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HUELGA MADRID

Carmena se enfrenta a su primera huelga: los trabajadores del 010

Los trabajadores subcontratados de Línea Madrid (010) realizaron una huelga de 24 horas en defensa de sus puestos de trabajo. Su intención es transformar la huelga en indefinida a partir del día 30 de noviembre si no son atendidas sus demandas.

Juan Carlos Arias

Madrid | @as_juancarlos

Viernes 27 de noviembre de 2015 | Edición del día

Foto: EFE

El lunes día 23 de noviembre los trabajadores subcontratados de Línea Madrid (010) convocaron una huelga de 24 horas, ante la pretensión del Ayuntamiento de Madrid de municipalización el servicio sin garantía del mantenimiento de los puestos de trabajo.

Los datos del seguimiento del paro han sido del 92%, entre los turnos de mañana y tarde. La totalidad de la plantilla afectada por este paro es de 450 trabajadores, 170 en oficinas y 280 en atención telefónica 24 horas. Es la primera huelga de trabajadores contra la política laboral y social del Ayuntamiento de Madrid en defensa de sus puestos de trabajo.

Son trabajadores que pertenecen a la empresa Ferroser (Ferrovial), la titular de la subcontrata, bajo cuya dirección realizan la tarea de atención a las demandas de información municipal de todo tipo que requieren los ciudadanos de Madrid. Muchos de ellos creerán que son atendidos por personal municipal, sin embargo, lo único cierto es que se trata de trabajadores que se encuentran contratados por una empresa privada en condiciones de gran precariedad. Así ha ocurrido al menos durante los últimos quince años, habiendo pasado por la gestión del servicio una diversidad de grandes empresas privadas, algunas vinculadas pintorescamente a empresas de la construcción como la misma Ferroser.

Contratos que, en muchos casos, conocemos que han servido para la financiación ilegal de los grandes partidos y para facilitar la “puerta giratoria” agradeciendo los favores recibidos a costa del erario público. Todo a cambio de fomentar los grandes negocios encareciendo los servicios al privatizarlos. Es decir, uno de los muchos nidos de corruptelas políticas y económicas existentes.

La huelga surgió tras su aprobación de una asamblea de trabajadores la semana pasada. Y es consecuencia directa del tipo de proyecto de municipalización del servicio que, al menos por el momento, plantea el equipo de Carmena. Hasta el momento el nuevo Ayuntamiento lo hace de espaldas a los trabajadores afectados y sin la confirmación del mantenimiento de los puestos de trabajo de todos ellos.

El Ayuntamiento de Carmena no explica claramente sus intenciones, incluso parece ser que podría dar una cierta marcha atrás y aplazar durante meses la decisión, e incluso prorrogar la subcontrata. El concejal de Participación Ciudadana, Pablo Soto, lo más que ha llegado a afirmar es que se “mantendrán todos los puestos de trabajo en la medida de lo posible”. Lo que es claramente una promesa ambigua e insuficiente. Por eso los trabajadores exigen una propuesta firme y por escrito de que se mantendrán todos los puestos de trabajo actuales.

Los trabajadores no se han amilanado y han tenido claro que solo la lucha puede permitirles garantizar sus demandas, por lo que aprobaron masivamente en asamblea iniciar una huelga indefinida a partir del 30 de noviembre, último día de pago voluntario de tributos, si no se satisfacen sus reivindicaciones.

Este lunes, 23 de noviembre, además de la huelga de un día se realizó una amplia concentración de trabajadores a la que acudió prácticamente la totalidad de la plantilla, 400 trabajadores, frente a la sede del Ayuntamiento.
Maniobras para intentar lavar la cara del Ayuntamiento del “cambio”

Una vez realizada la asamblea de trabajadores, en una maniobra burocrática inaceptable, sectores del sindicato de la CGT de la empresa, que cuenta con 5 miembros en el Comité de Empresa, decidieron presentar otro acuerdo de huelga en el que el Ayuntamiento de Madrid ya no aparecía citado. Señalaban para justificar esta acción, que no se podía inmiscuir al municipio en un conflicto que legalmente afectaba únicamente a la empresa Ferroser. Sin embargo, lo hicieron a espaldas de la asamblea de trabajadores y contraviniendo directamente la voluntad expresada por la asamblea.

Se trata de una burda maniobra de este sector de la CGT en la empresa, para que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid quede al margen de un conflicto que le afecta directamente, como han hecho CCOO y UGT en otras luchas laborales recientes con subcontratas de Telefónica

Por otra parte, el sindicato corporativo de la función pública CSIT ha afirmado y recogió en un artículo publicado por La Vanguardia el 11 de noviembre, que para que los trabajadores de las contratas pasen a ser funcionarios tienen que presentarse a un examen como exige la ley. Lo más vergonzoso es que ésta parece ser la opinión de la totalidad de los sindicatos del Ayuntamiento de Madrid que incluso están presionando al gobierno de Manuela Carmena en ese sentido. Mientras que los sindicatos, prácticamente los mismos, que forman parte del comité de empresa de Ferroser piensan distinto y están defendiendo el mantenimiento de los puestos de trabajo.

Sin embargo trabajadoras del 010 declaraban a la Izquierda Diario que “jamás han pretendido ser funcionarios, ni entrar por detrás en la administración”, sino que “únicamente están peleando por sus puestos de trabajo y el futuro de sus familias”.

Luchan por continuar realizando su trabajo “en condiciones dignas” y que la municipalización nunca puede suponer enviar trabajadores a la calle. Lo que está claro es que abordando de ese modo los procesos de remunicipalización tendrán en contra a los trabajadores afectados, puesto que muchos de ellos podrían acabar en el paro.

Remunicipalización bajo control de los trabajadores

Sin duda, Manuela Carmena debe cumplir su promesa de municipalización y remunicipalización de todos los servicios esenciales del Ayuntamiento, incluyendo el del 010, algo a lo que se viene negando si hablamos de los grandes servicios y el grueso del pastel para las empresas subcontratistas, como la limpieza o las basuras.

Pero toda medida para acabar con estos negociados millonarios no puede hacer paganos a sus trabajadores, los mismos que han sufrido condiciones de precariedad para que los “amiguetes” de la casta se hiciera de oro con las privatizaciones. Toda remunicipalización debe hacerse garantizando la totalidad de los puestos de trabajo, mejorando las condiciones laborales y poniendo dichos servicios bajo control de los propios trabajadores y las organizaciones vecinales afectadas.

Éste es realmente el único modo de que este proceso de avance de lo público y retroceso de los intereses privados sea garantía de una gestión en beneficio de la clase trabajadora y las clases populares.

Esto nada tiene que ver con crear y gestionar empresas públicas al servicio de los intereses de los grandes capitalistas, sino más bien con emprender una política decidida de extensión de lo público bajo otra perspectiva. No como empresas auxiliares y complementarias del sector privado, susceptibles de reprivatización en cualquier momento, sino como auténticos bastiones de una gestión colectivizada al servicio de la clase trabajadora y las clases populares.







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