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Red Internacional

Con bombos y platillos el sindicato de la alimentación que dirige Rodolfo Daer anunciaba el 13 de abril un 9% de aumento salarial en carácter de reajuste del 2020. Un aumento de salario que en el bolsillo de los trabajadores no se ve reflejado.

Julio TevezTrabajador de Mondelez-Kraft

Jueves 15 de abril | 21:19

Los trabajadores y trabajadoras de la alimentación no creemos en los festejos de Daer, con ese acuerdo los únicos que festejan son los patrones. Para eso veamos en detalle de dónde sale este 41% que ellos dicen haber conseguido frente a la inflación del 36,1% del año pasado.

Los pequeños porcentajes que nos fueron dando se dieron a partir del mes de agosto (6 % agosto; 05, % en septiembre, 9% en octubre, 7 % en diciembre, 6% en enero y 3,5 % en marzo), no nos podemos olvidar que no hubo ajuste salarial en los meses de mayo, junio y julio solo una suma fija $6000 en carácter de ajuste, es decir que la mayor parte del 2020 nuestro salario fue igual al del 2019. Sería incorrecto comparar este aumento del 41% que va de agosto del 2020 a junio del 2021 frente a la inflación del 36% del año pasado.

Sin irnos más lejos en lo que va de este 2021 la inflación en enero fue del 4%, 3,6% en febrero y 4,8% en marzo (13 % acumulado). Y Si volvemos al 2019 vemos que el aumento anual que recibimos fue del 30 % que finalizamos de cobrar recién en abril del 2020 frente a una inflación que cerró en un 53, 8 %, ósea que estos últimos años nuestras paritarias estuvieron por debajo de la inflación en los hechos y en los bolsillos de los trabajadores.

Es una pérdida silenciosa que se intenta ocultar pero que si hilas fino encontrás la trampa, a eso hay que sumarle que muchos trabajadores con antigüedad y categorías más altas pasamos a formar parte de aquellos que nos descuentan impuesto a las ganancias porque durante el 2020 no hubo actualización del mínimo no imponible.

Lo que podemos asegurar en base a los datos es que los trabajadores alimenticios, al igual que la mayoría de los trabajadores del país, disminuyeron significativamente su poder de compra y por lo tanto también su nivel de vida. No podemos escapar de la realidad nacional donde el mismo Indec publicó que el 40% de la población se encuentra hoy por debajo de la línea de pobreza y el 10% de este 40% está por debajo de la línea de indigencia.

Si tomamos como referencia hoy el salario básico de la alimentación (la categoría más baja) que es de $53.790 en neto ($42.494 en mano) no logra superar lo que el Indec define como línea de pobreza que ronda en unos $50.854. Ni hablar que este salario está muy lejos de la canasta de consumos mínimos (familia de 4 integrantes) que publicó su junta interna del Indec que está valuada en $88.800.

Estafa a los trabajadores, estafa a los consumidores

Ayer el diario BAE negocios y hace unos días atrás el diario La Nación publicaban una nota donde decían que varias empresas alimenticias fueron imputadas por violar los principios básicos de La Ley de Defensa del Consumidor (Nº 24.240). De que se trata esto: en el caso de Mondelez que hay productos como las galletitas oreo o pepitos que venían teniendo sobreprecio.

La manera empresaria de resolver este problema fue cambiar el etiquetado de los paquetes de ambos productos pero en los hechos no hubo modificaciones ni en las fórmulas ni en la cantidad de galletas que entran en los paquetes. Lo único que se modifica es solo el envoltorio, en vez de decir 117 g pasó 118 g en el caso del paquete de Oreo y el paquete de Pepitos pasó de 118 a 119 g. Esta fue la excusa para aumentar los precios de ambos productos en casi el 50 %.

Avivada empresaria porque los capitalistas ni 1 gramo están dispuestos a perder. Pero lo anecdótico de la cuestión es que estas empresas alimenticias aumentaron sus precios durante el transcurso de toda la pandemia, produjeron sin parar, se stokearon, pagaron sueldos en pesos y facturaron gran parte en dólares y el gobierno y demás entes reguladores no dijeron nada, se la dejaron pasar.

Esta acusación por parte del gobierno se da mientras los trabajadores y trabajadoras de la alimentación nos hacemos cada vez más pobres y de eso nadie habla. Sin ir más lejos en el caso de Mondelez viene de protagonizar un fraude laboral con la contratación temporal de empleados de multinacionales de casas de comidas rápidas, algo que no existe ni en la Ley de contrato de trabajo ni en el convenio de la alimentación.

Estas empresas buscan sacar la producción, stockearse, pagar sueldos bajos, y despedir contratados como si fueran mano de obra descartable. Esto sucede mientras se incrementa la cantidad de contagios en la fábrica, donde dejaron de existir los protocolos y la salud de los trabajadores cada vez está más en riesgo.

Pero hablemos de facturación y ganancia empresaria de Mondelez Pacheco en este caso: La producción diaria (24 hs de producción continua) de la galleta pepitos equivale a: una producción en 8 hs saca 125228 paquetes, es decir que entre los 3 turnos ( 24 hs) se producen 375840 paquetes a un valor de $91,42 (precio de Coto al 9/04/21).

Resumiendo facturan en 24 hs a razón de $ 35.359.292,8 si si 35 millones de pesos ( mientras estemos hablando de mercado interno y no de la producción que se destina para la exportación que aumentó bastante durante la pandemia) de facturación diaria con el aumento de precio de su producto.

Es decir, que con 1 solo día de producción esta patronal logra pagar la totalidad del sueldo mensual de aquellos trabajadores que se desempeñan en esta línea y les sobra plata (habría que descontar el costo de la materia prima y comercialización) lo que significa que si trabajamos 25 días al mes, el patrón se queda con el valor de lo que producimos en 24 días. Para ellos es la ganancia empresaria, para nosotros es el robo de nuestro trabajo.

Por eso desde La Bordó venimos planteando que nuestro salario debe ser igual a la canasta familiar, comisiones de seguridad e higiene frente a la segunda ola de Covid, porque las vidas trabajadoras valen. Además resulta necesario un comité de trabajadores y consumidores que controle los precios de los productos de primera necesidad, para que no sean los sectores populares ni los trabajadores sobre quienes recaiga la usura empresaria.




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