Política

ANÁLISIS

¿Por qué los cordobeses votan como votan? Diseccionando la rara avis mediterránea

Se dice que Perón dijo que “en Córdoba pueden pasar las cosas más raras”. Hoy sintetiza una doble rareza.

Lunes 19 de agosto | 11:36

Imagen: Romina Echevarría

Viernes 9 de agosto, dos días antes de las elecciones. Conversación con un taxista volviendo del supermercado:

– La plata ya no alcanza. Cada vez trabajo más horas arriba del taxi y pago menos cosas que antes, porque ni salgo ya. Si está imposible salir: entre la entrada y un par de ferné’ se te va una luca.
– ¿Y a quién va a votar?
– Yo lo voté a Macri, y creo que lo voy a votar de nuevo porque la Cristina se choreó todo.

Se dice que Perón dijo que “en Córdoba pueden pasar las cosas más raras”. Hoy sintetiza una doble rareza: los encuestadores acertaron el resultado y es la única provincia del país donde ganó Juntos por el Cambio. Si en 2015 le dio al macrismo un arrollador 70 % que fue la base del triunfo en el cinturón centro (junto a Santa Fe y Provincia de Buenos Aires) y nacional, hoy sigue mostrando que es mayoritariamente oficialista.

El mapa que muestra a Córdoba coloreada de amarillo contrastar con el resto del país teñido del celeste de la fórmula Fernández-Fernández proyectó, para quienes gustamos de las analogías históricas, la imagen de febrero de 1946. En ese momento la provincia se alzó entre los excepcionales distritos donde Perón fue derrotado por la Unión Democrática. Gobernada por el peronismo hace dos décadas, Córdoba supo ganarse una identidad radical: la experiencia sabattinista primero, la resistencia al avance peronista después (comandos civiles incluidos) y la imposibilidad peronista de gobernar la provincia desde el retorno a la democracia hasta 1999 lo confirman. Hoy es la provincia que le da un 57 % de votos a Schiaretti, pero lo recluye en su propia isla, incapaz de proyectar una alternativa peronista nacional.

Peronismo hacia adentro y macrismo hacia afuera, las dos almas del cordobesismo realmente existente. Por eso el gobernador más votado de la historia provincial fue a las PASO con lista corta. No fue ni el “gran armador” (como algunos vaticinaron) capaz de revitalizar al alicaído peronismo de centro, ni logró darle el impulso decisivo a Cambiemos que reedite el efecto 2015. Menos que menos fue a golpear la amplia puerta del Frente de Todos como esperaron sin éxito los estrategas del kirchnerismo. Apoyó silenciosamente a Macri, y quedó a contramano del país.

Corazón (sojero) de mi país

¿Por qué gran parte de los cordobeses siguen votando macrismo? Primero lo obvio: la gravitación del voto sojero. Los departamentos del este y sur provincial son, junto al norte de la provincia de Buenos Aires y el sureste de Santa Fe, parte de la llamada “zona núcleo”, bastión macrista desde sus orígenes. Si bien con un menor caudal de votos, este cinturón siguió votando oficialismo, su proyecto político más orgánico.

Las promesas de Alberto Fernández de un dólar alto (velozmente concretadas el día después de la elección) no lograron tocar el corazón sojero. Después de todo, fue con la “crisis del campo” que se articuló un bloque social capaz de demandar una alternativa opositora al kirchnerismo, hito fundante de Cambiemos. El alto porcentaje de votos en las localidades productivas de la provincia se explica por la prosperidad del sector, que contrasta con los departamentos más pobres y despoblados del noroeste (Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier e Ischilín) y del norte (Sobremonte, Río Seco y Tulumba), donde se impuso Fernández-Fernández.

La docta amarilla

¿Qué explica que en Córdoba siga ganando el oficialismo nacional mientras los grandes centros urbanos de la zona núcleo le dieron la espalda? La misma ciudad de Córdoba que en las pasadas elecciones provinciales votó en un 45 % a Schiaretti, en las PASO le dio un 50 % a Macri, que ganó en todos los distritos de la ciudad a excepción de 2.

Descontando que parte del incrementado voto al peronismo local el 12 de mayo se explica por el voto kirchnerista y la ruptura local de Cambiemos; la cuestión son los denominadores comunes que explican casi especularmente el voto peronista y macrista. Un viejo dicho reza que “gobernar, en Córdoba, es echarle la culpa a Buenos Aires”. Un axioma que mantiene productividad política en una provincia donde el tándem De La Sota-Schiaretti hizo de la confrontación con el kirchnerismo una ideología de gobierno, replicada hasta el hartazgo por los medios locales.

La “crisis del campo”, que tuvo en Córdoba uno de sus epicentros (como Laboulaye) con cortes de ruta y lock out agropecuario, ubicó al recientemente asumido Schiaretti como uno de los pocos gobernadores peronistas que rompió con la Casa Rosada para militar en el bloque de la Sociedad Rural. Esta crisis recordó a la Córdoba reformista su orgullo rural: volcó el peso del campo sobre la ciudad y tuvo gravitación urbana con una importante incidencia sobre las capas medias. Conviene no olvidar que, respondiendo a su propia base social de estudiantes provenientes de las zonas productivas del interior provincial, la FUC radical encabezó movilizaciones en apoyo a las patronales agrarias en las calles del centro de la ciudad. El cogobierno entre peronismo y radicalismo (expresado en un esquema de reparto de poder entre provincia y ciudad) actuó como un bloque político-social, donde el peronismo supo hablar el lenguaje esperado por la clase media. Mientras se producía esta convergencia, se daba el momento más crítico de la gobernabilidad kirchnerista, con la imagen positiva de CFK sufriendo un desplome del 56 al 20 % y el bloque patronal rural pasando abiertamente al campo opositor.

Yo caníbal

Ya recompuesto el kirchnerismo y luego de la inédita victoria que obtuvo en Córdoba (con el 37 % en 2011, en la elección donde Cristina se alzó con el 54 % a nivel nacional), la relación del electorado cordobés con el gobierno kirchnerista entró nuevamente en crisis en 2013 con el acuartelamiento policial y los episodios de saqueo. El mismo sector social movilizado en la “crisis del campo” tomó protagonismo con escenas canibalezcas de linchamientos en el acomodado barrio de Nueva Córdoba, donde sectores de la juventud de clase media alta salieron a cazar personas en moto. El pánico que estimularon los saqueos hizo estallar brotes de micro-fascismo urbano.

De La Sota supo administrar la crisis apelando a la máxima por la cual “la culpa es de Buenos Aires” y, frente a las evidencias de una mano negra policial en el armado de los saqueos, direccionó la bronca social hacia la actuación del gobierno nacional que “no mandó a la Gendarmería para cuidar a los cordobeses”. La idea de que la “seguridad de los cordobeses” había sido objeto de especulación política por el gobierno nacional fue tan productiva entre la clase media alta y baja como para los trabajadores y los sectores más pobres. Cordobesismo reloaded. Descontento contra la corrupción y el impuesto a las ganancias mediante (que generalizó el antikirchnerismo entre las plantas del complejo automotriz), así se cocinó el 70 % del macrismo en 2015, a la vez que se catapultó la orientación macrista del peronismo local. No por casualidad el mayor corte de boleta del domingo 11 de agosto fue entre “los diputados de Juan” y Macri presidente.

Imagen: Santiago Benítez-Vieyra
Imagen: Santiago Benítez-Vieyra

Orden y progreso

Córdoba es una provincia con bajo empleo público: según la consultora Economía & Regiones tiene 36 empleados públicos cada mil habitantes, la relación más baja del país. Esto le permite al menos dos cosas (por el momento):

  •  Primero: un promedio salarial que supera la media nacional. El salario docente cordobés oscila entre los primeros del país, y hoy es el quinto más alto (después de San Luis, Tierra del Fuego, Neuquén, y La Pampa) mientras que el bonaerense esta en el doceavo lugar. Incluso el gobierno provincial negoció una paritaria que incluye cláusula gatillo mensual hasta agosto, algo a lo que, ya ganadas las elecciones de mayo, está amenazando con ponerle fin. Que se entienda: los salarios son de hambre frente a una inflación creciente, pero en la mayoría de las provincias están más rezagados aún. Y esto, electoralmente hablando, importa.
  •  Segundo: una mayor capacidad de tomar crédito por una relación por el momento no catastrófica entre ingresos y volumen de deuda. Según el informe de Barclays, banco especializado en mercados emergentes, Córdoba es la provincia mejor calificada del país para la toma de crédito. Si bien es una bomba de tiempo porque la deuda está dolarizada y aumenta con la devaluación –al punto que al precio actual del dólar la provincia deberá afrontar en 2021 el pago de 76.000 millones en concepto de servicios de deuda–, el gobierno provincial logró hasta el momento apalancar sobre la base del crédito un ambicioso plan de obras que le permite construir la imagen de gestión eficiente. Al uso y abuso de esta imagen se redujo toda la campaña electoral de Schiaretti. Un cordobesismo que vende modernización y progreso y la retórica de “vuelta al mundo” de los mercados de crédito como un logro del vínculo virtuoso provincia-nación. Algo tan productivo electoralmente como peligroso: votos para hoy, ajuste para mañana.

    Dice Luciano Chiconi enRevista Panamá que esa “isla de gestión” se replicó como una “isla política”: el peronismo local expresa una exitosa alianza conservadora de matriz diversificada (donde convergen la industria automotriz, el agro, la construcción, los servicios, los alimentos) cuyo éxito no depende del apoyo financiero nacional. En el otro extremo de la fórmula de la gobernabilidad provincial, el peronismo tejió una política de contención social que incluye diversos programas sociales, boleto educativo, boleto obrero, PAICOR, Plan Primer Empleo, etc. que actúan como amortiguadores del impacto del ajuste. O, en otros términos, que el 35 % de pobreza provincial no se traduzca en bronca social.

    Por su parte, la crisis en la industria metalmecánica alentada por la caída de las ventas internas y al mercado brasilero, no se tradujo aún en despidos generalizados: por el momento, las patronales –en acuerdo con los sindicatos– combinan suspensiones rotativas (que afectan a unos 15 mil trabajadores) con una política de retiros voluntarios a cuentagotas. El movimiento obrero industrial que en 2015 explicó parte del 70 % de voto a Macri hoy es uno de los grandes desencantados con el gobierno nacional, lo que explica el voto opositor de muchos trabajadores. Sindicatos como SMATA militaron el voto F-F, amparados en la política de “libertad de acción” del peronismo local: “el presidente que quieras, los diputados de Juan”, fue uno de los lemas. Objetivo cumplido: el descontento, canalizado en el voto, no tendió a la ruptura de la pasividad.

    Pero todo consenso contiene coerción. A la ya conocida política de policialización de la que hizo un sello de gobierno De la Sota –que mantiene represivamente la guettización de la pobreza en los “barrios ciudad” ubicados en la periferia urbana, lejos de un centro organizado para disfrute de las clases medias–, se suma una política de fuerte control sindical. Oscilando entre la coerción abierta con elementos consensuales y el consenso con elementos coercitivos, en el Estado-integral cordobés los sindicatos actúan como base excluyente de la gobernabilidad provincial (y de sus “verdaderos dueños”: las grandes multinacionales). Mientras sindicatos como SMATA son más abiertamente “gansteriles”, impidiendo con patotas y persecución el surgimiento de toda expresión combativa en el movimiento obrero (las luchas contra los ataques en Cargo VW, Renault, Iveco, Gestamp, Valeo, no casualmente ligadas a la izquierda, lo atestiguan), sindicatos de conducción kirchnerista como UEPC o Luz y Fuerza hacen de “opositores a su Majestad”, contienen el descontento y garantizan la paz social.

    El último episodio significativo de quiebre de la paz social, cuando en 2017 la UTA sostuvo 10 días de paro y las editoriales denunciaban una “huelga salvaje”, fue usado como disciplinador estratégico: todo el régimen cerró filas para asestar una dura y ejemplificadora derrota que incluyó militarización de los colectivos, despidos del activismo, ley de declaración de servicios esenciales y una profunda demonización social de la lucha. En las calles y en la Legislatura –con la excelente intervención de denuncia de Laura Vilches que fue reproducida por decenas de miles–, desde el PTS defendimos incondicionalmente la lucha y la adopción de una política de alianza con la comunidad. La negativa de la conducción a asumirla selló parte de su suerte con la instalación de un clima marcadamente conservador contra los trabajadores.

    El “cordobesismo” que se proyecta tanto en el peronismo como en el macrismo se nutre de ese sustrato conservador, de esa suerte de ideología “anti-Cordobazo”: la Córdoba cuyo sujeto social son “los vecinos” que no quieren quilombo. “Por más errores que cometieron los trabajadores de la UTA nunca había pensado que la sociedad cordobesa se sentaría, como aquellas mujeres que tejían mientras se decapitaba a los rebeldes en la Francia de Robespierre, a pedir la cabeza de los trabajadores”, cita Dante Leguizamón que dijo el muy experimentado abogado laboralista Lucio Garzón Maceda. El mismo ADN activó rápidamente el régimen provincial, –justicia y medios de comunicación incluidos, en un trabajo en pinzas con el régimen universitario–, frente a la lucha universitaria de 2018 y la toma del Pabellón Argentina. A cien años de la Reforma Universitaria, el contra-reformismo de peronistas y radicales incluyó todo tipo de ataques: brotes de micro-fascismo de una FUC que organizó patotas contra los estudiantes, procesamientos judiciales y demonización mediática. No faltó el debate sobre la necesidad de elaborar protocolos de expulsión de la Universidad. Mientras todo eso sucedía, las organizaciones estudiantiles kirchneristas y pan-kirchneristas (tipo Patria Grande) brillaron por su inmovilismo, y llamaron a abandonar las calles apenas se produjo el acuerdo salarial docente. Otro punto para la Córdoba conservadora.

    Los normalizados

    Mientras la política del régimen provincial es el disciplinamiento y la normalización de cualquier expresión que se inscriba en la tradición de la “Córdoba rebelde”, los aspirantes a oposición juegan a favor de ambas cosas. Luego de fracasado su intento de alianza con De la Sota (impedida por el fallecimiento de este), el espacio kirchnerista se integró cada vez más a la estrategia schiarettista. Bajar la lista propia para ahorrarle competencia no hizo más que alimentar la hidra del “cordobesismo” que terminó en el cuadro de la “Córdoba amarilla” del pasado domingo. La insistencia en la moderación y la calma, cada vez más críticas ante la profundización de la crisis y el golpe devaluatorio al salario, continúan la tarea.

    Lo propio hace la intelectualidad en la que se referencia el sector, como el caso de la reconocida historiadora Mónica Gordillo que en el pasado aniversario del Cordobazo quiso recuperarlo en clave “normalizada”. Sin sonrojarse, planteó a La Voz del Interior: “Este aniversario nos encuentra en un momento del país que está suscitando una serie de celebraciones en torno a pensar el tema de la unidad, que fue lo que efectivamente se dio en esas jornadas de mayo. En ese entonces fue la unidad obrero-estudiantil”. Con esta amalgama entre la unidad en las barricadas del Cordobazo y la unidad pejotista actual al servicio de la moderación no es difícil imaginar quiénes vienen ganando la “batalla cultural” en la provincia. Tampoco es difícil deducir que no será en estas filas que la Córdoba conservadora encuentre sus enemigos estratégicos.

    Los olvidados del cordobesismo

    Así las cosas, el régimen provincial tiene su talón de Aquiles, y este crece cada vez más: las decenas de miles de jóvenes que trabajan en condiciones precarias en los call centers, en comercio, las aplicaciones de delivery, talleres metalúrgicos, textiles, la construcción, los servicios. Sin estabilidad, sin derechos, sin futuro. Jóvenes que no entran en la política de contención del gobierno provincial, que cada vez tienen menos posibilidades de un trabajo estable y que carecen de una identidad política definida. Muchos directamente están por fuera de cualquier encuadramiento sindical. Este sector puede actuar como el primer “punto de falla” de la estabilidad social provincial. Una estabilidad que tiene bases estructurales endebles: el alto endeudamiento en dólares pronostica futuros ajustes, incluso ahora mismo el gobierno prepara las condiciones para eliminar la cláusula gatillo de docentes y estatales, rebajando el salario en pleno golpe devaluatorio. La situación de fragilidad e inestabilidad económica producto de la grave crisis a nivel nacional puede golpear, como ya sucedió en los 90 con ataques sobre los estatales y los trabajadores automotrices, y rápidamente cambiar de conjunto la dinámica de la situación provincial. En un marco así, la identidad entre peronismo local y macrismo pasará de ser un negocio electoral rentable a una fuente capaz de motorizar crisis políticas.

    La campaña del Frente de Izquierda-Unidad estuvo al servicio de prepararnos para evitar que nuevamente intenten descargar la crisis sobre los trabajadores y sectores populares. En nuestra campaña se vio reflejada la Córdoba de los jóvenes precarios, los estudiantes que luchan en defensa de la educación y que hoy enfrentan la persecución judicial. De los trabajadores, docentes y estatales combativos, de las mujeres que luchan por sus derechos. De quienes no sucumben en tiempos de normalización y normalizados y plantan la bandera por construir a contracorriente una herramienta política propia que se proponga conquistar la subjetividad de miles para prepararnos para intervenir frente a la crisis a la que nos arrastran. Porque estas pelas también preparan los combates de mañana, donde suene en las calles la música de los futuros Cordobazos y más de uno se entere de que, después de todo, Córdoba no era una isla.







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