Política

PATEANDO EL TABLERO

Jujuy frente al régimen del FMI

Editorial en Pateando El Tablero, la izquierda en radio, miércoles de 13 a 15hs por 101.7 Jujuy FM.

Gastón Remy

Economista, docente en la Facultad Cs. Económicas UNJu.

Miércoles 25 de noviembre de 2020 | 19:27

La semana pasada re confirmaron que dejarán sin la ayuda de 10 mil pesos cada dos meses a más de 187 mil jujeños y jujeñas que percibían el Ingreso Familiar de Emergencia. Ya no solo en lo que va de este año, sino el año próximo, dado el Presupuesto que votaron los legisladores que responden al Gobernador y aquellos que integran el PJ-Frente de Todos.

El gobierno a través de Gerardo Morales salió a ratificar el voto de los diputados y senadores de Cambia Jujuy a favor de este ajuste que recaerá ni más ni menos que sobre el 25% de la población de la Provincia, en el marco de una videoconferencia junto al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, donde anunciaron el plan Proyectar Trabajo que otorgaría un ingreso de 9.400 pesos a quienes trabajen, al menos, 4 horas presentado servicios para el Estado.

Este denominado programa de “trabajo” fija entonces un techo al salario dejándolo muy por detrás de los 16 mil pesos que en octubre según la Dipec se necesitaron para que una familia de cuatro integrantes no sea indigente, o sea, que si la familia tiene este único ingreso no alcanza a comprar los alimentos y bebidas mínimos para cubrir las necesidades de nutrición.

Pese a esta condena a la indigencia, el Gobernador y los funcionarios nacionales buscan pasar el mal trago del ajuste sobre las familias que percibieron este año el IFE, tratando de mostrar que algunos serán reconvertidos a través de este programa u otros que alcanzan a los jóvenes o el aumento a nuevos beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. De todos modos, el resultado es palpable, se siente en la profundización del empleo precario como denuncian los municipales en lucha en Humahuaca y en los salarios de miseria. Todo esto frente a una economía que tendrá un derrumbe histórico este año y recién en 2023 recuperará el nivel de actividad previo a la pandemia según proyecta el presupuesto elaborado por el ministro, Martín Guzmán.

La pregunta que muchos se harán es, ¿por qué entonces frente a semejante situación social votaron este presupuesto?

La respuesta la otorgó el propio Guzmán a los dueños del país con quienes tuvo distintas reuniones, donde les aseguró que este año el déficit fiscal iba a empezar a bajar para cumplir el año que viene con un ajuste aún mayor que el escrito en el presupuesto recientemente votado donde figura un 4,5%. Llevar el déficit fiscal más abajo y cerca de un 3% del PBI como exige el FMI es la meta del Gobierno nacional y, para ello, necesita también del apoyo de los gobernadores.

Los recursos entonces salen de ajustar los fondos de la ayuda social como también de ajustar por la vía inflacionaria las partidas de salud, educación, universidad, porque de esta forma se traza un sendero de “sostenibilidad” de la deuda como les gusta decir al ministro de Economía y a los funcionarios del FMI. En criollo, se asegura un Estado que destina el grueso de sus recursos a garantizar la libra de carne a los buitres financieros y, por supuesto, al propio fondo.

Esto ya comenzó también en la provincia que luego de un año casi sin paritarias para los trabajadores estatales frente a una inflación que no da tregua y en octubre tuvo un récord de casi el 6% en la suba de los alimentos, ahora el gobierno ofrece un aumento en dos cuotas más un bono con el cual la pérdida salarial sería, al menos, del 18%. Una verdadera guadaña sobre el poder de compra del salario del cual dependen más de 80 mil familias.

Y este ajuste sobre el salario, al igual que sucede con el presupuesto nacional, es para generar un ahorro al Estado, puesto que aún con el derrumbe de la actividad económica producto de las medidas frente a la pandemia, la caída de la recaudación esperada es del 6,6% a octubre.

Como advertimos junto a Nicolás del Caño y Alejandro Vilca el año pasado durante la campaña, “Macri se iba a ir, pero el ajuste y el FMI se iban a quedar”. Esta realidad incluso no será solo por este año, sino el acuerdo que le propone el gobierno nacional es por 10 años de control del fondo sobre el país, cuestión que ya implica un nuevo ajuste sobre los jubilados como el que se prepara con la nueva ley previsional, reforma laboral y continuar el ajuste en el gasto social del Estado.

Lo que también advertimos y ya comienza a ponerse en movimiento es la resistencia de la clase trabajadora que como en distintos puntos del país, también en la provincia, tuvo su primer grito con miles de mujeres y familias que ganaron las calles contra los femicidios, aquellas familias sin techo que salieron a pelear por sus derechos y ahora comienza a hacerse escuchar con sus reclamos en las calles desde las enfermeras, docentes, estatales hasta los choferes de colectivos, los rurales, ambulantes o los mineros que rechazan el cierre de El Aguilar.

La solidaridad con todas y todos ellos es un punto de partida hacia la coordinación de la clase trabajadora ocupada y desocupada, exigiendo a las direcciones sindicales que rompan la tregua con los gobiernos, porque se trata de poner un freno a los que pretenden volver a devorarnos a los presentes y quitarles los sueños a las futuras generaciones.







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