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Red Internacional

Pandemia. Nueva ola de covid-19: la respuesta del Gobierno y las medidas necesarias frente a los contagios

Este martes se confirmaron 81.210 nuevos contagios, el número más alto de casos desde que inició la pandemia. Al mismo tiempo se ven largas colas se registran en los hospitales para acceder a un hisopado. Mientras transcurre una nueva ola de covid-19, el Gobierno decidió ajustar en Salud. Necesitamos medidas urgentes para enfrentar la pandemia.

Laura CanoMédica Hospital Cestino| Miembro de CDP CICOP Lista 5

Pamela GalinaResidente de Pediatría - Miembro del CDP de Cicop - Corriente de Izquierda por la Salud Pública - Lista 5

Martes 4 de enero | 17:30

Cuando en el mundo se superan los 280 millones de casos desde que comenzó la pandemia, en nuestro país entramos de lleno en la tercera ola, que algunos especialistas identifican como cuarta, contabilizando la de inicio de año. A toda velocidad, con niveles de contagiosidad acelerados y tensionando la capacidad instalada para testeos, los casos en el país crecieron un 200% en las últimas dos semanas. Este martes se alcanzó el récord absoluto de casos desde que se inició la pandemia, con 81.210 nuevos contagios confirmados.

Las jurisdicciones que más casos reportaron en promedio durante los últimos 7 días son la Provincia de Buenos Aires, Córdoba (donde se identificó circulación comunitaria de la variante ómicron), Ciudad de Buenos Aires, Tucumán y Santa Fe. Sin embargo, los casos vienen creciendo en todas las provincias. Frente a esto el Gobierno anunció cambios en la política de aislamientos y en la definición de casos sin necesidad de hisopados.

Las largas colas en centros de testeos son una de las postales recurrentes en los últimos días. Miles de personas con algún síntoma, o que tuvieron contacto estrecho con algún caso positivo de Covid19, quieren saber si son también portadoras de la enfermedad. Las fechas contribuyen a la incertidumbre. Durante las fiestas -Navidad y Año Nuevo- fue masiva la afluencia a los centros de testeo. Eso resulta lógico: millones de familias tenían previsto reunirse, y en ellas hay personas con factores de riesgo, adultos mayores, que aún vacunados, tienen mayores probabilidades de cursar la enfermedad con graves complicaciones.

“Quiero saber si estoy contagiada, porque en mi laburo dieron 3 positivos, no nos dejaron aislarnos a tiempo y ahora tengo miedo de contagiar a mis abuelos, con quienes voy a pasar fin de año”, decía una joven trabajadora gastronómica, en una de las tantas filas de hisopados en un centro de salud platense hace poco más de una semana.

Otros destacaban que, sin un resultado certero no podían volver a su trabajo, y el aislamiento les implicaba poner en riesgo sus puestos de trabajo, o el cobro de los días, ya que (como el 40% de la clase trabajadora) se labura sin derechos, ni convenio.

Hay una lógica que ha regido durante toda la pandemia: la ausencia de un plan integral para enfrentarla, poniendo todos los recursos disponibles en manos del Estado y bajo control de los propios trabajadores y trabajadoras de la salud, centralizando así el sistema público y privado, algo que no sucedió ya que el Gobierno se negó a tocar los intereses de las grandes clínicas, prepagas y laboratorios, y que con cada ola se muestra más necesario.

Una serie de medidas frente al aumento exponencial de los casos

Investigación independiente para valorar las medidas más eficaces. Tomar medidas implica en primer lugar conocer las cepas y sus comportamientos, con una seria investigación local. Para ello es imprescindible poner en pie comisiones independientes integradas por profesionales idóneos y miembros de las organizaciones de trabajadores y populares, que controlen toda la información que maneje el Estado sin ningún tipo de censura, que permita tomar las mejores medidas. Una demanda vigente a casi dos años de la pandemia.

Más puestos de testeos. La respuesta que debería instrumentarse en lo inmediato es la ampliación de los dispositivos de testeo, con más puestos sanitarios en todos los barrios, con todo el equipamiento adecuado. Junto al nombramiento de más personal y que sea contratado en blanco y con todos los derechos laborales, contrario a la precarización que primó durante toda la emergencia sanitaria, para que éste nuevo aumento de la demanda en salud, no recaiga nuevamente sobre un personal que está agotado, mal pago y sigue siendo escaso.

Además de los testeos, en cantidades suficientes para identificar (y minimizar) las rutas de contagio, se deben realizar aislamientos con criterio epidemiológico, evitando la propagación del virus, esto debería estar hoy sobre la mesa como tema prioritario. Empezando necesariamente por la estatización, con control de los trabajadores, de los laboratorios que, con financiamiento estatal, desarrollaron test tanto moleculares, como de detección del desarrollo de anticuerpos, para poder aumentar la capacidad de testeo y terminar con el lucro privado, que viene ganando millones a costa de la salud de las mayorías populares.

Que se respete el derecho a la salud

En segundo lugar, hay un debate sobre la cantidad de días de aislamiento, tanto para las personas positivas, como para sus contactos estrechos, dependiendo del nivel de vacunación alcanzado. El Gobierno nacional anunció la reducción de los días de aislamiento, apoyados en los estudios que demostrarían que las nuevas variantes tendrían un comportamiento más leve, casi sin requerimientos de asistencia, para las personas con esquema de vacunación completo y un alto grado de contagiosidad. Efectivamente, la tendencia general del comportamiento del virus en nuestro país las últimas semanas, acompaña esta hipótesis. Sin embargo, vale preguntarse si detrás de estos anuncios no operan las fuertes presiones de las grandes patronales, para evitar “pérdida” de días laborales.

Aproximadamente un 40% de la clase trabajadora de nuestro país realiza su labor en condiciones de precarización extrema, es decir, sin derechos laborales como aportes jubilatorios, obra social, vacaciones pagas, expuestos a riesgos del trabajo, sin estabilidad laboral, con contratos a término y/o con bajos ingresos. Además de los cuentapropistas, changarines, trabajadoras de casas particulares y un largo etc. que describe la informalidad de trabajadores y trabajadoras en nuestro país.

La presión de la patronales por no respetar el necesario cuidado en la salud de los trabajadores, negando en muchos casos los días de aislamiento para quienes son contacto estrecho y hasta incluso presionando para una vuelta anticipada a las tareas de quienes contrajeron el virus, ha sido moneda corriente durante toda la pandemia. Por eso es importante exigir el cumplimiento del aislamiento, como un derecho de cada trabajador, sin descuentos salariales, sanciones, ni pérdida de puestos de trabajo.

Junto con esto, la puesta en pie de comisiones de seguridad e higiene, votadas por la base con plenos poderes de hacer cumplir los protocolos de seguridad, que garanticen el cuidado de los trabajadores dentro de los lugares de trabajo y el cumplimiento adecuado de todas las medidas de cuidados y provisión de insumos.

Por otra parte, independientemente de que esta tercera ola se manifieste con menores tasas de morbimortalidad y que podamos presuponer, aun aceleradamente, que empieza a comportarse como una endemia, lo cierto es que las personas positivas, sospechosas, o contactos estrechos, son sujetos que requieren atención, contención, seguimiento. Que presentan ansiedad, miedo, angustia y no necesariamente entienden de papers. El abordaje integral de estas situaciones amerita sin lugar a dudas, estrategias complejas, interdisciplinarias, que pongan en el centro la salud y el bienestar de las y los pacientes y sus familias.

Vacunas

La emergencia de nuevas variantes, tiene su explicación en los bajos niveles de vacunación de muchísimos países que, por la política de patentes de los grandes laboratorios, se ven impedidos del acceso a las mismas.

En la Argentina, el 71% de la población general tiene el esquema completo de vacunas. El 84% tiene una dosis, y el 10% ya recibió una tercera dosis como adicional o como refuerzo. Sin embargo, éste dato apenas alcanza el 8% para el continente africano.

La vacunación es hasta ahora, la medida más eficaz desarrollada frente a la emergencia de la pandemia desatada en 2020 por el virus SARS COV 2. La guerra de las farmacéuticas por su comercialización y distribución, bajo la mercantil política de patentes, ha dejado a las claras que, si bien se trata de un bien social, de vital importancia para la humanidad, toma un carácter puramente lucrativo en manos de los laboratorios y multinacionales farmacéuticas, que son sostenidos por los principales Estados capitalistas.

Un conjunto de países y organizaciones han reclamado el fin de las patentes para las vacunas contra el COVID19, como única manera de terminar con la desigualdad existente entre países y regiones.

Como han sostenido los principales referentes del Frente de Izquierda en nuestro país, la liberación de patentes y la transferencia de tecnología para su producción a gran escala por todos los estados, es lo único que permitiría mitigar la situación, limitando la aparición de nuevas variantes, que, como la ómicron, en cuestión de semanas recorren el mundo.

Hay que poner a la salud como un derecho humano básico y universal, contra el lucro de un puñado de monopolios.

Presupuesto sin covid: ajuste en Salud

Frente a esta situación el Gobierno ha decidido ajustar en salud. En el marco de un plan más general, siguiendo la ruta trazada por el FMI, para seguir pagando la fraudulenta deuda a los especuladores, el proyecto de Presupuesto 2022 tenía un recorte en términos reales de 20,8 % (considerando válido la proyección de inflación del 33 % del presupuesto). Idéntico comportamiento sumió el Gobernador Kicillof para el presupuesto de la Provincia de Buenos Aires, eliminando las partidas extraordinarias por Covid, como si la pandemia no existiera más, lo que redunda en un ajuste en Salud del 7%.

Un doble discurso de patas cortas, no se puede sostener que la salud es una prioridad con una mano, mientras que con la otra se quitan fondos para atender la emergencia sanitaria, generada por una pandemia que, aún está lejos de detenerse.




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