Economía

PANORAMA ECONÓMICO

Crisis de deuda: el futuro del país en manos de los lobos de Wall Street

La provincia de Buenos Aires podría entrar en default los próximos días. Martín Guzmán envía un proyecto de ley al Congreso para hacer “sustentable” el pago de la deuda. Negociación con gánsteres.

Pablo Anino

@PabloAnino

Miércoles 22 de enero | 00:13

La provincia de Buenos Aires, conducida por Axel Kicillof, está al borde del default (no pago) de la deuda pública.

El gobernador propuso a los especuladores postergar hasta el 1º de mayo el pago de U$S 250 millones correspondiente al capital del bono Buenos Aires 2021 (BP21), emitido por el exgobernador Daniel Scioli en 2011. La fecha de vencimiento es el próximo domingo 26 de enero. Mientras tanto, Kicillof ofrece pagar U$S 27 millones en concepto de vencimiento de intereses.

El actual gobernador necesita una aceptación del 75 % entre los acreedores privados para que la postergación sea exitosa. Es decir, no se considera la actitud que puedan tener los organismos públicos que entre sus activos registren tenencias de ese bono.

Hoy miércoles 22 se conocerá si logra ese nivel de aceptación. De no obtenerlo, desde el próximo domingo correrán diez días más (un “período de cura”) para intentar conseguir la aceptación mayoritaria del corrimiento del pago del capital. Si persiste el rechazo, se precipitaría el default de la principal jurisdicción del país.

Durante la tarde el martes circuló la noticia de que el fondo Fidelity Investments rechazó la propuesta de postergación. Se trata de un fondo de inversión con sede en Boston. Desde la gobernación desmintieron que Fidelity rechazará la operación, pero tampoco pudieron garantizar que la aceptará.

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De acuerdo a los datos de la agencia Bloomberg, Fidelity Investments posee el 16,3 % de la emisión del BP21. También existen otras entidades con una tenencia menor: NN Investment Partners (3,52 %); Royal Bank of Canada (1,85 %); BlackRock (1,64 %); y Southern Trust (1,53 %).

No se descarta que el trascendido sobre el rechazo de Fidelity pueda encubrir una operación para hacer fracasar la postergación propuesta por Kicillof. Los fondos buitres (hedge funds en la jerga “refinada” de las finanzas) son especialistas en comprar bonos desvalorizados para apostar a que se desate un evento de default que les permita, litigio en tribunales extranjeros mediante, obtener ganancias extraordinarias.

Se trataría de una operación similar a la efectuada por Paul Singer, titular del NML Capital Elliot. Ese fondo buitre compró bonos argentinos a precios de remate (es decir, a mucho menos que su valor nominal) al calor de la crisis de 2001 mientras las mayorías trabajadoras se hundían en la miseria. Luego inició un litigio en Nueva York.

El fallecido juez neoyorquino Thomas Griesa dictaminó a favor de Singer. Finalmente, el Congreso argentino consagró la estafa cuando en 2016 votó una ley aceptando el fallo Griesa. La ley fue impulsada por Mauricio Macri y apoyada por una parte del peronismo que hoy conduce el país, con Sergio Massa a la cabeza.

El actual ministro de Economía, Martín Guzmán, y su mentor, el premio Nobel, Joseph Stiglitz, en ese entonces estimaron en 1180 % la ganancia que obtuvo el NML Capital Elliot.

Si la provincia entra en cesación de pagos o no (o si los fondos buitres están operando o no) se conocerá en las próximas semanas. Entre tanta bruma, existe una certeza: la posibilidad de litigar en tribunales de Nueva York fue otorgada por el exgobernador Daniel Scioli en los términos de la emisión del BP21.

Del mismo modo, el Estado Nacional otorgó la prórroga de jurisdicción en el canje de deuda de 2005 efectuado por Néstor Kirchner y Roberto Lavagna (y en su reapertura durante 2010 realizada por Amado Boudou). Esa fue la llave que tuvo Paul Singer a mano para hacer un negocio extraordinario.

Se trata de actos de lesa soberanía, donde el país otorga la facultad a tribunales extranjeros para dictaminar sobre los litigios de la deuda pública nacional. Un desatino.

Reincidentes

El default en Buenos Aires podría causar temblores más allá del territorio bonaerense. El próximo episodio podría desarrollarse en la provincia de Chubut. No sólo eso. Afectaría la negociación que entabla Martín Guzmán a dos bandas: con el FMI y con los acreedores privados.

Algunos interpretaron la propuesta de Kicillof como un test acordado con el gobierno nacional para medir hasta donde estaban dispuestos a tensar la cuerda los acreedores. En el polo opuesto de las interpretaciones se señaló que el gobernador se cortó sólo frente a la negativa de asistirlo con un rescate por parte del Ministerio de Economía de la Nación, conducido por Guzmán.

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En la mañana del martes 21 fue Guzmán quien en conferencia de prensa intentó dejar claros los tantos: explicó que nación y provincia trabajan coordinadamente, pero que no habrá salvataje a la deuda provincial.

Pareció un mensaje con destinatario preciso: presionar a los tenedores de bonos provinciales para que acepten la propuesta de Kicillof.

En una interpretación de gestos podría decirse que existe una “guerra de nervios” en la que el gobierno consume Rivotril y los acreedores navegan en aguas tumultuosas, pero acostumbrados a sacar tajada de la incertidumbre.

En esa misma conferencia, Guzmán anunció el envío al Congreso del Proyecto de Ley de Gestión de Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa a tratarse en sesiones extraordinarias desde la semana próxima.

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Ese proyecto otorga facultades al Ministerio de Economía para encarar la reestructuración de la deuda. Además, en el artículo tercero se establece autorizar a “contemplar en la normativa e incluir en los documentos pertinentes las aprobaciones y cláusulas que establezcan prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros, y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana”.

En lo que parece ser un endurecimiento de las negociaciones, el gobierno ofrece a los fondos especulativos, nuevamente, una cesión de soberanía: jugar de visitante y con las reglas de las potencias imperialistas.

No sólo eso. También se trata de un partido en inferioridad de condiciones: semanas atrás, el diario Ámbito Financiero reseñó que Templeton, PIMCO y BlackRock, que concentran gran parte de las tenencias de la deuda argentina, administran volúmenes de recursos que superan en 30 veces el tamaño de la economía local. Son los lobos de Wall Street que juegan (como quieren) con la deuda argentina.

Durante el mismo martes se conocieron las declaraciones de Stiglitz en el Foro Económico Mundial de Davos sobre la reestructuración argentina : "Habrá recortes significativos de deuda", pronosticó.

El premio Nobel destacó días atrás el hecho que en los altos rendimientos que obtuvieron los bonistas en el país estaba incorporado el riesgo que asumían. En lenguaje llano: ya ganaron muchísimo en el país, acepten una quita.

La Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, la primera gran iniciativa del gobierno, estableció prioridades claras: que lo primero es atender a los especuladores.

Allí se autorizó la utilización de U$S 4.571 millones de reservas del Banco Central de la República Argentina y la ampliación del uso de fondos de la Anses (de los jubilados) para pagar deuda. El gesto causó el beneplácito de los “mercados”, que ahora parecen ir por más.

El nuevo Proyecto de Ley de Sostenibilidad que se debatirá la semana próxima en el Congreso no sólo reincide en la búsqueda de una reestructuración de deuda declinando la soberanía. También asume, sin beneficio de inventario, el pago de una deuda odiosa, tomada para empobrecer a las mayorías y beneficiar a unos pocos que fugaron en una buena proporción los dólares a paraísos fiscales.

En la red social Twitter, Myriam Bregman denunció que “Cualquier reestructuración de la deuda externa sin investigar los negociados del gobierno de Macri, la estafa del ‘préstamo del FMI, o el bono a 100 años de Caputo, implicará la legalización del saqueo. Macri y sus cómplices seguirán tranquilos en sus reposeras y lagos”.

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