Política

LEY DE EMERGENCIA SOCIAL

En diez días de albertismo, la izquierda ya demostró por qué su voz tiene que estar

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Seis cosas que la izquierda denunció en el Congreso, en las redes y en los medios, que nadie te hubiera dicho si no se escuchara su voz.

Juana Galarraga

@Juana_Galarraga

Viernes 20 de diciembre de 2019 | 22:57

El gobierno de Alberto Fernández lleva apenas diez días pero ya se empieza a ver qué había detrás de algunos de sus eslogan de campaña. Con la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que aprobó en el Congreso, el nuevo oficialismo eligió “empezar por los últimos”: pero para ajustar. Esos mismos diez días bastaron para que la izquierda demostrara la importancia de su voz en el Congreso, en las redes y en los medios.

Las críticas de Cambiemos y del resto del arco que ahora configura la oposición, lejos están de cuestionar la estafa que representa lo que se votó para el bolsillo de jubilados y jubiladas. La única fuerza política coherente con la defensa de su calidad de vida, es el Frente de Izquierda. Si no hubiesen estado en el Congreso Nicolás del Caño y Romina del Plá, nadie hubiese algunas cosas.

1 - Vivir con $ 19.000 no es un privilegio: El bono que se aprobó, de $ 10.000 desdoblados en diciembre y enero, es solo para quienes cobran la mínima de $ 14.000. Para quienes cobran un poquito más, el monto entregado cubrirá la diferencia que les falte para alcanzar los $ 19.000.

El resto, 2,3 millones de jubilados y jubiladas, no recibirán nada. Las personas que cobran una jubilación que ronda los $ 20.000 no son privilegiadas. La canasta básica de jubilados alcanza los $ 38.000.

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2 - La movilidad jubilatoria se suspende cuando iba a beneficiar a jubilados y jubiladas por primera vez: De acuerdo a la fórmula en vigencia desde que se votó la contrarreforma previsional hace dos años, hubiera correspondido un 29 % de aumento en el primer semestre de 2020.

Cambiemos, en su mundo paralelo, no contaba por entonces con que subiera la inflación tal como terminó sucediendo. Por eso impulsó la aprobación de una nueva fórmula que ataba el aumento de las jubilaciones a este indicador. No les dejaron ni eso, que tampoco hubiera sido suficiente para recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos cuatro años.

En vez de habilitar ese mínimo respiro ante el aumento de precios, la movilidad se suspende y queda a criterio del Ejecutivo que definiría por decreto los próximos aumentos.

3 - La “solidaridad” es entre los de abajo y no ataca privilegios: La solidaridad de la que hablan es un eufemismo. Se hacen los solidarios con la plata que aportaron millones durante toda una vida de trabajo y reparten un bono que no alcanza ni para subsistir. Mientras diputados y diputadas que ganan más de $ 160.000 al mes no renuncian ni a uno solo de sus privilegios.

Qué decir de la suspensión de la movilidad que excluye las jubilaciones de privilegio: de expresidentes, jueces y fiscales. El Gobierno finalmente tuvo que retroceder con esto ante el repudio que generó. La única voz consecuente desde siempre contra este tipo de privilegios es la de la izquierda.

Nicolás del Caño cobra como un docente desde que es diputado y aporta el resto de su dieta a luchas populares. En el marco de la emergencia económica, ¿no podría aprobarse el proyecto de la izquierda para que todo funcionario político cobre como una docente? legisladores de todos los espacios políticos se han negado sistemáticamente a discutirlo.

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4 - El pago de la deuda es incompatible con los intereses de los más vulnerables: Como dijo por televisión el ministro de Economía, Martín Guzmán, las conversaciones con el FMI serían muy difíciles de no aprobarse esta ley. El espíritu del proyecto votado, tiene como eje la sostenibilidad del pago de la deuda pública.

El Artículo 53 habilita que se eche mano a los fondos de garantía de sustentabilidad para pagar deuda. Es decir, se pone a disposición los aportes jubilatorios para la timba financiera. La voluntad de pago de este gobierno, irá acompañada de una disciplina fiscal monitoreada por el FMI y los acreedores.

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En palabras sencillas: significa ajustar más a los sectores populares. Además el nuevo gobierno pide todos estos esfuerzos a la población, sin siquiera auditar la deuda. Quiere pagar con los ojos cerrados la deuda que tomó Macri, sin discusión en el Congreso. Recordemos que en campaña electoral el Frente de Todos denunciaba esta estafa. Ahora legitima su consumación, distorsionando la doctrina de la “deuda odiosa”, para arrodillarse ante los pulpos saqueadores con el argumento de que la deuda fue tomada por un gobierno democrático. Vaya democracia. Esto no es defender la soberanía, ni enfrentar al neoliberalismo.

5 - Empezar por los últimos significa afectar a los primeros: Mientras se afecta a los jubilados, a los bancos que entre enero y octubre levantaron $ 243.000 millones, no se les toca un centavo. A las mineras y a las petroleras se las beneficia con una baja de retenciones del 12 % al 8 %.

Alberto Fernández dijo que “la minería es una actividad primordial" y pactó con el gobernador radical de Mendoza, Rodolfo Suárez, la reforma de la ley 7.722 para habilitar el fracking en la provincia. El gobierno se reunió con empresarios como Héctor Magnetto (Grupo Clarín), Paolo Rocca (Grupo Techint), Roemmers y Bagó (líderes de la industria farmacéutica), que brindaron sonrientes junto al flamante presidente. Sin embargo no convocó a discutir a organizaciones de jubilados y jubiladas. No les consultó nada.

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6 - ¿Por qué antes sí y ahora no? En 2018 la Cámara de Diputados aprobó una ley para retrotraer las tarifas de los servicios públicos a 2017. Mauricio Macri la vetó. Por entonces, quienes hoy conforman el actual oficialismo repudiaron el veto de Macri. ¿Por qué entonces no impulsan ese proyecto para atacar las ganancias millonarias de las privatizadas de los servicios?

No, plantean un congelamiento de las tarifas, lo cual significa legitimar el saqueo de los bolsillos populares vía tarifazos de los últimos años. Las privatizadas robaron y seguirán robando. Lo mismo puede decirse de la ley antidespidos, que Diputados aprobó en 2016 y Macri vetó. Si el peronismo estaba a favor en aquel entonces, ¿por qué no impulsa esa iniciativa nuevamente para defender los puestos de trabajo en la actual emergencia?

En las calles, en el Congreso, en las redes y en los medios

El nuevo gobierno ya demostró tener su propia maquinaria en las redes y en los medios masivos, para sembrar confusión cuando ponía por primera vez sus verdaderas cartas sobre la mesa. Eufemismos, desinformación, campañas difamatorias contra la izquierda. Cuenta además con el apoyo de muchos medios que pasaron de ser fervientes críticos del ajuste macrista a ser justificadores a toda costa de la continuidad de ese mismo ajuste.

Es por esto que no solo la presencia de diputados del FIT en el Congreso demostró ser importante. También se destacó la influencia conquistada por La Izquierda Diario, su red internacional de medios y sus redes sociales, como un polo y una voz alternativa que no se calla ante la continuidad del ajuste y el saqueo.

Leé también: Del Caño fue quien más movilizó la conversación en Twitter sobre la Ley de Emergencia

Este viernes el sitio Chequeado difundió un análisis que arrojó como resultado que la cuenta de Nicolás del Caño fue la que más movilizó la conversación en Twitter sobre la ley de Emergencia.

Desde el martes las visitas a este diario se ubicaron por encima de la media durante los diez días anteriores. Las notas más leídas tuvieron que ver con el posicionamiento de la izquierda ante el debate. Esto demuestra la importancia de sostener una voz independiente, expresión de una política totalmente diferente a la del oficialismo. Por más dogmas sin sentido que se repitan, como que “criticar por izquierda te lleva a la derecha”, la realidad es que estos días demostraron que el rol que la izquierda puede jugar como oposición en el debate público es único, porque es la única fuerza política independiente de los poderosos.





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