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Red Internacional

¿Qué negocios esconde la escalada represiva contra el pueblo mapuche? Del “informe RAM” de Bullrich para justificar los crímenes de Maldonado y Nahuel a esta campaña “antiterrorista” de la Gobernación rionegrina, grandes medios y peronistas como Pichetto y Berni. Atentados nunca esclarecidos, acusaciones infundadas y la defensa a sangre y fuego del interés supremo de terratenientes y empresarios.

Rosa D'Alesio@rosaquiara

Daniel Satur@saturnetroc

Sábado 23 de octubre | 20:04
Foto @celestevientos | Movimiento de Mujeres Indígenas
  •   Gobernadora, ¿tienen ustedes idea de cuántas personas son las que conforman este grupo, cuál es su conducción, qué tipos de armas tienen?
  •  Sí, tenemos alguna información, ehhhh, a partir de de la sucesión de hechos y la investigación que hace la Policía de Río Negro, pero creemos que esto amerita una investigación con el servicio de inteligencia federal (...) Son pocas personas…
  •   Y si son pocas personas, ¿por qué no las han detenido?
  •  Porque además de la investigación hacen falta pruebas en cada caso
  •   Pero ustedes suponen que saben quiénes son
  •  Hay muchas personas que, recurrentemente, aparecen en la investigación vinculadas a los hechos.
  •   ¿Y eso no da elementos de inteligencia como para poder prevenir nuevos hechos?
  •  Relativamente, relativamente…

    Quien pregunta es el periodista Ernesto Tenembaum. Quien responde es la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras. El intercambio se dio el jueves a la mañana en Radio Con Vos. La comunidad mapuche vuelve a ocupar las primeras planas de los medios de comunicación a raíz de una sucesión de hechos violentos ocurridos en El Bolsón que desataron una fuerte polémica entre la funcionaria de Juntos por Río Negro y el Presidente Alberto Fernández respecto a competencias jurisdiccionales para reprimir.

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    Ante todo hay que decir que gran parte de quienes hablan del tema no mencionan que los pueblos originarios todavía esperan que los inquilinos de turno de la Casa Rosada cumplan con la ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena aprobada en el 2006. Desde entonces las comunidades esperan que se cumpla con el relevamiento para el otorgamiento de los títulos correspondientes. La ley prohíbe los desalojos hasta que se complete el relevamiento.

    Sin embargo, no sólo ningún gobierno desde 2006 hasta hoy cumplió con la ley, sino que además las comunidades indígenas sufren el hostigamiento permanente y los desalojos de sus tierras mientras se pisotean sus derechos ancestrales.

    Foto @celestevientos | Movimiento de Mujeres Indígenas
    Foto @celestevientos | Movimiento de Mujeres Indígenas

    “Consenso” con los mapuche afuera

    El 28 de agosto de este año, en Río Negro, después de que la gobernadora Carreras realizara el “Foro Consenso Bariloche” -donde debatieron sobre la posesión de tierras entre la élite empresarial y terrateniente de la Patagonia-, en una comunidad que se encuentra en la costa del Río Colorado -quienes están a la espera del relevamiento que indica la ley 26.160 y en conflicto con una empresa petrolera lindante-, fue atropellado el lonko Alberto Núñez, quien iba en moto con un compañero y luego los golpearon a la vez que los amenazaban para que abandonen el territorio.

    El Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro señaló en ese momento: “Nos quieren hacer ver como victimarios, pero somos los que siempre recibimos la violencia. Este es el resultado del Foro Consenso Bariloche, solo violencia”. Desde entonces se declararon en alerta y reafirmaron su defensa del territorio.

    Ese grave hecho no fue tapa de las principales empresas periodísticas, tampoco tuvo repercusión nacional. Menos aún los hostigamientos que continuó sufriendo la comunidad en la provincia gobernada por Carreras, hoy alineada con la oposición de derecha hegemonizada por Juntos.

    Vale decir que de aquel “Foro Consenso Bariloche” participaron grandes empresarios del turismo, el comercio y la industria, políticos patronales y demás exponentes del poder de la región, pero quedaron excluidas prácticamente todas las expresiones de las comunidades originarias.

    En la última semana, los mismos medios que venían haciendo silencio de los hostigamientos contra la comunidad mapuche comenzaron una campaña contra ellos a raíz de distintos incendios en Bariloche y El Bolsón. Varios de los grandes medios locales y nacionales replican a viva voz las acusaciones de la gobernadora, quien, sin ninguna prueba conocida, adjudicó los hechos a un pequeño grupo radicalizado y “terrorista”.

    En la entrevista citada arriba con Ernesto Tenembaum, ante la insistencia del periodista sobre cómo podía entenderse que si se trata de un grupo reducido, el gobierno no pudiera identificarlo, la gobernadora no supo qué explicar. Enredada en supuestas hipótesis, continuó sosteniendo que los incendios fueron provocados por “la organización Resistencia Ancestral Mapuche”, la ya famosa aunque inasible RAM.

    Los “atentados” en El Bolsón fueron directamente ligados por la alta sociedad rionegrina con el conflicto que atraviesa actualmente el Lof Quemquemtrew, comunidad mapuche que busca recuperar el territorio de Cuesta del Ternero, al este de El Bolsón y a 25 kilómetros de El Maitén. Es demasiado evidente la resistencia a que se respete ese derecho ancestral por parte de los sectores interesados en los negocios turísticos de esa hermosa zona cordillerana.

    Hoy, acusados de “usurpadores”, los miembros del Lof Quemquemtrew sufren una dura persecución de la alta sociedad de la comarca andina, que con el aporte inestimable del Estado provincial los mantiene aislados, la Policía restringe el ingreso al territorio y ya son muchas las organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales que denuncian la criminalización y acompañan a la comunidad mapuche en su reclamo.

    Disputa sin mucha grieta

    La gobernadora Arabela Carreras, junto a los intendentes de El Bolsón Bruno Pogliano (excontador del magnate Joe Lewis) y de Bariloche Gustavo Genusso, reclamaron al gobierno nacional la asistencia de fuerzas federales y de la Agencia Federal de Inteligencia para controlar la región, insistiendo que se trata de grupos radicalizados.

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    Pronto se hicieron eco de esta campaña dirigentes y funcionarios políticos del Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

    A las declaraciones que venía realizando el Auditor General de la Nación Miguel Ángel Pichetto contra los mapuche respecto a que “hay que volver a establecer el orden y reivindicar a Julio Argentino Roca”, se sumaron otras voces de Juntos por el Cambio.

    Patricia Bullrich viajó este jueves a Río Negro y brindó todo su apoyo a la gobernadora, al tiempo que acusó al Gobierno de “actuar de manera cómplice” con la comunidad mapuche. Esta banal afirmación de la exministra de Seguridad, se debe a que Alberto Fernández cruzó a Carreras por el pedido de más Gendarmes. El Presidente, a través de una carta le respondió que “es la propia Ley 24.059 de Seguridad Interior la que define que las fuerzas federales y provinciales actuarán en conjunto” siempre y cuando “se encuentren empeñados en el restablecimiento de la seguridad interior”.

    La decisión del presidente recibió también las críticas de los principales editorialistas de las empresas periodísticas, así como de funcionarios de ambos lados de “la grieta”. Desde la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña -oriunda de Río Negro-, que dijo por Twitter que “el mismo Presidente que amenazó a la Ciudad con mandar fuerzas federales para evitar la apertura de las escuelas, ahora explica que no es su función dar respuesta al lógico pedido”; hasta Sergio Berni, ministro de Seguridad de Axel Kicillof, quien se refirió a la comunidad mapuche como “terrorista”, contradijo a Alberto y a Aníbal Fernández: “Es obligación del Estado enviar tropas”, dijo en solidaridad con Juntos.

    El ministro Aníbal Fernández, antes de la carta del presidente de la Nación, sostuvo que enviaron las fuerzas federales a Río Negro “como colaboración, no es una obligación”. En los hechos el gobierno aumenta la militarización en la Patagonia. Eso sí, asegura no van “a reprimir porque los resultados los hemos visto con Santiago Maldonado”.

    Hay que prestar atención a esa última frase. Aníbal Fernández sabe que no está enviando gendarmes para que sirvan el té en una sacristía, sino que es para apoyar el plan de criminalización contra los mapuche. Pero prefiere camuflarse en el discurso que despliega desde que asumió, contrario a su propio prontuario, sobre que no tiene “vocación de reprimir”. Es decir que realiza un doble movimiento, de aval velado a la represión y de cuidado discursivo para no cargar con un futuro posible crimen social, que podría tener consecuencias muy graves para un gobierno que acaba de perder las elecciones de las PASO y cuenta con cada vez menos respaldo popular.

    Ni el presidente ni el ministro, en ningún momento se refirieron a la ley 26.160. El silencio se mantiene incluso luego de que durante varios días organizaciones indígenas se concentraron frente al Congreso por sus derechos reclamando la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena que vence en noviembre.

    La Mesa Coordinadora por el 12 de Octubre, a través de un documento que entregó a los legisladores nacionales, sostuvo: “A 529 años de la invasión y el genocidio seguimos vivos, resistiendo y defendiendo nuestros espacios territoriales, por eso nos convocamos por la Prórroga de la Ley 26.160 de Relevamiento Territorial; por una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena; por la Descolonización, y por el Respeto de nuestra Diversidad Cultural”.

    Arabela Carreras y Alberto Fernández | Foto LM Neuquén
    Arabela Carreras y Alberto Fernández | Foto LM Neuquén

    La creación de un enemigo interno al servicio de negocios millonarios

    Son cientos de comunidades las que no fueron relevadas, mientras empresarios junto a funcionarios hacen todo lo posible para no otorgar una nueva prórroga y, de este modo, buscan que caiga la ley. El objetivo: poner todos los recursos del Estado -nacional y provinciales- al servicio de los intereses inmobiliarios, de las empresas turísticas, de las petroleras y gasíferas y de las extractivistas meganineras -éstas últimas son las causantes del hostigamiento a las comunidades de la línea sur en Río Negro y Chubut-.

    Estos son los verdaderos intereses detrás del hostigamiento permanente que sufren las comunidades en la Patagonia.

    Además, como sostiene Ariel Petruccelli -historiador, docente de la Universidad del Comahue y autor de distintos libros- luego de que la Policía reprimiera a la comunidad Lof Quemquemtrew los primeros días de octubre, “la fiscalía autoriza a una pequeña comitiva de cinco personas a acercarse al Lof para constatar el estado de salud de los peñie (...) ¿Juez de Garantías? ¿Qué garantiza el señor Juez? La respuesta parece clara: garantiza el colonialismo interno, la explotación y los negociados privados”.

    El historiador denunció los incendios provocados en la región. “La política de reemplazar los bosques nativos -talados a mansalva y sin control- por monocultivos de pinos foráneos se ha demostrado desastrosa. Social y ecológicamente es una verdadera calamidad”, afirmó al tiempo que señaló esas tierras fiscales fueron entregadas en concesión a un propietario de apellido Rocco.

    “El asunto es viejo y muy conocido en la zona: empresarios con ‘contactos’ apropiados consiguen concesiones de tierra para plantar pinos (que en muchos casos ni siquiera plantan, aunque la tierra se cubre igual de ellos, que se esparcen sin control). Pasados veinte años reclaman la propiedad por compra a precio fiscal: es decir, a un precio ridículo para los valores de la zona. Con los ‘contactos’ apropiados la venta se realiza. Pero, sin los contactos apropiados, familias que desde hace más de un siglo ocupan tierras ancestralmente mapuche y solo fiscales luego de su apropiación estatal forzada a fines del siglo XIX, nunca consiguen la tenencia ‘legal’ de sus tierras. Para los mapuche y para los pobres ‘los papeles nunca salen’. Para los wigka ricos, sí”, concluye Petruccelli.

    Más allá de los discursos están los hechos. La demanda territorial por parte de la comunidad mapuche recorre tres provincias. Chubut, Río Negro y Neuquén. Los grupos económicos, que buscan quedarse con los recursos naturales de la región Patagónica, cuentan con funcionarios locales y nacionales, pero también del Poder Judicial.

    El Poder Judicial Federal iniciará una investigación por los ataques en El Bolsón y Bariloche. En el marco del artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación, se delegó la instrucción del sumario en la Fiscalía Federal ante el Juzgado Federal. Mientras que dieron lugar al pedido de la gobernadora a que la provincia se presente como querellante a través de la Fiscalía de Estado provincial.

    La denuncia se había presentado esta semana por expresas instrucciones de Carreras y en representación del Estado provincial.

    Patricia Bullrich y su "Informe RAM"
    Patricia Bullrich y su "Informe RAM"

    Violencia es mentir

    El 27 de diciembre de 2017 la entonces ministra de Seguridad nacional Patricia Bullrich presentó junto a los gobiernos de Río Negro, Neuquén y Chubut un informe de 180 páginas titulado “RAM”. En ese momento La Izquierda Diario analizó en detalle el texto, presentado por el gobierno de Cambiemos como un estudio incuestionable que demostraba la existencia de células terroristas mapuche en la Patagonia.

    Como se explicó en detalle en su momento, el informe RAM armado por servicios de inteligencia, policías, funcionarios judiciales y voceros de los terratenientes destilaba racismo contra la población mapuche. Pero además lo hacía manipulando hechos, retorciendo explicaciones y mintiendo descaradamente sobre personas y circunstancias con el objetivo de acomodar la realidad a los objetivos represivos de las clases dominantes.

    En aquel informe se metió en la misma bolsa crímenes relacionados con el narcotráfico, ocupación pacífica de tierras por parte de comunidades originarias desatendidas por el Estado y atentados a edificios sobre los que nunca se pudo comprobar autoría alguna. Y a su vez se identificaba como miembros de la RAM a Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, dos jóvenes víctimas de crímenes de Estado ejecutados durante la gestión de Bullrich por las fuerzas a su mando, sobre los que sí hay identificados responsables materiales y políticos pero que siguen impunes.

    El informe arrancaba con este párrafo: “La Resistencia Ancestral Mapuche, más conocida por su sigla (RAM), dependiente del Movimiento Autónomo del Puel Mapu (MAP) es un movimiento etnonacionalista violento que desde hace ocho años opera en territorio argentino. Su accionar se concentra en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Asimismo se han registrado hechos en otras partes del país. Los activistas de la RAM cometen delitos contra la propiedad, contra la seguridad pública, contra el orden público y contra las personas. Los distintos delitos que comete la RAM responden a un mismo objetivo político, que es promover una lucha insurreccional contra el Estado argentino y la propiedad privada de la tierra”.

    Para demostrar semejante afirmación el Estado no dudó en amalgamar todo tipo de información, desde fechas, hechos y circunstancias hasta nombres y demás datos de personas y organizaciones. Cuatro años después ningún hecho “terrorista” denunciado pudo ser esclarecido. A su vez se sobreseyó o absolvió a miembros de las comunidades originarias en causas que habían sido armadas por funcionarios y policías.

    Sin embargo, el espíritu criminalizador, racista y mentiroso de aquella campaña antimapuche sigue activo. Maldonado y Nahuel están muertos y las causas judiciales por sus crímenes están paralizadas, con ningún aporte real del gobierno de Alberto Fernández para terminar con la impunidad.

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    A su vez Facundo Jones Huala, lonko de una de las comunidades mapuche a las que acusaron de integrar la RAM, sigue preso en Chile, condenado por un crimen no probado y bajo la custodia del gobierno represor y racista de Sebastián Piñera. Mientras, nuevos hechos violentos acontecidos en la Patagonia le siguen siendo adjudicados, sin pruebas ni fundamentos, a comunidades mapuche acusadas de “terroristas”.

    Foto Marcelo Hernández
    Foto Marcelo Hernández

    Cuando la gobernadora Carreras no pudo, no supo o no quiso responderle seriamente a Tenembaum cuando éste le hizo una pregunta certera aunque elemental, no estaba más que poniendo de manifiesto el nivel de impunidad con el que se animan a decir cualquier barrabasada sin temor a pagar ningún costo político. ¿Será porque a ambos lados de la “grieta” se defienden los mismos intereses empresariales y terratenientes?

    Quieren llevar todo a una disputa sobre si aplicar o no la Ley de Seguridad Interior y llamarle o no “terrorismo” a los hechos violentos difundidos cuando en verdad de lo que se trata es de quién quiere realmente cumplir con la ley y atender los reclamos históricos de los pueblos originarios y de quién se ubica, más allá del color político circunstancial, del lado de los intereses reaccionarios de los grandes capitalistas nacionales y multinacionales de la Patagonia.

    Ante la evidencia de los hechos, acá no hay un conflicto entre “el Estado democrático” y “grupos subversivos” -según el término usado por algunos periodistas de LN+ y otros medios- sino una disputa lógica entre los poderosos y su régimen político aliado contra aquellos sectores de las comunidades que deciden reclamar con fuerza por sus derechos reconocidos constitucionalmente pero siempre pisoteados y criminalizados.

    Una muestra de ello es que desde hace años el Estado nacional -gobierne quien gobierne- mantiene una gran dotación de efectivos de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y de Seguridad Aeroportuaria apostados en la comarca andina con las misma “hipótesis de conflicto” abierta desde hace más de una década: la amenaza mapuche. Mucha preocupación por la “seguridad interior” ante inconsistentes amenazas insurreccionales e inacción en la prórroga y en el cumplimiento de la ley de relevamiento territorial.

    Llegados a este punto bien vale preguntarse si, así como se hizo en casos como los de Maldonado y Nahuel, no es el propio Estado el que pone toda la carne al asador para criminalizar y armar causas judiciales contra las comunidades mapuche, lo que incluye una batería de ilegalidades pergeñadas desde las propias entrañas de las instituciones públicas, desde el espionaje clásico a personas y organizaciones hasta -¿por qué no?- “atentados terroristas” nunca esclarecidos pero fáciles de adjudicar a los mapuche.




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