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Red Internacional

El secretario general del PCE y portavoz de IU-Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, asegura que la obligación de la Policía es evitar que las manifestaciones acaben en caos. Se suma a la campaña en marcha de criminalización de las protestas.

Jueves 18 de febrero | Edición del día

El secretario general del PCE y portavoz de Izquierda Unida – Unidos Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, ha publicado un tweet que ha encendido las redes sociales. Tras una formal y sutil crítica al encarcelamiento de Hásel y respaldo a la “protesta pacífica”, ha decidido hacerse eco de la campaña puesta en marcha por los grandes medios de comunicación, la derecha y varios ministros del gobierno “progresista”, con Carmen Calvo a la cabeza, de criminalización de las movilizaciones que recorren todo el Estado en esta semana en exigencia de libertad para el rapero Pablo Hásel.

Para Santiago “La obligación de las FCSE – Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado- es evitar que una pequeña manifestación acabe en un caos, que luego es usado por la derecha”. Pone por tanto toda la responsabilidad de lo ocurrido en las calles de Madrid, Barcelona, Valencia, Vigo o Granada, en los manifestantes que habrían provocado dicho caos.

La Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra habrían intervenido cumpliendo sus estrictas obligaciones para restablecer el orden. Ni una palabra de los decenas de heridos o de la joven que perdió un ojo en Barcelona tras el impacto de una bala de foam.

Un mensaje que parece calcado del que el ministerio de Interior, Grande Marlaska, publicaba anoche para dar todo su apoyo a las cargas policiales. Nada de extrañar viviendo de un ministerio cuyo titular tiene el récord de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo por no investigar varios casos de torturas en sus juzgados.

La posición del PCE, como del resto de fuerzas que conforman Unidas Podemos – Podemos, Comunes e Izquierda Unida- está siendo todo un escándalo. Son parte del gobierno cuya Fiscalía, presidida por la exministra de Justicia de Pedro Sánchez e íntima de Villarejo, Dolores Delgado, pidió el ingreso en prisión, el mismo que no solo no deroga la Ley Mordaza sino que la ha utilizado para imponer un millón de sanciones en 2020 y que cubre la impunidad de la Corona.




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