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Red Internacional

En cadena nacional el presidente anunció más restricciones frente a la escalada de contagios en el AMBA. Despotricó por el relajamiento en el sistema sanitario –por dar lugar a cirugías programadas- pero no dijo que para negociar la deuda con el FMI el recorte presupuestario en salud es del 11,8% en términos reales.

Jueves 15 de abril | 00:25
Foto: Télam

En un discurso esperado por gran parte de la sociedad, debido a la preocupación que asciende proporcionalmente con la disparada de contagios, Alberto Fernández confirmó la suspensión de clases presenciales, la prohibición de circulación nocturna y que enviará a las fuerzas federales a las calles para garantizar el cumplimiento.

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Las palabras del presidente no sólo dejaron en claro un nuevo empoderamiento de las fuerzas del orden, sino que por omisión siguen confirmando que a pesar del 42 % de pobreza que afecta a 6 de cada 10 niños y niñas, no hay un aumento de la ayuda social. Pero aún, se profundiza el ajusta al presupuesto destinado a la salud. En plena segunda ola, para negociar con el FMI, Martín Guzmán eliminó el IFE, y la reducción en términos reales para salud llega al 11,8 %. Veamos:

* Entre el presupuesto ejecutado de 2020 ($ 335 215 millones) y el presupuesto vigente en salud para 2021incluyendo la reasignación de partidas ($ 415 931 millones), existe un aumento nominal del 24%.

*Pero aún si contemplamos un escenario inflacionario ficticio del 29%, como dibujó Guzmán en el Presupuesto 2021, el resultado arroja una caída de 4% en términos reales.

*Al tomar una estimación inflacionaria más acorde a las mediciones de los primeros meses, alrededor del 40 %, el ajuste en el presupuesto de salud es de 11,8 %.

Mientras la segunda ola avanza a un ritmo acelerado en el AMBA, y la ocupación de camas de terapia intensiva supera el 70 %, entre hospitales públicos y clínicas privadas. La inversión pública en salud retrocede, descargando el esfuerzo de la respuesta sanitaria en los cuerpos del personal de salud. Los mismos que reciben salarios de miseria y agotamiento luego de la primera ola. Esto se expresa en la enorme lucha de los trabajadores de la salud en Neuquén.

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La prioridad no es la salud, es negociar con el FMI

De acuerdo a los datos del Ministerio de Economía en lo que va de 2021 se invirtió en Salud unos $ 87 574 millones, mientras se destinaron $ 116 584 millones del Presupuesto Nacional al pago de intereses de deuda pública. Luego de negar la continuidad de la pandemia, Guzmán extendió una partida a salud, pero mucho menor si lo comparamos con los pagos de deuda este año. Por cada peso que se gastó en salud, se pagó 1,3 pesos a los acreedores de deuda, las prioridades no cambian.

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Tampoco es dar respuesta a las necesidades sociales más urgentes, en un año hay más de 3 millones de nuevos pobres en el país, el total asciende a 19 millones de personas. De ellas el 10,5 % pasan hambre. Sin embargo, días atrás Fernández sostuvo que no hay vuelta del IFE porque la “actividad económica está a pleno”. Las medidas anunciadas implican mayor poder de policía para contener una situación social cada vez más delicada. Garantizan el funcionamiento de las fábricas, para resguardar las ganancias empresarias, a pesar de los altos niveles de contagios. A diferencia de lo que dice el presidente, en la línea de producción es imposible mantener el distanciamiento social: Toyota tuvo que suspender un turno entero por los contagios, algo similar sucede en Volkswagen.

En pleno año electoral, el Gobierno no esta dispuesto a aumentar las partidas sociales o en salud, porque va a contramano de las recomendaciones del Fondo. Sin embargo, la ola de contagios puede devenir en tsumani y desbordar en días el sistema de salud. Desde la izquierda se plantean una serie de medidas de emergencia para enfrentar esta crisis sanitaria, social y económica. Como la centralización del sistema de salud, declarar los laboratorios de Hugo Sigman de utilidad pública para garantizar la provisión de vacunas a toda la sociedad. Aumento del presupuesto en salud, IFE de $40.000 y un salario mínimo (para activos y pasivos) de $50.000 ajustado por inflación. Extensión de la prohibición de desalojos, y congelamiento de alquileres. No al pago de la deuda externa.

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