Política Estado Español

TOQUE DE QUEDA

Más restricciones, la receta para hacer frente a la tercera ola

En medio de la tercera ola, nuevamente la improvisación en la estrategia sanitaria del Gobierno central y de los autonómicos, vuelve a poner sobre sus mesas la solución de más restricciones. Una vuelta de tuerca al toque de queda que vuelve a poner el foco en la responsabilidad individual y limpia su nefasta hoja de servicios en la lucha contra la covid.

Ivan Vela

@Ivan_Borvba

Miércoles 20 de enero | Edición del día

Hasta quince comunidades autónomas han pedido al Ejecutivo central que modifique el Estado de alarma vigente en el Estado español para poder llevar adelante una modificación del toque de queda.

Actualmente las competencias derivadas a las CCOO a través del Estado de alarma limitan el toque de queda a, como máximo, a las 22:00h. De hecho, en estos días hemos visto el cruce de acusaciones entre Moncloa y el Gobierno de Castilla y León a raíz de este asunto. Lo que no se esperaba el Gobierno central es que la petición de Castilla y León de adelantar el toque de queda a las 20:00h, fuera una iniciativa abrazada por otras CCAA, incluso algunas apostando por el toque de queda a partir de las 18:00h.

Es sobre este escenario sobre el cual el Consejo Interterritorial de Salud está discutiendo qué medida adoptar. Si mantener el toque de queda a las 22:00h, el máximo establecido en el Estado de alarma, o flexibilizar este aspecto y permitir a las CCAA adelantar el toque de queda a las 20:00h o incluso a las 18:00h.

A falta de saber los movimientos de Moncloa, algunas comunidades ya han empezado a hacer malabarismos. Este mismo martes, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció el cierre de la hostelería y de las instalaciones deportivas todo el día y de los comercios, a partir de las 18 horas, a partir del jueves y durante 15 días. Aunque también adelantó que en la reunión de este miércoles pediría al Gobierno que permita adelantar a las 20 horas el toque de queda.

También tenemos el caso de Catalunya, que a través del Procicat ha decidido alargar las medidas actuales contra la pandemia dos semanas más, es decir, hasta el domingo 7 de febrero. Así lo ha decidido en una reunión este miércoles por la mañana. Esto supone que se mantiene el confinamiento municipal diario, el cierre de los centros comerciales y de tiendas de más de 400 metros cuadrados, y el de los comercios pequeños los fines de semana.

Como no podía ser de otra manera, la tercera ola de la pandemia (que por otro lado no era una sorpresa para nadie) se ha llevado por delante la improvisación sanitaria de los gobiernos autonómicos y del central. Una vez abierta la veda en navidad para facilitar el consumo lo que nos quedan son toques de queda y más restricciones.

Como si fuera un grifo, van limitando nuestras libertades y movimientos a su gusto. Una medida que además, como ha sucedido desde marzo del año pasado, tiene especial foco en los barrios de clase trabajadora. Nuevamente se nos obliga a una vida de casa al trabajo y del trabajo a casa.

Pero, ¿dónde quedan sus medidas? ¿Cuál es su hoja de servicios a 13 meses del primer caso detectado de covid en Wuhan? ¿Nadie se ha preguntado cuántos rastreadores tiene ahora el Estado español?

Sería una pregunta difícil, incluso para el Ministerio de Salud, que tuvo que reconocer el pasado noviembre que no sabe el número de rastreadores que hay en cada CCAA. «El Ministerio de Sanidad no dispone de datos desglosados del número de rastreadores por Comunidades Autónomas, siendo sus Consejerías de Sanidad responsables de facilitar dicha información», aseguraban en una escueta nota.

Àlex Arenas, investigador de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, aseguró, ya en verano, que el número ideal de rastreadores en el Estado español debía ser uno por cada 5.500 habitantes, justamente el que tenemos ahora (unos 8.500). Es decir, prácticamente vamos con 7 meses de retraso, lo que supone que con incidencias tan altas como la actual el rastreo pierde su eficacia y más si se hace con números tan alejados de los obligados por la situación.

¿Y qué decir del personal sanitario? Ni durante la segunda ola, ni durante la actual hay noticias. El Estado español está por debajo de la media de la UE en profesionales médicos y de enfermería, sobre todo en atención primaria algo que sociedades médicas y profesionales está siendo muy criticado. Si nos fijamos en los números duros, en médicos de primaria (76,5 frente a una media de 123,4 por 100.000 habitantes, según datos de Eurostat) y en enfermeras (520 por 100.000 habitantes frente a 840 en Europa). Y eran precisamente estos dos sectores los que tenían que fortalecerse fuertemente para luchar contra la segunda ola, en su momento, y contra esta tercera ola actualmente.

Precisamente el sector de la enfermería está siendo de los más críticos. Han denunciado este martes la falta de profesionales que, estiman, faltan en las unidades de cuidados intensivos en España. En el mejor de los casos, esgrimen, se necesitan un mínimo de 5.000 profesionales de enfermería más para cubrir la demanda de los pacientes por covid.

Sobre las vacunas, el ritmo del plan de vacunación es lento y deficiente en parte porque las que hay hoy son insuficientes y por la propia falta del personal que hoy se encuentra desbordado.

Eso sí, veamos la otra cara de la moneda, la que les interesa. Como muestra la Encuesta de Población Activa durante el 2020 se vivió un boom en la sanidad privada. Solo la segunda ola favoreció la contratación de 22.600 contratos. Una auténtica vergüenza mire por donde se mire, pero aún más si cabe en la situación sanitaria actual.

Tan solo profundizamos en dos aspectos, rastreadores y sanitarios, pero la lista es interminable; mínima ampliación de camas UCI, falta de infraestructuras hospitalarias, falta de infraestructuras para alojar gente contagiada que no puede aislarse, etc. Una gestión política que es un auténtico crimen social de la cual el Gobierno “más progresista de la historia” y los gobiernos autonómicos son responsables, todos, sin excepción.

De hecho, si tuviéramos que jugar al juego de adivinar las 7 diferencias entre las medidas del año pasado del gobierno PSOE - Unidas Podemos, y las llevadas a cabo posteriormente por el PP en Madrid o JxCat y ERC en Catalunya, difícilmente llegaríamos a encontrar alguna.

De este modo, el toque de queda es una medida autoritaria y paliativa que pretende ocultar el fracaso de la gestión de la pandemia. En lugar de tomar verdaderas medidas sanitarias como el pase de todos los recursos de la sanidad privada a manos de la gestión pública y que se contrate personal a la altura de las necesidades tanto de la atención de los casos de Covid, como de un plan de vacunación, se vuelve a las restricciones, la represión y a criminalizar a la población y en particular a la juventud.

Los gobiernos no asumen su responsabilidad, poniendo un policía en cada esquina, mientras los hospitales o el transporte público siguen en pésimas condiciones, ni existen condiciones seguras en los centros de estudio ni en los lugares de trabajo.







Temas relacionados

Pandemia   /    Coronavirus   /    Gobierno de coalición PSOE-UP   /    Política Estado Español   /    PSOE

Comentarios

DEJAR COMENTARIO