Política

AJUSTE Y REPRESIÓN

Represores libres, manifestantes presos

Liberan al policía que atropelló a un manifestante pero arrestan a otro militante del PO que participó de las movilizaciones contra la reforma jubilatoria. La doble vara del poder judicial y el gobierno.

Miércoles 10 de enero | Edición del día

El Juez Federal Sergio Torres parece vivir en el mundo del revés. Tiene a su cargo investigar los hechos del pasado 18 de diciembre en las inmediaciones del Congreso, cuando se votó la (contra) reforma jubilatoria, en el marco de una represión de la Policía de la Ciudad que continuó el brutal despliegue de Gendarmería del jueves 14. Sin embargo, en su particular visión del derecho, Torres solo mantiene detenidos a manifestantes mientras libera al único policía que estaba detenido por la represión.

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El beneficiado es el efectivo Dante Barisone, señalado como quien atropelló intencionalmente con su moto a un joven de 19 años que trabaja de cartonero en la zona donde ocurrió la represión. A su vez, el juez rechazó el pedido de eximición de prisión del militante del Partido Obrero, Dimas Fernando Ponce, quien se entregó este martes en los tribunales federales de Comodoro Py. Junto con César Arakaki, suman dos militantes de ese partido presos por haber participado de las movilizaciones contra la reforma previsional. Otras cuatro personas –algunas que ni siquiera se movilizaron- siguen presas desde las jornadas contra la reforma.

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Doble vara del gobierno y su “justicia”

Respondiendo a las acusaciones del Juez, la abogada de los militantes, Claudia Ferrero, presentó pruebas fotográficas de que las agresiones a policías que se imputa a sus defendidos son falsas. De todos modos, el juez ratificó la prisión para Ponce. Contrastando con esto, al policía Barisone se le dicto la “falta de méritos” aunque existe una filmación que lo muestra atropellando a Alejandro Gabriel Rosado, causándole graves lesiones en el pecho y quemaduras en su pierna.

¿En base a qué el juez libera al policía? En base a la palabra de los superiores de Barisone, es decir, de los que comandaron la represión. El Ministerio de Seguridad había entregado el nombre de Barisone como responsable del atropellamiento de Rosado pero luego se “desdijeron”. No se le puede pedir pulcritud a los procedimientos de la impunidad. Semejante escándalo tuvo que ser contestado por Torres –que no tiene empacho en inclinar la balanza para el lado de la criminalización de la protesta- con una denuncia por posible encubrimiento.

Así, de los hechos del 18 de diciembre solamente hay manifestantes detenidos y ni un solo policía identificado por delitos cometidos durante una represión que se llevó los ojos de 4 personas y dejó otros tantos heridos y atropellados por la división motorizada de la policía (80 personas fueron hospitalizadas).

La doble vara del gobierno y su “justicia” se ve más allá de la causa que investiga los hechos del 18D. Ahí lo tenemos al genocida Etchecolatz con el beneficio de prisión domiciliaria en su lujosa residencia de Mar del Plata, mientras no existe un solo condenado por la desaparición del testigo clave Jorge Julio López. El macrismo, que se acordó de López 11 años tarde para distraer del caso de Santiago Maldonado, pasó entonces a ascender al gendarme Emmanuel Echazú, uno de los sospechados por la desaparición forzada y muerte del joven. Mientras hacía esto, la ministra Patricia Bullrich corrió a protagonizar un nuevo papelón queriendo dar por ciertala opereta burda con la que se buscó acusar al Partido Obrero de poner una “bomba”. Y, por si hiciera falta recordarlo, se cuentan cero imputados por el asesinato de Rafael Nahuel, caído por el impacto de una bala 9mm por la espalda que se corresponde a las armas reglamentarias que portaba la Prefectura aquel trágico sábado de noviembre en Villa Mascardi.

15 millones de balas para que pase la reforma laboral

La liberación del policía atropellador parece ser solo la punta del iceberg. Debajo, está el pedido de 15 millones de balas de goma para el 2018, que se suma al pedido record (histórico) de gases lacrimógenos. Más de 10 millones de esas balas se pide que sean provistas entre febrero y abril, meses en los que el gobierno evalúa hacer votar la (contra) reforma laboral en el Congreso, ante lo cual, naturalmente, se espera resistencia.

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Es que la imagen del gobierno viene en picada desde la aprobación del saqueo a los jubilados. Para decirlo mal y pronto (y con un término que le gusta a Durán Barba), la gente votó a Cambiemos más por rechazo al kirchnerismo que por aval al gobierno que, adicionalmente, mintió durante la campaña electoral y ocultó que su principal política iba a ser sacarle la plata del bolsillo a jubilados, familias que cobran la AUH y trabajadores.

Ante el rechazo de millones a las políticas del gobierno, ante la nueva disposición a resistir los despidos en el Estado y en el sector privado, que tiene sus principales ejemplos en la UEP de La Plata y en Fanazul, pero se extiende en todo el país, la detención de los militantes del PO y otros manifestantes es un intento de disciplinar a quienes luchan contra el ajuste. Para fortalecer la pelea contra los despidos y preparar la lucha contra la reforma laboral, es preciso ganar las calles contra la represión, la criminalización de la protesta y por la libertad a Cesar Arakaki, Fernando Ponce y todos los presos políticos. La marcha convocada este jueves por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia es una cita de honor.








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