercenar aún más los lugares donde poder trabajar y ejercer un mayor control sobre la calle y el espacio público”.

“Ante este cuadro de ataque a nuestras libertades de expresión y trabajo es que tenemos que tomar el ejemplo de la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito que conquistó su media sanción con un millón de personas en las calles. Tenemos que movilizar muy fuertemente para defender nuestro derecho a trabajar y a expresarnos - sostiene el documento- solo con el camino de la movilización popular es que podemos defender nuestro derecho a trabajar y expresarnos”, dice el documento.

Uno de los máximos logros fue que el ministro de cultura porteño Enrique Avogadro se reuniera con diferentes organizaciones de la cultura: Cámara de clubes de música en vivo (CLUMVI), Cultura Unida, Movimiento de espacios culturales y artísticos (MECA), Sociedad Argentina de Músicos (Sadem), Circo Abierto, Frente de artistas ambulantes organizados (FAAO), Espacios escénicos autónomos (ESCENA), Trabajadorxs Feministas de Espacios Culturales. Mujeres, lesbianas, travestis y trans. (FIERA) y Abogados Culturales. El responsable de la cartera se comprometió “a través del diálogo, la participación y el encuentro entre los que hacemos la cultura de la Ciudad a seguir creciendo y mejorando todos los días".

Sin embargo, y teniendo en cuenta que sus palabras no implican un posicionamiento de la legislatura, la asamblea votó realizar una nueva convocatoria y medida de fuerza el martes próximo mientras se lleva a cabo la reunión de la Comisión de Justicia.







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