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El juicio contra luchadores en Jujuy y el silencio del presidente del PJ

A una semana de iniciado el juicio contravencional contra sindicatos, organizaciones sociales y la izquierda, se desconoce el posicionamiento del PJ. En contraste un importante arco de referentes de los derechos humanos, políticos y sociales rechazaron el juicio. ¿Por qué es importante la mayor unidad para que caiga?

Sábado 15 de febrero | 19:12

El inicio del juicio contravencional que recae sobre los sindicatos Adep, Cedems, Atsa, Luz y Fuerza, ATE y organizaciones sociales como la CCC y el Movimiento Evita, y los partidos del Frente de Izquierda (PTS y PO) dejó a las claras que se trata de un acto más de persecución por parte del gobernador Gerardo Morales.

En la segunda audiencia el propio defensor del Departamento Contravencional, Ariel Roldán, sostuvo que fue la policía la que interrumpió el tránsito, siendo el principal motivo de contravención (art. 113), por el cual se inició una causa que luego mediante inteligencia policial con supuestas fotos y videos pretende condenar a las organizaciones por “portación de armas y explosivos” (arts. 99 y 100 del CC).

Pero es más, el propio Roldán, llegó a afirmar en su fundamentación en la presentación de pruebas, que la policía tiene el derecho “constitucional de reprimir” la protesta social. Además del uso de balas de goma y gases para hacerla efectiva como sucedió el 4 de abril de 2018 cuando se genera esta causa. Recordemos que los hechos se remiten a la multitudinaria movilización de los sindicatos, organizaciones sociales, la izquierda y familiares y trabajadores del ingenio La Esperanza por los despidos y represión en diciembre de 2017, ante las puertas de la Legislatura cuando el Gobernador leyó su discurso de apertura de las sesiones.

A una semana de iniciado el juicio se ha pronunciado un amplio arco de referentes nacionales y locales de los derechos humanos, el espacio Memoria, Verdad y Justicia, Sergio Maldonado, la Correpi, Liberpueblo, entre otros, como también legisladores y organizaciones sindicales, sociales, políticas y de los pueblos originarios que firmaron la declaración de la multisectorial contra la judicialización y la persecución.

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En este marco, y luego de la presentación de un proyecto de rechazo a este juicio contravencional por parte del bloque de diputados del PTS FIT en la Legislatura jujeña, no hay señales de cuál es la posición del presidente del PJ jujeño, Rubén Rivarola. El hecho de que en diciembre de 2014 el bloque de diputados del PJ haya votado a favor, junto con los diputados de la UCR, del actual código contravencional, no puede ser motivo para no rechazar este juicio. Más aún cuando en la mayoría de las organizaciones imputadas, a excepción de los partidos del Frente de Izquierda, hay integrantes del espacio del partido Justicialista.

Si bien para el Juez contravencional, Matías Ustárez, el veredicto esta puesto, si no hacemos todo lo posible para que caiga, si se ratifica le dará más fuerza al Gobernador para continuar con su política de mano dura y persecución sobre los trabajadores, organizaciones sociales y los sectores más vulnerables como los vendedores ambulantes y la juventud de los barrios populares que son los que más multas contravencionales reciben por parte de la Policía.

El brazo armado de Morales a través del Juzgado Contravencional y el ministerio Público de la Acusación, y una mayoría en el Superior Tribunal con jueces como su presidente, Pablo Baca, que confesó “armar cosas” en las causas a pedido del Gobernador, le han permitido sostener al día de hoy presos políticos como Milagro Sala detenida inicialmente por una contravención (acampe en Plaza Belgrano), también detener a los obreros del ingenio La Esperanza luego de una feroz represión; y así, lo que él llama “paz”, es un disciplinamiento social que contribuye a bajar las expectativas de los trabajadores, en una provincia que encabezó la mayor destrucción de empleo privado registrado del país y dónde, solo el año pasado, el número de pobres aumentó en 43.800 personas.

Desde el bloque de diputados del PTS en el Frente de Izquierda, sostuvieron que “la iniciativa de rechazar el juicio contravencional contra las organizaciones sindicales, sociales y la izquierda, es parte de una pelea por que el mismo caiga y ganemos así fuerza en la pelea contra el ajuste de los gobiernos que utilizan en este caso, el código contravencional, como herramienta de disciplinamiento. Por eso, nuestras bancas están abiertas para impulsar todo tipo de iniciativa de apoyo al rechazo a éste juicio, como es el proyecto de declaración que presentamos la semana pasada, como también el llamado al resto de los bloques y diputados para que sumen sus apoyos e impulsen una campaña unitaria.”







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