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Red Internacional

Se realizó una nueva audiencia. Las nuevas pruebas confirman la intervención policial en su desaparición forzada y el lunes se define cambio de carátula.

Sábado 21 de noviembre de 2015 | Edición del día

Solicitada por Luciana, la hermana de Gerardo, ayer se realizó la primera audiencia de apelación al fallo del juez Caterina que negó el cambio de carátula y el pase de la causa al fuero federal. La Fiscalía que en su momento acordó con ésta resolución, ahora coincide con la querella.

Este lunes a las 9 horas, la jueza Georgina Depetris resolverá a favor o en contra del pedido que vienen haciendo los familiares y abogados querellantes acompañados por organizaciones solidarias y familiares de casos de gatillo fácil, sobre el cambio de carátula a desaparición forzada de persona y la incompetencia de la justicia santafesina. La secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó un Amicus Curiae, es decir, pidió a la jueza, constituirse como “amigo del tribunal” aportando por escrito su parecer sobre el caso.

Si bien por el carácter de apelación de la audiencia realizada en el día de ayer, la jueza se limitó a escuchar el alegato de las partes solicitando que no introduzcan pruebas nuevas, fue inevitable a lo largo de las casi 4 horas de duración, que salieran a la luz. No sólo fueron nombradas por la querella, sino que también los fiscales Marisol Fabbro y Rafael Coria del cuestionado Ministerio Público de la Acusación que investiga hasta el momento, hicieron referencia a las mismas y declararon sorprendiendo a los defensores de los acusados, que no se oponían a que la causa sea tomada por la justicia federal.

Nuevos testimonios aportados a la causa en las últimas semanas, indican que Gerardo “Pichón” Escobar estuvo detenido ilegalmente, en la comisaría tercera de Rosario el día 14 de Agosto. Los abogados querellantes Guillermo Campana y Salvador Vera, en sus alegatos, indicaron que hay motivos razonables para sospechar sobre la participación policial y el encubrimiento por parte del estado ya que, detenidos esa noche en la dependencia, declararon que Gerardo fue ingresado en la madrugada del 14 de agosto, golpeado y aseguran que se trataba de Pichón por los comentarios de los uniformados en ese momento. Los letrados también declararon que a pesar de haber tenido tres reuniones con Lamberto, el Ministro de Seguridad de la Provincia, luego de tres meses, recién la semana pasada pudieron tener acceso al informe sobre los geo posicionamientos (GPS) donde no se reportan los movimientos de dos móviles policiales de la seccional tercera. La querella remarcó a partir de diversas pruebas recabadas como testimonios de vecinos, que existe un acuerdo entre los dueños del Bar La Tienda, donde estuvo Pichón el día de su desaparición y fue golpeado salvajemente por sus patovicas encubiertos por el personal policial que hacía adicionales esa noche; el comando Radioeléctrico y la Seccional Policial Tercera. El modus operandi se basaba en detener en dicha comisaría a personas que iban a los boliches de la zona. En el caso del Bar La Tienda, conocido por la brutalidad e impunidad de sus patovicas, la colaboración del Comando Radioeléctrico que contaba con permiso institucional para esa mecánica y la seguridad del local, terminaron con la vida de Pichón, un joven trabajador municipal. “El funcionamiento de este grupo mixto con acuerdo y autorización estatal para actuar de ésta manera explica la dilación por parte del Poder Ejecutivo intencionalmente y del Ministerio Público de la Acusación” alegó Vera.

La defensa de los policías y patovicas: “Esto es una caza de brujas”

Los patrocinantes de los cinco imputados: los patovicas Cristian Vivas, César Ampuero y José Luis Carlino, y los dos policías acusados de encubrimiento Luis Alberto Noya y Maximiliano Amiselli; no tuvieron reparos a la hora de manifestar diversas chicanas jurídicas como tampoco pedir por los “derechos humanos” de sus clientes. El abogado Piacecchi dijo respecto a los alegatos de la querella: “es un relato fantástico de una película”. El Dr Uviedo, planteó: “Se creó una versión paralela de los hechos por parte de la querella apoyada por organizaciones sociales, municipales, etc.”. Y dirigiéndose a la jueza enfáticamente afirmó que se estaba llevando adelante “una caza de brujas”. Tales manifestaciones fueron unas de las tantas provocaciones políticas que se escucharon a lo largo de la audiencia, hacia los familiares, abogados querellantes y organizaciones solidarias. También dejaron en claro la sorpresa ante el cambio de posición de los fiscales que apoyaron a la querella para el cambio de fuero.

El próximo lunes, la jueza Depetris definirá la cuestión de la competencia. De todos modos, si falla en contra, los fiscales del Ministerio Público de la Acusación según declararon al finalizar la audiencia, presentarían en otra instancia el pedido de cambio de carátula y se declararían incompetentes.




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