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Carmena se alinea con el PP y C’s de Madrid para garantizar un pelotazo urbanístico

El Ayuntamiento de Madrid aprobó hace escasos días la demolición de un edificio histórico sumando sus votos al PP y C’s. La especulativa política urbanística del gobierno municipal de Carmena evidencia su objetivo de no contravenir los intereses económicos de las élites

Juan Carlos Arias

Madrid | @as_juancarlos

Jueves 10 de diciembre de 2015 | Edición del día

Manuela Carmena viene fomentando sin rubor los pelotazos urbanísticos iniciados por el PP e incumpliendo su programa electoral. A favor de la demolición del edificio votaron 13 concejales de Ahora Madrid, incluida Manuela Carmena, el Partido Popular y Ciudadanos. Y con el voto en contra se posicionaron el PSOE y algunos concejales del propio Ahora Madrid.

El edificio del siglo XIX que sirvió de sede al Taller de Precisión de Artillería, situado en el distrito de Chamberí, será derribado para construir una urbanización. Este edificio de gran interés cultural, es el segundo inmueble de hormigón armado más antiguo de España y no se encontraba protegido por su valor histórico-artístico.
La sorpresa mayúscula se la llevaron los vecinos y las asociaciones de defensa del patrimonio cuando en una reunión explicativa convocada por el equipo de Ahora Madrid, se les trasladó la decisión que se iba a adoptar en un pleno extraordinario al día siguiente.

En ese pleno celebrado el viernes 27 de noviembre se aprobó el plan urbanístico sobre la parcela en la que está asentado el edificio de 15.500 metros cuadrados de superficie y con una edificabilidad de 54.225 metros cuadrados. El edificio en su día perteneció al Ministerio de Defensa que en noviembre de 2014, bajo el gobierno de Rajoy, lo subastó y lo adjudicó a Domo Gestora por 111,5 millones de euros. La empresa, una “cooperativa fantasma”, pretende levantar 355 viviendas con un precio por metro cuadrado de 3.300 euros.

Por su parte, la única modificación lograda por el Ayuntamiento sobre el proyecto inicial fue reducir las plazas de aparcamiento previstos en la planta baja.
Con el gobierno de Carmena las operaciones urbanísticas- Operación Canalejas, Chamartín, Manzanares- siguen adelante con pequeños cambios en el mejor de los casos; o negociando con la banca y a espaldas de los afectados y sus organizaciones, la cesión voluntaria de determinadas viviendas, mientras continúan los desahucios.

El colectivo ‘Ecologistas en Acción’ ha anunciado que recurrirá la decisión porque “concurren múltiples irregularidades y el edificio tiene suficientes valores arquitectónicos e históricos para ser protegido”.

La concejala socialista Mercedes González señaló, en contra de la posición mantenida por la mayoría de los concejales de Ahora Madrid y la propia Manuela Carmena, que “Madrid sigue siendo escenario de un inagotable proceso de privatización del patrimonio público”. Para añadir de un modo muy significativo “no entiendo nada, alcaldesa: ustedes no han vendido el suelo, no son responsables, pero sí colaboradores necesarios. Aprueban un plan que podrían haber reconducido y no lo han hecho”.

Sin embargo, lo que retrata vivamente los planteamientos políticos más entreguistas con las élites económicas de Ahora Madrid son las propias declaraciones justificativas de esta decisión por parte de sus portavoces, en este caso concreto reflejando claramente la impotencia política del reformismo para hacer frente a la presión de la clase dominante.

La concejala de Ahora Madrid Rita Maestre, ha afirmado que “es una operación heredada del PP que tiene como origen el pelotazo urbanístico. No nos gustaba, pero somos un gobierno responsable, tenemos que tratar de conciliar los derechos de vecinos y cooperativistas”.

Es decir, aunque se trata de una operación reconocida como “pelotazo urbanístico”, según su criterio, un gobierno responsable y defensor de los intereses de “los de abajo” decide en aras de esa responsabilidad y seriedad tirar para adelante con la operación urbanística especulativa, favoreciendo la realización del pelotazo económico que toda la operación supone.

En la misma línea el concejal de Urbanismo José Manuel Calvo, perteneciente a Podemos, indicó que “si no se aprobara el plan, pondría en serio riesgo a los cooperativistas que podrían perder el dinero invertido en la operación”. Sin embargo Calvo no explica cómo va a resolver el problema de los vecinos del edificio cercano del número 52 de la misma calle en que está ubicado el edificio a derribar, que tendrán que ser realojados en otros lugares por el desarrollo de la operación.

En realidad, bajo esta "cooperativa" se encuentra la típica promotora de viviendas que para obtener ventajas fiscales y económicas, promueve edificaciones bajo régimen de cooperativa. Sin embargo, éstas son creadas desde la propia promotora inmobiliaria capitalista y, en ningún caso, como auténticos proyectos cooperativos surgidos desde abajo para obtener viviendas en mejores condiciones para los más desfavorecidos. Se trata de un negocio inmobiliario puro y duro.

En definitiva se trata de un caso más entre los muchos que venimos observando de abandono de los principios del programa electoral por el que fue elegida la candidatura de Ahora Madrid.

¿Dónde queda, tras esta decisión, la defensa de los intereses sociales, culturales y políticos de “los de abajo”? Es una constante que venimos observando a lo largo de todos estos meses de gobierno de Ahora Madrid con la continuidad de las políticas del PP en favor de los grandes intereses económicos.

Todo ello, en lugar de hacer efectivas las políticas de remunicipalización de los servicios, supresión de los pelotazos urbanísticos especulativos gestados bajo el gobierno PP, recuperación del parque de viviendas y eliminación de facto de los desahucios de la población sin recursos, etc.







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