Géneros y Sexualidades

VIOLENCIA INSTITUCIONAL CONTRA LAS MUJERES

Abusos sexuales en un operativo ilegal en Chaco

En la madrugada del domingo 31, la Policía de Chaco (gobernada por Jorge Capitanich) golpeó y detuvo en su casa a 4 personas de la comunidad Qom en la localidad de Fontana. Abusos sexuales y violencia institucional.

Celeste Murillo

@rompe_teclas

Martes 2 de junio | 21:39

Imagen: La ministra de Seguridad y el jefe de Policía de Chaco en conferencia de prensa.

En la provincia de Chaco, un grupo de policías ingresó violentamente a una vivienda del Barrio Banderas Argentinas de la localidad de Fontana. Sin orden allanamiento, con golpes y armas de fuego detuvieron a dos varones y dos mujeres de la comunidad qom.

La revista Cítrica difundió el registro de las detenciones y la violencia de la Policía. Los testimonios posteriores denunciaron tortura, en particular las mujeres que fueron abusdas y humilladas. “Ya les tiramos alcohol, ¿quién les prende fuego?”, denunció una de las jóvenes qom que fue torturada y abusada.

La violencia sexual como herramienta disciplinadora

Los abusos de las fuerzas represivas confirman que la violencia sexual sigue siendo una arma utilizada contra las mujeres en marcos represivos. Argentina no es una excepción, en contextos de represión, las Policías y otras fuerzas uilizan la violencia sexual como herramienta disciplinadora contra las mujeres. A las detenciones arbitrarias y tormentos que sufrieron las 4 personas detenidas en Fontana (Chaco), se sumó el abuso sexual de las mujeres.

La Mesa Multisectorial Feminista (MMF) denunció: "la piba sufría episodios de nervios y de desmayos, producto del shock que le dejó la tortura que ejercieron sobre ella los policías de la comisaría tercera, que no sólo pisaron sus pechos, también los tocaron. Tocaron y manosearon el cuerpo de las dos pibas que estaban esposadas y aterradas, una, reiteramos, menor de edad".

Las denuncias de abuso sexual provocaron la intervención de la secretaría de de Derechos Humanos y Géneros, encabezado por Silvia Pérez. La subsecretaria Nayla Bosch fue la vocera de la cartera cuando se conoció la denuncia en los medios. El lunes 1, la funcionaria se limitó a confirmar los hechos y no fue hasta el martes 2 por la tarde, cuando el hecho tuvo repercusión nacional, que las autoridades provinciales anunciaron la suspensión de los policías que participaron del operativo.

Nayla Bosch se presenta como feminista y fue una de las incorporaciones al gobierno de Capitanich como un gesto de integración de las demandas de las mujeres. En enero de este año, Bosch fue parte de la presentación del programa contra la violencia institucional del gobierno provincial. Entonces, el gobernador Capitanich había asegurado que, “estamos trabajando en una clara política contra la violencia institucional y la discriminación en el sistema carcelario a fin de garantizar una provincia libre de violencias”.

La violencia policial no es un hecho aislado

La discriminación de la comunidad Qom en Chaco se agudizó durante la pandemia de Covid-19. Ya se habían conocido múltiples denuncias en el conglomerado Gran Toba en las afueras de Resistencia, área que el gobernador Jorge Capitanich decidió sitiar cuando se conocieron casos de contagio del virus.

Las fuerzas policiales actuaron envalentonadas en este contexto: “A ver correte, india de mierda’, me decían, y después el jefe a cargo del operativo me pegó con la pistola reglamentaria en la sien. ‘Así hay que tratarlos a estos indios’, se felicitaban los oficiales”. Esta fue la denuncia de la madre de uno de los detenidos en Fontana.

Los policías no fueron suspendidos hasta el martes 2 por la tarde. Así lo confirmó en conferencia de prensa la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar, que estuvo acompañada por el jefe de la Policía del Chaco Fernando Romero. Hasta ese momento, la secretaría de Derechos Humanos y Género se limitó a confirmar los hechos e informar los pasos de la Fiscalía. El gobierno provincial se mantuvo en silencio.

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La ministra de Seguridad dijo que los hechos, “no pasarán desapercibidos ni toleraremos la impunidad por ellos". Y más tarde se conoció la decisión de que la secretaría de Derechos Humanos y Género sea querellante en la causa que investiga los hechos como allanamiento ilegal, abuso sexual y torturas. Mientras la secretaría de Derechos Humanos retiera que "garantizará la justicia para las víctimas", la familia de las personas detenidas ya denunciaron que la Policía hostiga y persigue a los vecinos del barrio que fueron testigos del operativo. "El lunes a la mañana, la Policía volvió a amenazar e intimidar. “No solo acá, los policías están intimidando a mis vecinos", denunció Elsa Fernández a la revista Cítrica.

Los hechos en la localidad de Fontana no son los primeros ni son excepcionales. La última semana de mayo se conoció la denuncia de la Guardia Comunitaria Whasek Wichí por la detención arbitraria de un joven wichí de 24 años Carlos José Peñaloza. “Me llevaron a Fuerte Esperanza, me maltratan. A la noche del martes 12 (de mayo) me sacaron toda la ropa, todo, todo… Me colgaron con esposas a cada mano, estaba desnudo”. Carlos Peñaloza también denunció que el comisario de Fuerte Esperanza, José María Paredes, lo insultaba y le decía, “Ustedes no son nada, son wichís”.

El martes 2, el diario chaqueño TAG difundió un video de otro abuso policial, en el que los efectivos disparaban balas de gomas con la intención de “intimidar” a un joven que estaba en la calle fuera del horario permitido en cuarentena.







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