Política

SEIS MESES DE MACRI

Macri y el imposible relato de la “anticorrupción”

La corrupción es la bandera manchada que quiere levantar Cambiemos. Frente al kirchnerismo el muerto se ríe del degollado.

Christian Castillo

Dirigente del PTS, sociólogo y docente universitario | @chipicastillo

Lunes 13 de junio de 2016 | Edición del día

La corrupción del gobierno kirchnerista ha sido un tema omnipresente en los grandes medios hegemónicos durante estos seis primeros meses de gobierno macrista. La utilización de la obra pública como fuente de financiamiento político y enriquecimiento personal entre empresarios amigos y el personal político kirchnerista es algo que no niegan ni los principales defensores el anterior gobierno, que han llegado incluso a justificarlo cínicamente como un medio para “que la política no la hagan solamente los grandes empresarios y las corporaciones”, como sostuvo Hernán Brienza. El problema es que el de la “transparencia” y la “anti corrupción” es un relato imposible para el macrismo, por más esfuerzos que haga Elisa Carrió para presentar como “honesto” al hijo de Franco. A poco de andar ha quedado claro que gran parte del elenco gubernamental está salpicado por diversos hechos que muestran a las claras esta imposiblidad. Los ricos no piden permiso, tomando prestado el título de una novela de moda, a la hora de adueñarse de los recursos públicos, de evadir impuestos y de maniobras para blanquear fondos ilegales. Estas prácticas son el pan de cada día de la burguesía.

Los Macri, por ejemplo, no hicieron su fortuna en forma muy diferente a como se enriqueció en la última década Lázaro Báez –de hecho el empresario está entrelazado con Ángelo Calcaterra, primo de Macri que está al frente de Iecsa SA, la constructora que fuera de los Macri, con quien fue socio en varias obras–, con el agravante de que su crecimiento mayor se dio en la dictadura genocida, donde pasaron de controlar 7 a 47 empresas y estatizaron su deuda privada, como hizo el conjunto de la patronal gracias a todo tipo de maniobras ilícitas (como consta en el fallo del juez Ballesteros). El propio Mauricio fue acusado de contrabando y evasión impositiva cuando era presidente de SEVEL, causa en la que fue salvado por la Corte menemista en hechos que luego fundamentaron el juicio político que desplazó a dos de sus miembros. En otra causa por la que el año pasado durante la campaña Cambiemos denunció al gobierno de Cristina Fernández, la del dólar futuro, fueron imputados funcionarios de la actual administración. Entre ellos están el director del Banco Central, Pablo Curat, el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, el jefe de asesores de la Presidencia, José Torello y el amigo de Macri, Nicolás Caputo. Los Panama Papers dejaron en claro cómo el presidente y su familia comparten con distintos miembros del oficialismo la práctica de abrir cuentas en paraísos, guaridas, fiscales para evadir impuestos o blanquear capitales, algo que para la burguesía es muy natural pero que se choca con la idea de “honestidad” y “austeridad republicanas”. Por no hablar de la acción presidencial de pasar todo un fin de semana largo en la estancia del magnate británico Joe Lewis, quien es propietario de Edenor (una de las beneficiarias directas del brutal tarifazo en la provisión de energía eléctrica) y se encuentra en desacato con los fallos judiciales que lo intiman a abrir una senda en su propiedad que permita la llegada al Lago Escondido de quien quisiese hacerlo. En la Oficina Anticorrupción hay radicados al menos 22 casos de “conflicto de intereses” de funcionarios del actual gobierno, forma eufemística de decir que utilizan su cargo para beneficiarse personalmente o a las empresas de las que provienen. Entre los más escandalosos se encuentra el de Juan José Aranguren, el Ministro de Energía, que declaró poseer $ 16 millones en acciones de Shell, la petrolera que se beneficia (y lógicamente lo hacen sus accionistas) con los subsidios que él otorga, así como con las subas de las naftas y las compras de gas que le hace el estado. Otro es el de los dos principales funcionarios de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, presidente, y María Talerico, vicepresidente, consejeros y abogados de bancos acusados de lavado de dinero y fuga de capitales.

A esto debemos agregar el nombramiento al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, la ex SIDE) de un amigo personal del presidente dedicado a la compraventa de jugadores de fútbol, un negocio caracterizado por el lavado de dinero, y la vuelta de todo el personal ligado a Stiuso a la plana mayor del espionaje local. No solo esto, sino que Macri por decreto resolvió que serán considerados “gastos reservados” los $ 1450 millones destinados a la AFI, que no deberá rendir cuenta alguna de su empleo, además del hecho que ni Arribas ni su segunda, Silvia Majdalani (ex fiadora de Menem en causas por corrupción), fueron ratificados por el Congreso en sus cargos.

Macri, además, tiene la costumbre de forjar su sistema de alianzas con sectores de lo más corrompido de las burocracias políticas (tanto radicales como peronistas) y sindicales (véanse sus lazos con el “Momo” Venegas y Luis Barrionuevo), del poder judicial (con Daniel Angelici como operador) y del aparato de seguridad (recordemos su relación con el “Fino” Palacios), un pragmatismo que también en este campo lo aleja de cualquier cruzada refundadora basada en el “honestismo”.

Y, por si algo faltase, está el proyecto de ley de blanqueo, hecho a medida para que la familia presidencial y la de sus funcionarios traten de “poner las cuentas en orden”, ya que las limitaciones del proyecto oficial no alcanzan a familiares de los funcionarios ni a contratistas y concesionarios del estado. Los mismos que criticaban los blanqueos del kirchnerismo ahora lo practican. No está demás señalar que el Frente de Izquierda es la única fuerza política en el Congreso que se opone a cualquier tipo de blanqueo para premiar a los empresarios y políticos evasores y fugadores de capital.

Capitalismo y corrupción siempre van de la mano. Pero ni hablar cuando el estado está “atendido por sus propios dueños”, como ocurre con el gobierno de Cambiemos. Esta historia continuará.







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