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Red Internacional

El accionar del Estado ante el asesinato del joven mapuche de la Lof Quemquemtrew a mano de sicarios muestra el desprecio de los gobiernos y el Poder Judicial a la vida de las comunidades originarias que luchan por recuperar su territorio. Una crónica desde el lugar de los hechos. La complicidad estatal con los criminales, al desnudo.

Martes 23 de noviembre | 11:46
Fotos Denali DeGraf

Este lunes por la tarde organizaciones mapuche, partidos de izquierda y organismos de derechos humanos se manifestaron masivamente en los puentes que unen la ciudad rionegrina de Cipoletti con la provincia de Neuquén. “¡Justicia por Elías Garay y castigo a los culpables!” era el grito central, pero el reclamo trasciende la lucha por el joven mapuche de 29 años asesinado el domingo por sicarios en la Lof Quemquemtrew de Cuesta del Ternero.

En la concentración Laura Xiwe Santillán lo sintetizó así: “sabemos que es otro crimen de Estado, ningún gobierno puede venir a decirnos que no es responsable. Hace dos semanas veíamos que en medio de una campaña de odio, racista y violenta contra el pueblo mapuche, no solamente la gobernadora Carreras, Weretilneck o Berni envalentonaban a las fuerzas represivas con este discurso del Siglo XIX, sino también el Gobierno nacional mandó Gendarmería y legitimó ese discurso de odio”. La dirigente rionegrina del Frente de Izquierda viene denunciando desde hace tiempo la criminalización y violencia estatal contra el pueblo mapuche.

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En la movilización estaba también Raúl Godoy, obrero de la cerámica Zanon sin patrones y también referente del FIT. Sumaba a lo dicho por Santillán: “en estos mismos momentos en Buenos Aires hay miles de personas movilizadas por el asesinato de Lucas, un pibe morocho, de barrio, que por potación de cara fue fusilado por la Policía de Larreta. En todo el país se ensañan contra la juventud, con nuestros pueblos originarios, con los mapuches. ¿Por qué? Porque quieren todo el territorio para los negocios inmobiliario, la megaminería, el fracking y el saqueo”.

Mientras esa movilización exigía verdad y justicia por Elías Garay y Gonzalo Cabrera (que fue herido de dos balazos en el abdomen y lucha por su recuperación), en la escena del crimen el cuerpo del joven asesinado permanecía en el mismo lugar donde cayó, producto de las dilaciones del Poder Judicial y el decidido desprecio del Gobierno de Arabela Carreras hacia las comunidades originarias sojuzgadas.

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Denali DeGraf es cronista colaborador de La Izquierda Diario, vive en El Bolsón y este lunes estuvo todo el día en Cuesta del Ternero, acompañando a la comunidad Lof Quemquemtrew junto a decenas de referentes sociales, de derechos humanos y vecinos no mapuches solidarios. Desde el territorio relata cómo fueron las horas posteriores al crimen y el tortuoso proceso que el Estado les está haciendo transitar a los hermanos y hermanas de Elías.

DeGraf relata que a las 7:40 llegó con varias personas más al lugar y que allí ya se encontraban el fiscal jefe Martín Lozada y el fiscal Francisco Arrien, junto a personal de Criminalística y numerosos efectivos de la Policía de Río Negro y del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER).

“Al llegar la abogada Andrea Reile, quien representa a la Lof Quemquemtrew, se acordó que ingresara una comitiva compuesta por la Dra. Reile, algunos representantes de comunidades mapuche, un representante de la APDH y los familiares del joven asesinado”, cuenta el cronista y agrega que “alrededor de las 11 bajaron a comunicar las decisiones tomadas en conjunto con la comunidad en el territorio”.

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Lo que se había resuelto es subieran el fiscal jefe Lozada y tres personas de Criminalística para realizar los peritajes pertinentes. Además se había acordado que subiera “toda la gente que quisiera acompañar, que la gente no mapuche se quedara en la tranquera y una vez terminada la investigación criminalística, la gente mapuche ingresara para realizar una ceremonia de despedida del fallecido”.

Pero además las organizaciones presentes exigieron a los fiscales que se ordenar el retiro inmediato de los retenes policiales que se mantienen desde hace dos meses bloqueando el acceso al territorio “Se tenía que retirar el COER, no se iba a bajar el cuerpo si había que atravesar los retenes”, relata el cronista.

“El fiscal accedió a todos los pedidos pero manifestó que la orden de levantar los retenes la tenía que dar un juez en audiencia porque excedía sus facultades como fiscal. Por lo tanto se fijó una audiencia para las 13:30 y varias personas salieron hacia El Bolsón para conectarse virtualmente. Esa reunión finalmente no tuvo carácter de audiencia ni estuvo el juez, pero se llegó al acuerdo de retirar los retenes policiales del paraje”.

DeGraf detalla que “a lo largo del día fue llegando cada vez más gente al lugar donde se mantuvo el acampe solidario durante 53 días. Arriba en el territorio la comunidad y la familia de Elías Garay aguardaban la llegada de sus compañeros y de quien debía iniciar la investigación del homicidio. El sol ardía y la tristeza y la impotencia eran palpables”.

“Aproximadamente a las 15:45 hs, antes de que llegara la abogada para comunicar lo acordado con la Fiscalía (recordemos que el lugar no tiene ninguna comunicación hacia afuera), un grupo de personas decidió intentar subir para acompañar desde arriba, como ya estaba acordado que se iba a poder. La Policía les negó el paso hacia el territorio. Se dio una situación de conflicto y la Policía reprimió a la gente presente con balas de goma y piedras lanzadas con gomeras, por suerte sin provocar ninguna herida grave”.

“En ese momento llegó la Dra. Reile, se tranquilizó la situación, y se comunicó el acuerdo. La Policía se corrió del retén y pasaron todos los autos en caravana hacia el territorio, que se encuentra 4 km más adelante”.

“Sin embargo, debido al conflicto sucedido en la zona del acampe, el fiscal se negó a subir ‘en estas condiciones’, decidió no realizar ninguna diligencia e indicó que la comunidad bajara el cuerpo del peñi (hermano) fallecido”. Quiere decir que la Fiscalía decidió no realizar pericias fundamentales para poder determinar las circunstancias en las que se produjo el crimen. Grave.

El cronista cuenta cómo fueron esos momentos cargados de emotividad, bronca e impotencia. “Faltando esa etapa de investigación, la gente mapuche entró para realizar la ceremonia funeraria mientras la gente no mapuche esperamos en la tranquera. Escuchamos desde lejos los gritos de afafán, y de a poco se iban acercando. Vimos cómo fue llegando la comunidad, junto a personas de varias otras lof, llevando al compañero a pulso en una camilla de ramas. Flameaban banderas negras, y los kultrunes nunca cesaron. Al arribar al camino, ese camino que durante ocho semanas se nos prohibió el paso, se hizo la despedida final del peñi Elías. Los afafán todavía más fuertes, el golpeteo de los palos en el aire al lado del cuerpo, los trutrukazos rebotando contra los cerros. Y cuando la camioneta de la cochería se fue alejando, un coro de marici weu. Y finalmente, llanto. Llanto y abrazos”.

DeGraf es uno de los pobladores que durante 57 quisieron llegar hasta ese lugar para llevar alimentos, agua y abrigos pero la Policía sistemáticamente se lo impidió. “Nos registraron puntillosamente cada vez que entrábamos y salíamos del acampe solidario al lado del destacamento. Pero dos personas con armas largas pudieron ingresar hasta el mismo territorio en conflicto, disparar a dos personas matando a una y darse a la fuga sin que la Policía haya ni siquiera escuchado los tiros. En Río Negro, se prohibe ingresar comida, pero hay pista libre para las balas”.




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