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Red Internacional

El Ministerio de Defensa a cargo de Jorge Taiana, emitió una resolución en la que quita el estado militar a seis genocidas de la Esma. A más de 46 años de la dictadura cívico militar eclesiástica, es inadmisible que la mayoría de los responsables sigan teniendo grado militar y por ende percibiendo todos los derechos y beneficios que eso implica.

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Viernes 5 de agosto | 11:19

Con fecha de ayer, el titular de la cartera de Defensa, emitió una resolución donde determina que los represores Jorge Eduardo Acosta, Miguel Donda, Ricardo Miguel Cavallo, Alberto Eduardo González, Jorge Carlos Radice y Antonio Pernías, todos integrantes al grupo de tareas 3.3 de la Escuela de Mecánica de la Armada, ya no tienen estado militar. Estos genocidas fueron condenados en 2011 a prisión perpetua por los secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones que cometieron en ese centro clandestino.

Recién nueve años después de esa condena, ya que la causa estuvo parada en Casación y la Corte Suprema, el Tribunal Oral Federal N° 5 notificó al Ministerio de Defensa que la sentencia estaba firme y solicitó que se cumpliera con lo ordenado por la "justicia" y diera de baja a los represores. Con fecha de ayer, finalmente la cartera a cargo de Taiana les quitó el estado militar. De acuerdo a lo que establece la ley de Personal Militar, los casos en que los uniformados pierden "estado militar" si son condenados o son declarados en rebeldía.

Lo cierto es que a más de 46 años del golpe, no hay certezas de cuantos son los integrantes de las Fuerzas Armadas que tienen condenas firmes, y por lo tanto ésta es una exigencia para que el Gobierno las de a conocer y actúe en consecuencia. Es inadmisible que la mayoría de los responsables del genocidio de clase perpetrado en nuestro país, sigan teniendo grado militar y por ende percibiendo todos los derechos y beneficios que eso implica.

Estado de las causas de lesa humanidad, responsabilidad del Estado

De acuerdo al informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a diciembre de 2021 y desde el inicio de los juicios en 2006, fueron 1058 los condenados por crímenes de lesa humanidad y 165 los absueltos, datos que surgen de las 273 sentencias dictadas desde entonces en todas las jurisdicciones federales.

En la actualidad son 542 los procesados, 142 con falta de mérito y 573 los imputados sin que hayan sido siquiera convocados a prestar declaración indagatoria. Hay 34 que ya fueron indagados y sobre los que debe resolverse su situación procesal y mientras que otros 96 fueron sobreseídos. A su vez, hay actualmente 22 prófugos y desde que comenzaron los juicios 964 investigados por crímenes de lesa humanidad murieron impunes.

Actualmente hay 764 detenidos, mientras que 1532 están en libertad. La mayoría de los genocidas que gracias a la lucha se logró que sean condenados, goza en este momento de "arresto" domiciliario, 579 en total y tan sólo 118 permanecen en establecimientos penitenciarios. A su vez, otros 67 están alojados en otras dependencias que lejos están de llamarse cárceles, como la Unidad N°34 que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo y que por sus características y el rol del Ejército en su administración, no es considerado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad como una unidad penitenciaria.

La Esma es uno de los 500 centros clandestinos que se estima existieron durante la dictadura. Después de 16 años de comenzados los juicios y con esta cantidad de condenados, serían apenas más de dos genocidas los condenados por centro clandestino. Los reclamos de sobrevivientes, querellantes y organismos de derechos humanos son urgentes. Para que el paso del tiempo garantizado por el Poder Judicial y todos los gobiernos no les siga garantizando la impunidad a los represores, es elemental que se unifiquen las causas por circuito represivo y que se juzgue a todos los genocidas por todas las compañeras y todos los compañeros detenidos desaparecidos.

A su vez, la apertura de los archivos, la entrega de las nóminas de todos los que fueron parte del engranaje genocida para poder avanzar con los juicios y lograr el juicio y castigo en cárcel común es un derecho elemental para las víctimas, familiares y para las nuevas generaciones y es fundamental para conocer el destino de los cerca de 400 nietos y nietas que todavía falta encontrar.




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