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Transporte público: lo que dejó el 2020 y lo que se viene en 2021

Los empresarios del transporte en Tucumán dicen estar al borde de la desaparición. Reclaman más subsidios y nuevos tarifazos. Reciben millones del Estado pero arrastran deudas salariales y persiguen a quienes protestan. El modelo salteño en la agenda de los empresarios.

Domingo 24 de enero | 20:03

Este 2020 la situación laboral y las condiciones de los trabajadores del transporte se agravaron fuertemente. La AETAT dice que el actual sistema de transporte es “inviable”, que deben aumentar las tarifas y los subsidios que destinan el Estado Nacional y Provincial. Estas declaraciones solo buscan justificar un chantaje y fraude laboral hacia los 3600 trabajadores del transporte. En todo el año los subsidios nunca dejaron de ingresar, pero las irregularidades en los pagos y la deuda salarial con los trabajadores nunca dejó de crecer.

¿A dónde va la plata de subsidios y boletos?

Desde hace varios años Tucumán cuenta con uno de los boletos más caros del país, esto contrasta con el estado cada vez más deplorable del servicio por la falta de inversión, reduciendo frecuencias, sin realizarle correcto mantenimiento a las unidades, etc. La unidad entre trabajadores y usuarios es fundamental para pararle la mano a las patronales. Si las patronales sostienen no tener los recursos para pagar sueldos y realizar el mantenimiento de los servicios hay que exigir que muestren sus libros contables para que se sepa a dónde va la plata.

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El caso más aberrante es quizás el de la empresa Tucumán Santiago, que explota parte de los recorridos de la línea 18, donde los trabajadores están sin cobrar desde octubre. La patronal igual siguió cobrando subsidios, mientras amenaza con irse y dejar a todos en la calle si los trabajadores hacen paro. El gobierno debe intervenir para quitar la concesión y estatizar cualquier empresa que pretenda cerrar o despedir masivamente.

Manzur y Alfaro: No hay grieta para atacar a trabajadores y usuarios

En mayo la Legislatura promulgó una ley que obliga a las empresas a usar los subsidios para el pago de los salarios, pero esto no se cumple y el Gobierno de Manzur no interviene, garantizando de hecho que se consume este fraude laboral.

Por su parte Alfaro en la capital amenaza que si los trabajadores inician alguna medida de fuerza pondrá en marcha un sistema de transporte paralelo con combis para cubrir los recorridos de los colectivos.

Es claro que el interés de la ambos está puesto en garantizar las ganancias de los empresarios, sin cuestionar siquiera la concesión de las líneas y no velar por los derechos de los trabajadores y usuarios.

¿Y la UTA?

En todo el año la UTA llamó al paro durante los primeros meses de la pandemia, cuando menos afectaba a las patronales, casi no movilizó y cuando llevó los colectivos al centro levantó la medida ante la amenaza de judicialización. Pero además la UTA toma la agenda de las patronales que piden más subsidios, tarifazos y amenazan con despidos si hay paro.

Frente a la pasividad del sindicato se empezaron a dar experiencias de asambleas de base en algunas líneas que impusieron medidas de lucha a las que González tildo de ilegales. Como expresión de una bronca generalizada con la inacción del gremio surge el movimiento de los Autoconvocados de la UTA. Parte de estos activistas están siendo ahora perseguidos por las patronales, con el aval de la UTA que no viene interviniendo en su defensa. En cada lugar donde hayan despidos hay que exigir asambleas a los delegados y medidas para defender a los compañeros perseguidos, ¡Si tocan a uno tocan a todos!.

¿Cuál es la salida?

El 2021 comenzó con un aumento en los casos de Covid y la posibilidad de un rebrote deja claro que la pandemia está lejos de superarse, pero lo más preocupante es que los “protocolos de salubridad” en las líneas son casi inexistentes lo que expone a los trabajadores al contagio, a esto le tenemos que sumar un ajuste en el presupuesto 2021 para Salud.

En el transporte la situación está lejos de solucionarse y en provincias como Rosario se avanza con un fuerte ataque a trabajadores y usuarios del transporte público luego de que se votara una “readecuación del servicio” que implica una reducción de casi el 50% en la circulación de colectivos y la suspensión de varias líneas. La crisis en los sistemas de transporte privatizados es extendida nacionalmente.

Si bien el Gobierno de Alberto Fernández estableció una prórroga en el DNU que establece una doble indemnización frente a despidos también fija un tope desprotegiendo a los y las trabajadoras con mayor antigüedad. Este marco prepara el terreno para profundizar medidas de ajuste sobre los trabajadores que traerán despidos, quizás más selectivos en un primer momento. Esto plantea la necesidad de estrechar lazos de solidaridad y la coordinación con distintos sectores de trabajadores para hacer frente a estos ataques.

En Tucumán empresarios del transporte y el propio González de la UTA plantean cambiar el modelo y hablan de las virtudes del sistema Salteño. Pero esto es un engaño, ya que el sistema salteño solo ha favorecido la concentración de las líneas en un puñado de empresarios, profundizando los despidos y persecuciones.

Estatización bajo control de trabajadores y usuarios

Si a través de los subsidios el Estado paga los salarios y una buena parte de los costos operativos se cubren con la recaudación por la venta de pasajes, ¿para qué seguir sosteniendo, bajo el modelo tucumano o salteño, el negocio de los empresarios?

Son los choferes los que mueven el transporte día a día. Son los trabajadores quienes tienen la fuerza de parar la circulación de pasajeros y hacer oír sus propios reclamos. Para eso es necesario recuperar la organización más amplia y democrática, exigiendo a los delegados que llamen asambleas en cada línea, buscando el apoyo de los usuarios y de las familias.

Es necesario que los trabajadores levanten una perspectiva propia e independiente a la profunda crisis del sistema de transporte público, que afecta a choferes y usuarios, y que debe comenzar por terminar con la privatización del transporte público de pasajeros para avanzar hacia la estatización bajo control de comités de trabajadores y usuarios, los únicos interesados en garantizar un transporte eficiente, barato y que respete todos los derechos laborales.

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