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Red Internacional

Crisis social. Cuenta regresiva para el tarifazo: el Gobierno avanza con su plan de ajuste para complacer al FMI

En la mañana de este martes fue publicada en el Boletín Oficial la resolución 467/2022, firmada por el secretario de Energía Darío Martínez, en la que se dispone que será la Subsecretaría de Planeamiento Energético de su área la encargada de “instrumentar” el famoso plan de segmentación. Sin mayores precisiones y con el invierno a pleno, la mayoría de los hogares aún no saben cuál será el incremento en los servicios de luz y gas que deberán afrontar.

Celeste Vazquez@celvazquez1

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Martes 28 de junio

El invierno llegó con todo. Desde hace unos días largos que las familias trabajadoras ponen todo su ingenio en implementar diferentes estrategias para pasar el frío, pero sobre todo para no pagar tanto de luz y gas porque saben que en el próximo período se vienen aumentos.

Este martes por la mañana fue publicada en el Boletín Oficial la resolución 467/2022 que lleva la firma del secretario de Energía, Darío Martínez, mediante la cual el Gobierno nacional anunció que en los próximos días será oficial el plan de segmentación de la quita de subsidios para los servicios de gas y luz en todo el país. La quita de subsidios a usuarios y usuarias de servicios públicos fue uno de los pedidos explícitos que hizo el Fondo Monetario Internacional ni bien comenzó las negociaciones con el Gobierno nacional.

En el artículo 1° de la resolución se informa sobre cuál será el área gubernamental encargada de llevar adelante dicha segmentación. “Instrúyese a la Subsecretaría de Planeamiento Energético de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía a instrumentar la Segmentación de Subsidios a Usuarios y Usuarias residenciales de los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural por red establecida en el artículo 1° del decreto 332 del 16 de junio de 2022”.

En tanto, el artículo 3° informa de quién dependerá la confección e implementación del formulario donde deberán anotarse los usuarios para no perder el subsidio. “Instrúyese a la Subsecretaría de Planeamiento Energético a constituir, poner en funcionamiento y mantener actualizado el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) según lo establecido en el artículo 7° del decreto 332/2022, teniendo como base las declaraciones juradas a ser presentadas por los usuarios y las usuarias de los servicios energéticos”.

En el artículo 4 ° , la Secretaría informa que "la Declaración Jurada para acceder a los subsidios a usuarias y usuarios residenciales de los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural por red estará disponible en formato digital en el sitio web https://www.argentina.gob.ar". Pero sin confirmar fecha.

La inscripción en dicho registro deberán hacerla todos, aún quienes tengan tarifa social. De lo contrario sufrirán la quita de subsidio de manera automática. De los datos volcados en la declaración más la información que está en manos de organismos públicos, como por ejemplo a través del Anses, el Estado definirá el destino de los usuarios. "El nivel de subsidios correspondiente a la solicitud presentada se determinará de acuerdo con los parámetros fijados en el artículo 2° del decreto 332/2022 con base en la información declarada por los usuarios y las usuarias ", dice el artículo 8.

Las precisiones detalladas por el Gobierno son pocas y no hacen otra cosa más que generar una profunda incertidumbre en la mayoría de los hogares que se ven obligados a sobrevivir con ingresos que cada vez alcanzan para menos.

Según la información que ya circuló, recibirán la quita total de subsidios, es decir pagarán tarifa plana con aumentos que podrían redondear el 200%, los grupos familiares que cumplan al menos uno de estos requisitos: tengan ingresos superiores a $ 330 mil, tengan tres o más inmuebles, tres autos de menos de 5 años de antigüedad, aeronaves o embarcaciones de lujo, o cuenten con “activos societarios que exterioricen capacidad económica plena”.

Vale recordar que según la última medición de laJunta Interna Ate-Indec, en mayo una familia de cuatro integrantes para no ser pobre debería tener ingresos superiores a $ 161 mil. Un cifra ademas que aumenta todos los meses producto de la incesante inflación.

Por fuera de ese sector de la población, el Gobierno dividió al resto de los usuarios en dos grupos: aquellos que tienen tarifa social (como los beneficiarios de prestaciones sociales como la Asignación Universal por Hijo o la Tarjeta Alimentar) e ingresos menores a 10O mil pesos (que podrían recibir aumentos del orden del 20 %) y aquellos que no entran ni en este grupo ni en el de tarifa plana (que podrían recibir incrementos del orden del 40%). Esta es información que también ya había trascendido antes de esta resolución, que como ya dijimos no aporta mayores precisiones en cuanto a montos y ritmos de estos aumentos.

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En el marco de la crisis social en curso, esto será un golpe de alto impacto en economías familiares que ya vienen golpedas, cuyos ingresos además no para de perder contra la inflación.

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Cada vez es más recurrente escuchar a familias enteras que pagan en cuotas las facturas de los servicios, que prenden el calefactor solo en determinados horarios o que decidieron eliminar directamente los calefactores en sus casas y recurren al horno o alguna estufa eléctrica que se prende de vez en cuando.

Mención aparte merecen aquellos que encima, por ser pobres o vivir en barrios precarios, terminan pagando un servicio más caro (un 25% aproximadamente) que la tarifa convencional, como es el caso de los usuarios de Edenor obligados a utilizar la luz pre-paga. O los que no tienen acceso a la red de gas y usan garrafas y muchas veces también terminan gastando más.

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Los que nunca perdieron desde la privatización de los servicios públicos a esta parte, son los empresarios concesionarios de los mismos que ganan por dos vías. Por un lado, con los aumentos de tarifas y por el otro, con los subsidios millonarios que les da el Estado. Solo el año pasado los subsidios a las empresas energéticas fueron de casi 11.000 millones de dólares. Esto es un 75% más que en 2020 y 130% más que el 2019.¿ Sabes a donde va parar ese dinero? A mejorar la calidad del servicio seguro que no. Sino como se explica que según un informe sobre condiciones de vida elaborado por el Indec, en el segundo semestre de 2021, más del 43 % de la población no tenía acceso a alguno de los servicios públicos o los cortes constantes de suministro que sufren los usuarios.

Ante este panorama, el Frente de Izquierda defiende una idea clara: la revisión de conjunto de todo el sistema energético y los servicios públicos en general. Avanzar hacia una estatización, bajo el control de trabajadores y usuarios, permitiría hacer todo los que los privados no han hecho hasta el momento: hacer accesible los servicios para la población (sobre todo los de bajos recursos), mejorar la calidad del servicio y la extensión del mismos a zonas donde no están.

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