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Red Internacional

Una grave denuncia puso al descubierto el abandono en el que se encuentra el Pozo de Vargas, con la investigación paralizada por la falta de fondos y de una política estatal que permita el esclarecimiento y la búsqueda de justicia.

Maia HirschAbogada del CeProDH Tucumán

David DanCeProDH Tucumán

Martes 25 de enero | 19:55

A pesar de que los resultados del trabajo del Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT) no dejan de brindar nuevos hallazgos e identificaciones, entre los días 18 y 19 de enero elDiarioAR hizo pública la denuncia realizada por los peritos que forman parte de CAMIT de la enorme deuda que el Estado mantiene con ellos por los trabajos realizados en el Pozo de Vargas durante 2020 y 2021. Si bien no es la primera vez que ocurre un atraso en el pago, hasta el momento no había sido de tanta magnitud según expresaron los arqueólogos que realizan las investigaciones en el lugar que funcionó como una fosa común durante la última dictadura. La situación implicó que durante los últimos años varios de los profesionales abandonasen la investigación en búsqueda de actividades laborales que les permitieran sustentarse.

A fines de 2021, el equipo de peritos logró identificar los restos de Ana María Rodríguez Belmonte, sumando 116 identificaciones desde que se iniciaron los trabajos conjuntos entre CAMIT y el Equipo Argentino de Antropología Forense. Las tareas en el predio comenzaron en abril de 2002, y en el 2004 se obtuvieron los primeros resultados de hallazgos de pequeños fragmentos de restos óseos humanos que permitieron la identificación de detenidos desaparecidos.

La rosca judicial por encima de las investigaciones en causas de lesa humanidad

A los peritos para cobrar se les exige ser monotributistas pero el pago desde hace años es irregular y a cuentagotas, esperando un tiempo indefinido entre partidas presupuestarias. La última vez que les pagaron fue en noviembre de 2020, una suma correspondiente a los últimos meses de 2019.

Los peritos deben aguardar a que el Juzgado Federal N°2, a cargo del Juez Fernando Poviña, que lleva adelante la investigación, eleve un informe al Consejo de la Magistratura para que luego el Consejo libere los fondos. Esa proyección tiene un tiempo límite para ser presentada, pese a ello el Juzgado viene actuando con sumo atraso, así como el Consejo de la Magistratura reconoció el atraso para liberar los fondos, demorando los pagos de los arqueólogos. Se trata de una responsabilidad compartida e incumplida por ambos organismos, que con obstáculos burocráticos condicionan la investigación en la causa de lesa humanidad.

A este panorama crítico hay que adicionar que los trabajos en el pozo están paralizados por la rotura de una bomba que impide que se desagoten los últimos metros, donde los peritos esperan hallar restos óseos, proyectiles y objetos personales.

Lo que no cambió en años de kirchnerismo y demagogia con los derechos humanos son los presupuestos para los juicios de lesa humanidad, que en el caso del Pozo de Vargas incluyen la paralización de las investigaciones que permitirían identificar nuevos restos de detenidos desaparecidos. Una exigencia que debemos sumar a la apertura total de los archivos de inteligencia de la dictadura que permita restituir la identidad de los cerca de 400 jóvenes que fueron apropiados sin recuperar su identidad ni que sus apropiadores hayan sido condenados, así como avanzar en el juicio y castigo a todos los responsables del genocidio.




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