Buenos Aires. Ilegalidad y negocio criminal: por la venta de droga adulterada murieron al menos 20 personas

Al menos 20 personas fallecidas y más de ochenta internadas en hospitales de Hurlingahm, Tres de Febrero y San Martín, es hasta el momento el saldo por una intoxicación con cocaína adulterada. Según las distintas versiones se trataría de la venta de cocaína “cortada” con otras sustancias con el fin de “estirarla” lo que produjo la muerte e internación de esas personas, posiblemente con algún tipo de veneno.

Desde la Fiscalía General de San Martín se difundió un comunicado de prensa que "pone en conocimiento de la población que se ha determinado que circula una sustancia comercializada como cocaína de altísima toxicidad”. Según dijeron autoridades, el número de fallecidos podría seguir aumentando en las próximas horas y se inició un expediente por averiguación causales de muerte y ordenaron las autopsias correspondientes.

Con la noticia se volvió a hablar de “drogas” en general y de narcotráfico. Desde los grandes medios se puso el foco desde lo penal y se habló confundiendo el consumo problemático del que no lo es, abonando así a la estigmatización de la juventud y de los sectores populares en los barrios.

Por el contrario, poco se habló del marco de ilegalidad en el que se encuentran las drogas, que es la condición necesaria para que exista el narcotráfico y la venta de sustancias adulteradas y sin ningún tipo de control de calidad.

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Esa no regulación por parte del Estado es la que da lugar a la venta de sustancias totalmente peligrosas y como en este caso, mortales. La ilegalidad en la que se mantienen los estupefacientes son la base para el negocio del narcotráfico que existe en complicidad con el poder político y las fuerzas de seguridad.

Lo sucedido este miércoles recuerda también a lo que ocurrió a mediados de 2016 en la fiesta electrónica Time Warp. En aquel caso la droga adulterada era una droga de diseño, que son consumidas principalmente por jóvenes de sectores medios y altos. Aunque con sus diferencias, ambos “crímenes sociales” ponen a la luz el entramado de intereses y complicidades entre los narcos o empresarios con los funcionarios públicos y las policías.

A la vez muestran claramente como estos negocios basados en la ilegalidad garantizada por el Estado, tienen como víctimas principales a la juventud y a sectores de los barrios trabajadores que encima terminan siendo perseguidos y criminalizados. Las estadísticas mundiales ratifican que no toda sustancia implica adicción o consumo problemático. Informes de la ONU afirman entre la población mundial entre 15 y 64 años que consume alguna sustancia ilícita, tan sólo alrededor de una décima parte presenta consumo problemático.

Se trata de una cuestión de salud pública que debe ser atendida con políticas activas de prevención, acceso a información científica, educación pública en la materia y reducción de daños. Y debe incluir a todas las drogas sin ningún tipo de prejuicio, ya que por ejemplo las legales de venta libre, causan más muertes que las ilegales.

La aparición del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, reconocido por sus discursos de persecución y criminalización a consumidores y pequeños productores, y la perspectiva “policial” que se le está dando al asunto por parte del Estado y los medios, abonarán al pedido y despliegue de más fuerzas policiales en los barrios pobres, bajo la excusa de “la guerra contra el narcotráfico”.

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Varios familiares y vecinos del barrio “Puerta 8” de Tres de Febrero, donde según las declaraciones policiales se habría vendido esta cocaína adulterada (además de otros puntos), denunciaron a los medios la detención de varios jóvenes y hasta menores de edad por parte de la Policía Bonaerense de Berni. “Decime dónde está la droga” relataban familiares que fue lo que los efectivos le preguntaron a algunos niños y adolescente que sólo estaban en el barrio, antes de llevarlos detenidos. La imagen de la policía deteniendo es algo que el ministro necesita mostrar, así como el Gobierno también ante su responsabilidad por este hecho. El propio Berni dijo a la prensa que si bien eran 12 los detenidos “no significa que todos ellos sean responsables”.

La prohibición de algunas drogas genera las condiciones para el control social, aumentando la inversión en fuerzas represivas y dando lugar a un “mercado negro”, ilegal en el que se puede llegar a ofrecer cualquier cosa, además de allanar el camino para criminalizar, perseguir y demonizar a quienes las usan. El caso de la marihuana es un caso testigo en este debate, siendo miles los cultivadores de esta planta usada medicinal y recreativamente, los que son perseguidos y encarcelados.

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Con lo sucedido en las últimas horas, se hace nuevamente urgente poner en debate la discusión sobre la legalidad y regulación de las drogas. El control de las sustancias que se producen y se ofrecen al público por parte de especialistas y científicos, a través de centros de control y junto a la distribución de información a cargo del Ministerio de Salud podrían evitar hechos lamentables como el actual.

A la vez la visión de la problemática desde el punto de vista de la salud público y no desde el punitivismo, junto a la creación de un verdadero sistema de centros y programas de control de daños para consumidores que sea público y gratuito son algunas medidas básicas que debería estar garantizada para preservar la salud de la población y no dar lugar a este tipo de negocios criminales que terminan pagando incluso con su vida la juventud y los sectores más empobrecidos.