Política

GATILLO FÁCIL

Seis de cada diez personas opinan que el protocolo de Bullrich provocará “excesos”

Una encuesta de las consultoras D'Alessio Irol y Berensztein, con votantes mayoritarios de Cambiemos, anticipa los efectos del permiso para matar del Ministerio de Seguridad.

Miércoles 19 de diciembre de 2018 | 22:05

Foto: Archivo La Nueva

El nuevo protocolo de “seguridad” sobre el uso de armas de fuego, anunciado a comienzos de mes por el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, despertó rechazos y generó alarma.

La iniciativa busca otorgar a las fuerzas represivas licencia para matar y “meter bala”, como corolario de la doctrina Chocobar.

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Ahora, una encuesta reveló que seis de cada diez personas en Argentina opinan que con el protocolo van a haber “excesos” por parte de las fuerzas represivas del Estado.

Según publicó Perfil, el estudio fue realizado por las consultoras D’Alessio Irol y Berensztein a 1.121 personas mayores de edad. Los resultados arrojaron que un 59 % reconoce que la medida podría habilitar “excesos” por parte de las fuerzas de seguridad.

Vale aclarar que lo que en este estudio se identifica como un “exceso” o como el accionar desencajado de algún agente mal entrenado, en realidad es política de Estado. El reconocimiento y la defensa a ultranza de Chocobar por parte de Macri y Bullrich, así como el encubrimiento y el respaldo absoluto a la Gendarmería en el caso Maldonado, lo dejan claro.

Los encuestados reconocen como la fuente de los posibles excesos a la falta de entrenamiento en las fuerzas represivas. Sin embargo, el principal problema radica en el apañamiento por parte del Gobierno, que busca legitimar y crear consenso para darle cada vez más poder de fuego a las fuerzas represivas.

No es que el Estado “falla” en el entrenamiento para que los policías “procedan correctamente”. En verdad se busca legitimar un clima represivo cada vez más intenso, para que los supuestos defensores de la ley y el orden puedan actuar libremente y matar sin mayores consecuencias.

El objetivo es nada más y nada menos que pertrechar bien a los agentes con el pretexto de la llamada “inseguridad”, para tener el camino allanado y poder reprimir cualquier protesta o manifestación de descontento ante el deterioro de las condiciones de vida de millones.

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Del total de los consultados por la encuesta, un 59 % dijo estar a favor de la medida. De ese porcentaje que ve con buenos ojos la iniciativa de Bullrich, el 91 % son votantes de Cambiemos. De este dato se infiere que el universo indagado por el relevamiento está compuesto en su mayoría por votantes del oficialismo.

Ante la profundización de la crisis económica y el crecimiento del descontento general (incluso en su propio núcleo de votantes) el cálculo de Cambiemos fue muy evidente: si no hay buenas noticias en el plano económico, la demagogia punitiva y de mano dura marcha con fritas.

Sin embargo, la mayoría de las personas consultadas reconoce que el principal problema que debería atender el Gobierno es la economía y no la “inseguridad”. Según el analista Berensztein, ocho de cada diez personas encuestados piensa que la economía debería ser la prioridad.

El intento de legalizar esta doctrina para apañar a asesinos por la espalda, tuvo un revés judicial ni bien fue anunciado. Un juez interpuso una medida cautelar para que las fuerzas federales no puedan aplicar el protocolo de Bullrich en la Ciudad de Buenos Aires.

La resolución judicial dio lugar al pedido de nulidad de esta medida presentando por la diputada Myriam Bregman, Carla Lacorte -víctima de gatillo fácil-, María del Carmen Verdú, Nora Cortiñas, Nicolás del Caño y decenas de personalidades de organismos de derechos humanos y sociales.







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