×
×
Red Internacional

El impacto en la interna del FDT y en el acuerdo con el FMI. Columna de economía de El Círculo Rojo, un programa de La Izquierda Diario en Radio Con Vos, 89.9. En texto y audio.

Pablo Anino@PabloAnino

Viernes 13 de mayo | 10:38

Foto: Télam.

  • El martes comenzaron las audiencias públicas para fijar aumentos en las facturas de electricidad y gas.
  • Ese primer día, para el gas natural se definió que los nuevos precios que estarán vigentes desde el primero de junio tendrán un aumento promedio del 20 %.
  • El miércoles se definió el aumento de la factura final del servicio de energía eléctrica: a partir del primero de junio será del 16,5 % para los usuarios residenciales que no tengan tarifa social, con lo que en el año acumulará un alza del 42,72 %.
  • Para quienes tienen tarifa social el aumentó será del 6,8 %, por lo tanto el aumento acumulado en lo que va del año es del 21,2 %.
  • El jueves se debatió la implementación de la segmentación en el otorgamiento de los subsidios a los usuarios del servicio de gas natural y de energía eléctrica para el bienio 2022-2023.
  • Recordemos que la política tarifaria fue acordada con el FMI: se estableció que los beneficiarios de la tarifa social tendrán un aumento equivalente al 40% del Coeficiente de Variación Salarial, y del 80% para quienes no gozan de ese beneficio.
  • Asimismo, el 10 % de los usuarios con mayores ingresos van a tener una quita total de subsidios, con aumentos que rondan el 200 %.
  • Los aumentos anunciados tienen repercusión en varios frentes.
  • Tiene un impacto directo en la inflación. El jueves 13 se anunció que en abril aumentó 6 % y registra un alza del 58 % en la comparación interanual. Para junio el aumento de las tarifas va a sostener la inflación en un nivel muy alto.
  • Es peligroso: un 6 % de inflación mensual sostenido durante un año implica una suba anual de precios por encima del 100 %.
  • Por lo tanto, la suba de tarifas también impacta en la situación social vía un deterioro mayor del poder de compra de los ingresos populares.
  • En la actualidad, la tarifa social rige para quienes perciben una remuneración bruta menor o igual a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. En junio, el salario mínimo va a ser de $45.540, por lo tanto dos salarios mínimos equivalen a $91.080.
  • Es decir, que aquellos usuarios con ingresos que arañan la canasta de pobreza (en marzo costó $89.690) quedan por fuera de la tarifa social.
  • Por otro lado, la suba de tarifas impacta en la interna del Frente de Todos. Desde su gira europea, Alberto Fernández, apuntó a los funcionarios que responden a CFK.
  • ¿Qué dijo Alberto? Que la suba de tarifas “Fue una decisión política y si alguien no puede tomarla, no va a poder seguir en el Gobierno”.
  • La declaración apunta a los funcionarios que deberán avalar los nuevos cuadros tarifarios, tal es el caso del Subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, quien el año pasado sostuvo un enfrentamiento con el ministro de Economía, Martín Guzmán.
  • Aún con los aumentos tarifarios anunciados, una duda que surge es si alcanzan para lograr la meta de reducción de subsidios acordada con el FMI.
  • Es probable que no. Es que la guerra en Ucrania disparó los precios de las materias primas y los combustibles, entre ellos el gas que Argentina necesita importar, principalmente durante el invierno.
  • Recordemos que hoy la provisión de gas y electricidad está en manos privadas porque en los noventa fueron privatizados esos servicios públicos bajo el oficio del Fondo, entre otros organismos internacionales.
  • De esta forma, los servicios públicos están sometidos a la racionalidad de la ganancia empresarial.
  • Esto no sólo se refleja en un servicio deficiente con cortes en momentos de alta demanda, sino también en las condiciones de trabajo de los empleados de las empresas.
  • El testimonio que dieron tercerizados de la empresa EMA en las audiencias grafican la situación. Son trabajadores que fueron despedidos por EDESUR, justamente aprovechando la situación de precarización laboral.
  • En este panorama surgen varias preguntas: ¿por qué no se exponen de manera abierta las ganancias de todas las empresas del sistema energético que usufructúan de consumidores cautivos?
  • Y vinculado a eso ¿por qué los servicios públicos no son considerados un derecho para toda la población, tal como lo son la educación y la salud?
  • ¿Por qué no imaginar un sistema energético nacional sustraído de la lógica de la ganancia? Es más, ¿por qué no pensar que sea gestionado por sus propios trabajadores con control de usuarios populares?
  • ¿Por qué no pensar una planificación racional que atienda el impacto ambiental?
  • Tal vez son muchas preguntas de difícil respuesta cuando no hay un verdadero debate democrático.
  • Por el contrario, las audiencias actúan como la cobertura de decisiones que ya están tomadas desde antes: decisiones tomadas en el acuerdo del Gobierno con lo que mandan desde Washington.



Comentarios

DEJAR COMENTARIO


Destacados del día

Últimas noticias