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OPINIÓN

Una “solidaridad” de la que quedan afuera bancos, privatizadas y petroleras

El Gobierno nacional presentó el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. El pago de la deuda pública se presenta como prioridad. Las entidades bancarias y las privatizadas no son alcanzadas.

Eduardo Castilla

@castillaeduardo

Miércoles 18 de diciembre de 2019 | 18:21

Foto: ministro Martín Guzmán (Télam)

Pasaron apenas meses de aquella afirmación en la que Alberto Fernández elegía a los jubilados por sobre los bancos. Sin embargo, parece un eco más que lejano por estas horas.

Este martes el ministro de Economía presentó el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. El texto, que empezó a discutirse el miércoles en Diputados, presenta un conjunto de normas que abarcan múltiples aspectos de la economía nacional.

Sin embargo, a la hora de atender a la emergencia social y económicas, la “solidaridad” declamada no contempla a los grandes ganadores del ciclo macrista.

A lo largo de 35 páginas que contiene el PDF oficial, las palabras “bancos” y “entidades bancarias” aparecen, apenas, 3 veces. Por supuesto, ninguna de esas menciones habla de tocar las siderales ganancias que este sector tuvo en los últimos cuatro años.

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En el otro extremo, el proyecto suspende la movilidad jubilatoria por seis meses. La medida alcanza a los regímenes especiales de docentes nacionales, docentes universitarios nacionales, investigadores científicos y ex-combatientes de Malvinas, entre otros.

Esto implica que los aumentos correspondientes a marzo y junio quedarán atados a la voluntad política del gobierno de turno. Nada garantiza que los jubilados puedan ganarle o siquiera empatarle a la inflación en los próximos meses. Tampoco que todos y todas vayan a recibir el mismo aumento.

La compensación que implican los pagos de $ 5.000 en diciembre y enero aparece más que limitada frente a la durísima situación que viven millones de jubilados y jubiladas. El 70 % no alcanza el monto necesario para vivir dignamente, hoy valuado cerca de $ 37.000.

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Será difícil -casi imposible- que conceptos como “consistencia macroeconómica” y “equilibrio fiscal” no vuelvan a flotar en el discurso oficialista cuando aquellas fechas se acerquen.

De fondo estarán las tensiones que impone “asegurar la sostenibilidad de la deuda pública”. Este es el punto de partida del proyecto presentado por el oficialismo para su debate en el Congreso.

Entre quienes tampoco son alcanzados por el pedido de “solidaridad” están las grandes petroleras y mineras. Gracias a la voluntad política del ministro de Producción Matías Kulfas, el proyecto les impone una baja de las retenciones, que pasa del 12 % al 8 %.

Las mineras deben festejar por partida doble. Este martes el gobernador Rodolfo Suárez se llevó de Casa Rosada el apoyo presidencial para el desarrollo de la minería en Mendoza.

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Las patronales del campo son, tal vez, el único sector que sufre un poco los embates de la nueva gestión. Sin embargo, el gobierno nacional ratifica que sólo está actualizando el esquema legado por Macri. El proyecto propone la posibilidad de subir el porcentaje aún otro 3 %, pero los funcionarios oficiales insisten en que todo se hará “sin imposiciones”.

Las privatizadas también pueden sentir alivio. El texto elevado al Congreso propone “reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético”. Y aunque establece un congelamiento de precios por seis meses, eso no implica que las tarifas bajen. Por ahora, el tarifazo sigue siendo el tarifazo.

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En las redes sociales, periodistas y referentes del kirchnerismo defienden activamente el proyecto. Proponen “terminar con los privilegios” en función de ayudar a los sectores más postergados.

Pero la “solidaridad” que el proyecto oficial viene a plantear es completamente falsa. Las cargas del ajuste no caen sobre todos por igual. Las ganancias del gran capital quedan a salvo. Los ingresos de jubilados y jubiladas caen dentro.

El macrismo no legó solo miseria y pobreza. Dejó grandes ganadores, como los bancos, las privatizadas y las petroleras. Verdaderos “privilegiados” a los que la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva direcamente no toca.

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